43191D
Mostrando entradas con la etiqueta Caso Cascadas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Caso Cascadas. Mostrar todas las entradas

martes, 24 de febrero de 2015

SQM, PENTA, LA DERECHA Y LA NUEVA MAYORIA; ALGO HUELE MUY MAL


“Frente a una descomposición de los partidos políticos que sigue acentuándose, especial pero no únicamente en la derecha, se observa a la ansiedad empresarial por saltarse, en forma cada vez más tosca, todo ámbito institucional para negociar por sí mismo, como si se tratara de un poder político legítimo”
- Carlos Ruiz, Fundación Nodo XXI


La minera no metálica SOQUIMICH (SQM) se hizo famosa en octubre de 2013 por el bullado caso “Cascadas”[1], un delito sobre información privilegiada que beneficiaba a su dueño, Julio Ponce Lerou, a sus hijos y a sus amigotes del capital financiero chilensis. Recordemos que Ponce se hizo de la estatal SOQUIMICH durante la dictadura de su entonces suegro Augusto Pinochet, después montó una madeja de sociedades de papel bajo un esquema de cascada, para traspasar entre ellas acciones de empresas relacionadas cuya variación de precios conocía de antemano. Antes de lo las “Cascadas” Ponce ya había hecho noticia, pues en 2010 se supo que SQM tenía el directorio mejor pagado de todas las empresas chilenas, y Ponce era el director estrella: ganó $1.599 millones sólo en esa empresa ese año.

Ante la debacle, el hombre fragmentó el holding[2], mantuvo la estructura societaria en el extranjero y tanteó la posibilidad de vender su parte a capitales canadienses. Pero lo más significativo de su estrategia de escape de la tenaza de la SVS, con vistas a eximirse de la obligación de elaborar o entregar una serie de antecedentes financieros e incluso mantener dicha información[3], fue cambiar la cadena de control sobre la cascada de SQM pasando de ser un grupo de empresas de sociedades anónimas a uno de sociedades de responsabilidad limitada. Luego que el desplome del valor de los papeles de SQM y la investigación de la Súper de Valores y Seguros (SVS) lo hicieran volver a éste mundo, su fortuna y sus amigos ayudaron a Ponce Lerou a salir adelante. Su ingente riqueza y las redes que supo fabricar entre la derecha y la ex Concertación, llevó al retorcidamente astuto Ponce Lerou a transformarse en mecenas de una variopinta gama de politicastros, lo que le había permitido obtener la tranquilidad necesaria para seguir haciendo lo suyo. Eso, hasta que estalló el escándalo del agiotista y ratero grupo Penta.

El pasado agosto, el Servicio de Impuesto Internos (SII) se encontraba investigando un caso de fraude al FUT[4] por parte de un funcionario suyo (Iván Álvarez) y descubre que están involucrados los dueños del holding Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Los denuncia el 26 de ese mes ante la justicia, específicamente ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, para que se les investigue por la presunta utilización indebida de boletas de honorarios falsas de sus cónyuges para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de la sociedad Inversiones Penta III Limitada. En suma, “por presunto delito tributario en el marco del denominado caso FUT.[5]

El 10 de octubre recién pasado,  a dicha transgresión tributaria se le agrega el delito político-administrativo[6], la “arista política”, al conocerse las declaraciones del ex ejecutivo del Grupo Penta, Hugo Bravo, sobre financiamiento irregular de campañas políticas. Éste canta los nombres de los politicastros comprometidos[7] y también detalla los procedimientos que se seguían al interior del grupo para escoger a los beneficiados y canalizar los pagos.

Siguiendo con la historia de SQM, agreguemos que el 22 de octubre pasado[8] se sabría que dicha empresa, junto con la CMPC, CENCOSUD y METALPART, estaban siendo investigadas en Argentina por evasión tributaria. O sea, Ponce seguía en lo suyo. Pero lo más sabroso se vendría luego, ya a comienzos de enero[9], cuando la prensa relata que el fracadísimo ex candidato UDI a la presidencia Joaquín Lavín habría recibido aportes ilegales de parte de la minera. Eso sería el comienzo de una historia en que SQM[10] y Penta se entrecruzan con otras empresas[11], todas las cuales se encargan de financiar a sus representantes en la arena política. No está demás decir que todas ellas están siendo investigadas por el Fiscal Carlos Gajardo, lo que puso tiritones a varios personajes de la política y la economía.

martes, 20 de enero de 2015

PENTA, WAGNER Y CIA., SQM, CASCADAS Y OTRAS EMPRESAS RATERAS


En estos tiempos de dominio sin contrapeso del capital monopólico sobre lo económico, sobre la existencia social y la vida de cada uno de nosotros, no resulta extraño que ello también se exprese en la dirección del aparataje superestructural. Cuando se trata de mantener la riqueza y las prebendas, a nuestra clase dominante ya no le importa ni esa democracia que dice reverenciar o su misma legalidad y tiene que comprar, así como en la antigua y farisaica república romana, el poder que la represente mejor en la arena de la política.


El pasado 20 de noviembre, María Carolina de la Cerda, cuñada del tristemente célebre Pablo Wagner, reconoció ante funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) que emitió boletas ideológicamente falsas para justificar los pagos que les habían hecho distintas compañías del grupo Penta,[1] el holding del “choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín,  a una sociedad que administraba un ‘kiosko’ de merchandising dentro de la UDD donde ella oficiaba de contadora, y cuyos socios eran Wagner, Ernesto Silva (presi de la UDI y sobrino del “choclo”), Vasco Moulián y William Díaz (ex vicepresidente de ENAMI).[2] El monto, de acuerdo a la querella interpuesta por el SII en contra de Wagner y de la Cerda el pasado 9 de enero,[3] habla de un total oficial de $120 millones en más de 50 boletas. Acerca del cómo se establecía el contacto para que los documentos siguieran su camino contable, de la Cerda reveló: “Yo le enviaba por correo electrónico las boletas a Pablo y desconozco si era él quien enviaba posteriormente las boletas a Penta. Yo solamente recibía la devolución de impuestos en base a las boletas de honorarios, con la cual me quedaba íntegramente. A su pregunta, yo no tenía ningún contacto con nadie de las empresas del grupo Penta, aunque yo sabía que Pablo había trabajado allí”.

Del lado de Penta, la cosa sucedía así: Juan Armijo, el tesorero de las Empresas Penta, reveló que para pagarle a Wagner lo hacía a través del ex director del grupo, Hugo Bravo. “Recuerdo que Hugo Bravo me comenzó a entregar una boleta manual a nombre de María Carolina de la Cerda Íñiguez. Según recuerdo por montos que me parece que comenzaron con 3 millones y luego creo que subieron a 4 millones, que se pagaban mensual o bimensualmente”, dijo Armijo y con sus dichos da a entender que sí les era conocida la sra de la Cerda. Básicamente, dichas platas comenzaron a pagarse cuando Wagner asumió en 2010 como subsecretario de Minería. La tesis del fiscal Carlos Gajardo -por eso busca formalizarlo por cohecho y blanqueo de capitales- es porque detrás de las coimas está el “choclo”, en momentos que se desarrollaba su proyecto minero Dominga.[4] Es por todos estos ilícitos, corrupción, fraude tributario y lavado de dinero, por los que la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona Oriente formalizó el 9 de enero a los dueños del grupo Penta,[5] Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, y al ex subsecretario de Minería de Piñera, Pablo Wagner, específicamente este último por cohecho y lavado de dinero.

Según el ex director de Penta Hugo Bravo, cuando asumió en la secretaría de Estado, Wagner habló personalmente con Délano para pedirle la plata y las boletas las entregaba su cuñada. “El pago -dijo Bravo- no tenía justificación, salvo que fuera para ayudar con el proyecto como subsecretario. De hecho dejó de ser subsecretario y no hubo más dinero que se le pagara a Wagner. Le pregunté a Carlos Eugenio Lavín que hacíamos y si les seguíamos pagando y él me dijo que dejara de pagarle”, insistió Bravo.

Hay que recordar que Wagner también es investigado por falsificación de documento público y cohecho, por el fiscal Centro Norte, José Morales, en el marco de la fallida licitación del litio de 2012. En la oportunidad, la ganó Soquimich (SQM) por US$40,1 millones, pese a que no cumplía con lo requerido por la autoridad. Este hecho derivó en la renuncia de Wagner y la jefa jurídica del Ministerio de Minería, Jimena Bronfman. Esta última será formalizada por falsificación de instrumento público. Respecto de Wagner, aún el fiscal no ha tomado una decisión. Otro sí, corresponde a la querella del SII del 9 de enero y de la cual surgió la orden de citar al representante legal de SQM, como también la entrega de la información contable a la fiscalía.