“Argentina: ¡Son 30.000! A 41 años del golpe”
“El
mismo plan económico, la misma lucha. Paremos la miseria planificada”, es una
de las consignas de la movilización, que será también respuesta a las voces
negacionistas y al retiro del Estado de las políticas de Memoria, Verdad y
Justicia
En Portal ALBA –public. 24/3/17
Detrás de la bandera
de los desaparecidos en manos de integrantes de organismos de derechos humanos,
avanzará hoy por avenida de Mayo, en primera línea, el Comité por la Libertad
de Milagro Sala. Esa será una de las consigna centrales de la marcha de este 41
aniversario del último golpe de Estado. Lo seguirán las columnas sindicales, el
movimiento obrero con protagonismo de las juventudes de la CGT, que también
tuvo un lugar central el año pasado, tras las primeras olas de despidos del
gobierno de Mauricio Macri. “El mismo plan económico, la misma lucha. Paremos
la miseria planificada”, es la consigna principal de las Madres de Plaza de
Mayo línea fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y
Detenidos por Razones Políticas e HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia
contra el Olvido y el Silencio).
Se
trata de un reclamo contra la reimplantación de un modelo de exclusión que
perciben como continuador del impuesto por José Alfredo Martínez de Hoz y, a la
vez, un homenaje al escritor y periodista Rodolfo Walsh, de cuyo secuestro se
cumplen mañana 40 años.
Otro de los mensajes importantes de la jornada es la
reivindicación de los 30 mil desaparecidos y la reafirmación de que aquí se
cometió un genocidio. Es la respuesta a la avanzada que quiere destruir los
consensos sociales acerca de lo que significó el terrorismo de Estado, en un
contexto de retiro del Estado del proceso de Memoria, Verdad y Justicia y
cuando el país vuelve a ser convocado por los organismos internacionales
defensores de los derechos humanos no ya como modelo, sino para rendir cuentas
de detenidos políticos y de la criminalización de líderes sociales y gremiales.
A
un año y tres meses del gobierno de Cambiemos, las convocatorias de este 24 de
marzo (Madres, Abuelas, Familiares e HIJOS convocan a las 14 a Plaza de Mayo y organizaciones de izquierda y
el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a las 15 a Congreso) aparecen como
respuesta a las políticas públicas del gobierno en el amplio campo de
vulneración de derechos. También como un escenario que se afilia a las enormes
movilizaciones de los últimos meses, pero que muestra una dinámica propia del
movimiento de derechos humanos. Para algunos, hay un proceso que está instalado
en la sociedad, que tiene muchos años, está consolidado y por eso no tiene
marcha atrás. Pero también hay un movimiento que sale a la calle para sostener
lo que hasta ahora parecía etapa superada pero ahora peligra: la
institucionalización del proceso de justicia y las políticas públicas del
Estado en esa área.
“Hay
una sensación de vuelta a los primeros tiempos”, dice Jorge Auat, titular de la
Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. “Cuando los organismos de
derechos humanos vuelven a necesitar la calle para instalar un reclamo que
parecía cerrado aparece una bisagra que habla de que cómo esto salió de la
agenda del gobierno”.
Ese
diálogo entre el retraimiento del Estado y la calle, también en el campo de los
derechos humanos, es una marca del presente. Pablo Llonto, del colectivo de
abogados de lesa humanidad Mario Bosch, explica que allí hay un punto
esperanzador. “Quieren joder, pero no pueden. Los juicios siguen. Las
investigaciones siguen, hay más genocidas denunciados, pistas para buscar
desaparecidos y nietos. Es cierto que a todo esto quieren ponerle un pie
encima, pero los intentos de quienes prueban distintas herramientas para frenar
a los juicios, fracasan. Ya sea que se llame resistencia o por el mantenimiento
firme de las familias, de los querellantes, de los periodistas, como aquella
reacción de los trabajadores del diario La Nación cuando repudiaron el
editorial que exigía el fin de los juicios. Las plazas, las marchas, las
baldosas y las marcas que siguen haciéndose. Eso lo van a querer frenar, pero
evidentemente no han podido”.
Episodios
como la marcha atrás del Gobierno con el DNU que trasformaba el 24 de marzo en
un feriado turístico parecen mostrar que hay ciertos grandes pisos de consensos
que son aún más grandes de lo que se perciben. En eso piensa Gastón Chillier,
director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuando menciona la
rebelión de intendentes, gobernadores y hasta de voces dentro de la propia
alianza de gobierno. “En ese episodio se vio que hay muchos anticuerpos que
generó el movimiento de derechos humanos, pero también toda la sociedad - dice–
Hay pisos muy altos y consolidados de consenso de la sociedad argentina, pero
también hay un reconocimiento de la comunidad internacional sobre Argentina por
este proceso. Eso quedó muy claro para el propio gobierno el año pasado con la
visita de Barack Obama cuando Macri tuvo que salir a las corridas a organizar
una reunión con los organismos. La clase política también es consciente de eso”.
Para
atrás
Si
una de los datos centrales del ciclo que concluyó en diciembre de 2015 fue el
de un alineamiento de los tres poderes del Estado en el impulso de las
políticas de Memoria, Verdad y Justicia, lo que siguió es un franco retroceso.
Las políticas públicas en esa línea salieron de la agenda, o en el mejor de los
casos permanecen en estado marginal.
Entre
diciembre 2015 y marzo de 2016, el Ejecutivo desmanteló el área de derechos
humanos del Banco Central encargada de investigar el sistema financiero de la
dictadura; las tres divisiones de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del
Ministerio de Seguridad: coordinación de huellas, el Grupo Especial de
asistencia para casos de apropiación de niños y luego el área de asistencia a
la Justicia en la investigación de documentos de Prefectura, Gendarmería y
Policía, con aportes centrales en las causas judiciales como “vuelos de la
muerte”. Los Equipos Especiales de Archivos de las Fuerzas Armadas del
Ministerio de Defensa –con 10 de los 13 trabajadores originales– no se
desarmaron pero no pudieron desclasificar un sólo fondo documental en 2016, no
pudieron actualizar la página de archivos abiertos, no realizaron publicaciones
ni difusión y no contaron con insumos mínimos para la digitalización de
archivos. Los contratos de varios trabajadores vencen el 31 de marzo y aún no
saben si continuarán. El desmantelamiento de las áreas de investigación tuvo
correlatos. El expediente por la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a
Patrimonio Histórico de la Humanidad de la Unesco estuvo en un cajón detenido
entre febrero y octubre. El Ejecutivo no entregó partidas para la preservación
del edificio ordenada por la justicia, dado que es prueba judicial. En el
espacio de los juicios, la secretaría de Derechos Humanos mantuvo sus querellas
en distintas causas, pero se retiró de algunos expedientes emblemáticos:
impulsora de la causa Papel Prensa, dispuso no apelar la decisión del juez
Julián Ercolini que sobreseyó a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y,
entre otros, Bartolomé Mitre. Las primeras líneas del gobierno alentaron los
arrestos domiciliarios de represores que estaban detenidos en cárceles comunes.
Se derogó el decreto que prohibió la atención de represores en los hospitales
militares y volvió a habilitar la Unidad 34 de Campo de Mayo, ubicada en un
predio del Ejército, considerado parte del sistema de cárceles especiales que
años atrás provocaron la fuga de detenidos. El programa de protección de
testigos quedó a cargo de un subteniente de Caballería del Ejército. Y hubo
encuentros no difundidos de funcionarios con las asociaciones que piden
impunidad para los represores.
También
es cierto que a pedido de los organismos de derechos humanos el gobierno obtuvo
el acceso a parte de los archivos de inteligencia de Estados Unidos cuyo
análisis aún no arroja resultados significativos y archivos de Francia. Que la
Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), creada durante el
gobierno de Carlos Menem a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo, continúa con
su trabajo. Pero uno de los datos de mayor preocupación está en el plano del
discurso. Con un presidente que habla de “guerra sucia” y al que nunca se le
escuchó en público pronunciar la palabra “desaparecidos”. Con un regreso a
conceptos pre Juicio a las Juntas. Con Darío Lopérfido y Juan José Gómez
Centurión, dos funcionarios, como símbolos del intento de impugnar que la
última dictadura planificó y ejecutó un plan sistemático de desaparición de
personas y de apropiación de niños. Como puntas de lanza, junto con algunos
comunicadores, de la tarea de desprestigiar a Madres, Abuelas y Familiares y
otros referentes de organismos de derechos humanos, que son las voces que
representan al país ante el mundo, una constante desde 1983 hasta hoy, más allá
de cualquier gobierno. En esa línea, también se asienta el peso simbólico del
desfile del 9 de Julio con los militares carapintadas. Escenas que suelen
concluir con un funcionario que hace la exégesis del Presidente (o de otro
funcionario) y corrige lo incorregible.
“El
negacionismo es la batalla cultural más importante de los próximos tiempos.
Existe un mecanismo de des-historizar al servicio del presente: aquello aparece
como una exacerbación de la grieta, un problema de intolerancia entre argentinos,
cuando en realidad la dictadura no fue producto de la intolerancia sino una
respuesta impiadosa del imperialismo para detener la avanzada de una lucha por
otro país y otra región”, dice Adriana Taboada, de la Comisión de Familiares de
Zona Norte.
Antídotos
Uno
dato de este año fue el cambio en la dinámica de comunicación entre actores del
proceso de Memoria, Verdad y Justicia. La mesa de organismos de derechos
humanos, con trece organizaciones, comenzó a reunirse el año pasado, primero
mensualmente y luego semanalmente. Diseñaron una red de comunicación de correo
para tener a mano mecanismos de consensos rápidos y respuestas inmediatas ante
las malas noticias. Las y los abogados de las causas de lesa humanidad se
organizaron en 2011 como colectivo, pero en 2016 comenzaron a organizar un modo
de datar los retrocesos y presentaron por primera vez un informe a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para pedir una audiencia “ante el nuevo
escenario político tras la asunción del nuevo gobierno nacional (en el que) se
advierten algunas luces de alarma y preocupación que no pueden dejar de
señalarse y corregirse”. También catorce autoridades de las secretarías de
derechos humanos de distintas provincias generaron con un espacio para
consensuar comunicados en clave de alerta. En ese universo, también puede
pensarse al Comité por la Libertad de Milagro Sala, que nació en marzo de 2016
con un nombre que intentó situarla como detenida política y buscó pensarse como
herramienta de comunicación en el escenario internacional.
“Hay
cuestiones simbólicas, como el desfile del 9 de julio, que al mismo tiempo
reflejan las posiciones de lo que no se ve, que es una política de Estado que
marque el rumbo sobre el proceso de Memoria, Justicia y Memoria. Pero ante esa
falta, hay intersticios. No hay posición única en el Poder Ejecutivo. Y en ese
sentido, el principal activo de estas políticas es el consenso social. Es la
línea sobre la cual la sociedad argentina decidió trazarla y no retroceder”,
asegura Chillier.
Colectivo
Acción Directa Chile -Equipo Internacional
Marzo 24 de 2017
No hay comentarios :
Publicar un comentario