“¿Los nuevos candidatos,
expulsaran los viejos sistemas y corrupción?”
Por Guillermo Saavedra, en Mediapart
–public. 30/11/17
Con un 85% de
chilenos que están contra la presidenta Michel Bachelet, se desarrolla la
elección de la segunda vuelta el mes de diciembre. Además, será una votación
con un alto nivel de abstención, pues ya en la primera vuelta 60% del
electorado no voto. Del 40% de los que votaron, estos se repartieron entre el
nuevo movimiento llamado Frente Amplio, la derecha liberal y el candidato
“independiente”, que es apoyado por los partidos políticos responsables de la
hecatombe actual. El frente amplio es un movimiento que causó una gran sorpresa
a todos los niveles, sobre todo a la prensa que es de derecha, que daba por altamente
ganador al candidato liberal. Puesto que la concertación se encargó de hacer
desaparecer los medios de izquierda, hoy sus herederos cosechan la irresponsabilidad
política.
Ciertos
dirigentes en Chile, aún no han comprendido que ahora no es cuestión de un
diputado o un senador más. El pueblo chileno se divorció de las políticas
populistas y de la corrupción. Todos los partidos políticos son responsables de
la actual situación; todos llevaron a cabo una política altamente liberal en
beneficio del capital.
El
Chile de hoy y sin industrias, como las que había en 1970
A
diferencia de otras economías de Latinoamérica, la economía chilena ha
conseguido mantenerse estable. Sin embargo, tras años de crecimiento sostenido,
Chile sufre una fuerte ralentización económica desde 2015 por la caída del
precio del cobre, considerando que Chile es el primer exportador de cobre del
mundo. En 2016 el crecimiento se redujo al 1,7%, y debido a la caída de la
demanda en los principales mercados emergentes las previsiones de crecimiento
para 2017 son moderadas 2%. No obstante, las perspectivas a medio plazo son más
optimistas y se espera una tasa de crecimiento en torno al 4%. Considerado un
modelo de transparencia política y financiera en América Latina, el país se ha
visto sacudido por escándalos de corrupción relacionados con la financiación
ilegal de las campañas electorales.
El
índice de popularidad de la presidenta Michelle Bachelet
es
extremadamente bajo, menos del 15% en 2017
En
octubre de 2016, la coalición gobernante llamada de centro izquierda sufrió la
primera y fuerte derrota en las elecciones municipales, elemento que pronostico
unas elecciones presidenciales plebiscitarias. La clase política separada de la
realidad del país viviendo en el mundo de opulencia, de suntuosidad, con sus
aliados de la fortuna y del buen gusto. Creyéndose ya pequeños príncipes y
princesas no pudieron ver la decisión del pueblo.
Además
se han producido protestas masivas contra las reformas laborales, educativas y
de las especulaciones con las pensiones (AFP). Michelle Bachelet fue elegida
por su promesa para reformar la constitución y el sistema fiscal. En 2016 la
inflación se redujo ligeramente al 3,9%, pero la caída de los precios del cobre
afectó profundamente al sector minero. Por otro lado, el gobierno está
intentando limitar los gastos, aunque el gasto social es una de sus prioridades
y lo sigue siendo en 2017. El gasto familiar fue muy dinámico en 2016, pero el
déficit público se agravó por la merma de los ingresos mineros. Para 2017 se
esperaba beneficios por la recuperación del precio del cobre, pero disminuyo la
demanda de China, que es o era su su mayor cliente. A pesar de la
desaceleración económica, la tasa de desempleo se redujo ligeramente en 2016
(7.1%). La pobreza sigue afectando a casi el 15% de la población, y las
desigualdades son muy importantes (uno de los índices más elevados en la OCDE).
Los dos principales desafíos de la economía chilena a largo plazo serán la
reducción de las desigualdades salariales y la dependencia del país de las
exportaciones de cobre. Para lograr estos objetivos Chile ha invertido
fuertemente en las energías renovables, y se espera que para 2020 produzcan el
20% de la energía del país.
Considerando
que después de más de 40 años, de la llamada vuelta a la democracia, ni
siquiera se ha logrado superar los logros de los años 1970. Cuando Salvador
Allende tomó el poder, la democracia chilena estaba en mejores condiciones que
hoy en 2017.
La
industrialización en Chile en 1970
Una
de las principales intenciones de la Unidad Popular cuando llegó al gobierno
era nacionalizar los sectores más relevantes de la base industrial del país. A
pesar de que el Estado, a través de la CORFO, era dueño y controlaba la
industria del acero, el petróleo, las refinerías, los ferrocarriles, la Línea
Aérea Nacional, entre otros sectores productivos, a lo que se sumaba el 40% de
la industria de manufacturas, la administración de Allende tenía como objetivo
erradicar todo tipo de monopolio, y para ello definió una estrategia económica
que contaba con tres áreas básicas: el Área Social, compuesto por
empresas de propiedad del Estado, el Área Mixta, empresas donde
el principal accionista era el Estado, y el Área Privada,
compuesto por pequeñas y medianas empresas. En la industria, 144 empresas
concentraban en forma dominante los activos y las ventas en todas las ramas
fundamentales, y los diez mayores accionistas controlaban el 90%, de las 161
sociedades anónimas más importantes, en circunstancias que, a la vez, el 27% de
las sociedades anónimas detentaban el 80% de los activos totales y el 82% de los
capitales y reservas.
El
capital imperialista disponía del 20,3% del capital de las sociedades anónimas
industriales; pero su peso en ellas era considerablemente superior. Mediante
expropiaciones, intervenciones y requisiciones, fueron incorporadas al Área de
Propiedad Social 335 empresas, con ingresos correspondientes al 19,2% del
producto geográfico bruto del país, y cuya producción física alcanzaba al 100%
de los lingotes de acero, el 100% del cemento, el 100% del vidrio plano, el
100% del alambre de cobre, el 100% de los derivados del petróleo y del carbón,
el 100% de los neumáticos, el 2,1% del papel y la celulosa, el 55% del azúcar
refinada, el 100% de la cerveza, el 100% de los hilados de rayón, el 48% de los
tejidos, el 94% de los refrigeradores, el 80% de las cocinas, el 80% de las
estufas y calentadores y el 100% de la energía eléctrica para la industria,
además de la participación estatal preeminente en las empresas mixtas
automotrices y electrónicas. Esto, unido al cobre y a la reforma agraria, daba
una buena base a la nueva economía. Como consecuencia de ello, el Producto
Nacional Bruto se elevó hasta un 8,3%, la producción industrial
¿Podrá
Chile aprovechar algo de esto, ya no a través de la importación de productos,
sino que de su desarrollo?
Para
la derecha política y económica chilena, la palabra industrialización es
sinónimo de “sustitución de importaciones”, de “planificación socialista”, en
el mejor de los casos, de “política sesentera”. Por otro lado, muchos
progresistas señalan a su vez: “Se nos pasó la hora de la industrialización”,
“debiéramos concentrarnos en el desarrollo de servicios como los financieros,
portuarios, logísticos, de infraestructura” desconociendo que la industria,
junto con incorporar conocimiento y valor agregado a las materias primas,
constituye el corazón de las cadenas de valor. Los programas y sistemas
individuales, en los que conocimientos y talentos de chilenos no son ajenos, se
ve frenado en la actualidad por la carencia de un Estado y una
institucionalidad capaces de compartir los riesgos con aquellos que aportan ideas
y que están dispuestos a innovar. Esta alianza, para remontar el riesgo inicial
de lo nuevo, es común a los países que están en el rumbo de la cuarta
revolución industrial. Las actuales capacidades productivas en Chile tienen
pocos usos alternativos, y la generación de una transformación auto sustentada
no es viable. Esta es la razón principal para impulsar una política industrial,
que no es la de sustitución de importaciones (ISI) del pasado, entre otras
razones, porque el sector privado y el mercado son los que dominan hoy la
economía.
Guillermo
Saavedra
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¡La lucha
por los derechos de los pueblos y l@s trabajador@s continúa!
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