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viernes, 27 de abril de 2018

ANI: SE VA UN ‘SOCIOLISTO’ Y LLEGA EX DE GENDARMERIA AL QUE SE LE MURIERON QUEMADOS 81 REOS

El nuevo aprendiz de policía-político Masferrer

Las labores de inteligencia sobre el ‘enemigo interno’ han seguido lo mismo desde 1990. De ellas se encargan las ramas castrenses y otro tanto han intentado realizar las diversas instancias que esta democracia de pacotilla ha ideado, desde ‘La Oficina’ hasta la ANI 

Este lunes 16 se supo que -a poco más de un mes de instalado el gobierno patronal- La Moneda decidió llenar uno de los puestos más complejos de la administración por la dificultad de encontrar candidatos capaces para el sapeo a alto nivel: la jefatura de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Para apoltronarse ahí en Tenderini 115, Tatán Piñera designó al abogado Luis Masferrer, quien reemplazará a Gustavo Villalobos, un miembro del Partido exSocialista con mucha historia en dicho servicio.

Masferrer ocupó el puesto de director de Gendarmería desde 2010 hasta 2013, cuando renunció para competir como diputado y le fue mal. Su nombre estaba en una lista de candidatos que manejaban, tanto el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, como el titular de la cartera, Andrés Chadwick. Dicho listado fue dado a conocer en marzo pasado por Radio Bío Bío.

El prohombre derechista, antes de asumir, deberá renunciar a Renovación Nacional, como también a su oficina de abogados, Cisternas & Cortés, donde desarrollaba el ejercicio libre en materias penales.

Y si bien no es un hombre que provenga del área de inteligencia, su paso por el servicio de prisiones –o sea como carcelero- fue considerado, en términos del manejo de información y la reserva necesaria para materias secretas, como un punto a favor. Es decir, la “inteligencia” le alcanza para –al menos- contener a malhechores comunes, que para políticos pues aprenderá en la marcha.

La ANI, continuadora de “La Oficina”

La ANI fue creada por la Ley n.° 19.974 de 2004, estableciéndose sus funciones como centradas en la “inteligencia policial”. Las normas aplicables y el secreto y reserva con los cuales actúa, implican que los nombres y datos de funcionarios y miembros de ella son secretos (lo que queda en entredicho según algunos autores). Su máxima autoridad es el director, cargo –como no- de la exclusiva confianza del presidente de turno.

La agencia, según la normativa vigente hasta hace poco, contaba con casi 150 funcionarios. Es la continuadora legal de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, luctuosamente célebre como La Oficina, creada en 1993.

La ANI integra lo que se conoce como Comunidad de Inteligencia o Sistema de Inteligencia del Estado (SIE). Esta también incluye a la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor Conjunto (DID), dependiente del Ministerio de Defensa; las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, o sea Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Para cotejar lo peligrosamente torpe del accionar de la ANI baste ver lo sucedido a comienzos de junio de 2015, en Concepción, cuando eran absueltos de toda culpa cuatro estudiantes y un profesor universitarios de los cargos de fabricación y porte de bombas molotov, esto por parte del Tribunal Oral penquista. Los jueces desecharon por unanimidad los antecedentes aportados por el fiscal Carlos Palma, entre ellos escuchas telefónicas e incluso imágenes de cámaras de seguridad, en las cuales, supuestamente, los imputados aparecían concertándose para generar desórdenes públicos mediante el uso de bombas molotov durante las manifestaciones estudiantiles del año 2013.

Cooperación Registro Civil-ANI
Las pruebas, se indicó en el veredicto, no lograron convencer al tribunal. Y era que no, si consideramos que aparte de las invitaciones a comer, en algunas de las imágenes se insistía en el uso de determinadas zapatillas para asegurar que algunos de los acusados habían estado en ciertos lugares (¿?), como si ellas fuesen un artículo muy exclusivo.

Los abogados defensores de los cuatro universitarios y del profesor de Antropología de la Universidad de Concepción aplaudieron el veredicto, destacando que no había logrado ser derribada la presunción de inocencia. Esto cobra importancia si atendemos a que los acusados arriesgaban hasta 5 años y un día de cárcel por las elucubraciones del ministerio y la Agencia Nacional de ‘Inteligencia’. De hecho, la investigación del ministerio público se inició con los antecedentes entregados por dicha agencia, comprobándose en el juicio el poco peso que tenían.

En el transcurso de esa atolondrada investigación quedó en claro el hecho que la ANI se encuentra efectuando un ilegal e ilegítimo trabajo operativo. Ello, pues el organismo sucesor de ‘La Oficina’ recabó información a partir de la intercepción de medios electrónicos de comunicación; realizó seguimiento de los acusados y conocidos de estos; en al menos dos ocasiones efectuó un seguimiento demostrativo a sendos imputados; alteró imágenes en que supuestamente aparecían los acusados, etc. 

Antes que la ANI existieron el Consejo de Seguridad Pública (CSP) y la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI)ambos organismos de  inteligencia creados durante el gobierno de Aylwin Azocar. El primero, creado el 23 de octubre de 1991, pasó a ser conocido como “La Oficina”, que tenía a su cargo la misión gubernamental de desarticular los grupos “políticos-subversivos” sobrevivientes a la dictadura cívico-militar y aún operativos, tales como sectores del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo y el Lautaro, los cuales en los primeros años de la seudodemocracia centraron su práctica y accionar político en la lucha armada, expresiones que teóricamente habían quedado obsoletas con el fin de la Dictadura. La DISPI, abril 1993, continuó con el mote de 'La Oficina II'.

A la cabeza de La Oficina se impuso al también sociolisto Marcelo ‘Mamo’ Schilling. Su llegada a la instancia político-represiva no fue casual, sino que el descompuesto PS puso a uno de sus mejores hombres en lo que representaba la cúpula de la inteligencia civil, desafiando amenazas desde la verdadera izquierda. Además, puso a disposición del gobierno su amplio conocimiento en las estrategias y métodos operativos de los grupos revolucionarios y, sin duda, su partido debe haber dado más de una pista clave para la identificación de  los autores de los casos Guzmán y Edwards y, en general, para el desmantelamiento tanto del FPMR-A como del Mapu-Lautaro, tarea que al término del primer gobierno de la fenecida Concertación estaba muy avanzada.

La primera tarea de Schilling y La Oficina fue esparcir el rumor que un grueso contingente de expresos políticos eran informantes del gobierno. De inmediato las organizaciones de la izquierda revolucionaria separaron de sus filas a los “sospechosos”, lo que significó una notable merma  en  sus niveles de operatividad. En una segunda fase, se implementó la llamada “Iniciativa para la Paz”, consistente en reinsertar a combatientes activos a través de apoyo económico, becas de estudio o cursos de capacitación, pero que en el fondo encubría el objetivo de convertirlos en informantes recompensados.

A la par, La Oficina, en cuya plana mayor destacaban, aparte del Mamo Schilling, Mario Fernández y Jorge Burgos (PDC), se coordinó con carabineros e investigaciones para que se implementaran tareas de franca represión. 

El abrasador pasado de Masferrer

Masferrer tiene un más que cuestionable pasado, ya que era él quien fungía como director nacional de Gendarmería cuando, el 8 de diciembre de 2010, un incendio dejó 81 reos muertos en la cárcel de San Miguel.

A comienzos de 2011, la Fiscalía Nacional abrió una investigación en contra de Masferrer por el catastrófico incendio de la mencionada cárcel. El entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, remitió al fiscal regional metropolitano sur la denuncia presentada por la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) en contra de Masferrer, la que fuera presentada el 8 de marzo.

Parte de los 81 de San Miguel
A través de un oficio reservado, dicha instancia derivó al fiscal nacional la denuncia por supuestas irregularidades en desvíos de dineros que estaban destinados para el mejoramiento de las redes de incendio de las cárceles de la Región Metropolitana. Trabajos que de acuerdo a la agrupación de trabajadores jamás se realizaron.

De acuerdo a los antecedentes aportados por Anfup, el 9 de septiembre de 2010, Masferrer firmó conforme los trabajos de mejoramiento de las redes húmedas y secas de los penales de San Miguel, Colina I y II, Puente Alto, Cárcel de Mujeres y Ex Penitenciaría. Según el reclamo, el incendio de la Cárcel de San Miguel del 8 de diciembre probaría que dichas obras jamás se realizaron.

El oficio de Chahuán advertía que, "atendida la gravedad y complejidad de los hechos denunciados se estima conveniente en la dirección de la investigación, el ejercicio de la actividad penal y la protección a las víctimas y testigos que esté a cargo de un fiscal regional", designando para tales efectos al fiscal Alejandro Peña Ceballos, quien también tenía a su cargo la investigación por el incendio que cobró nada menos que 81 vidas ese 8 de diciembre de 2010.

El fiscal nacional advertía en su oficio que Masferrer ocultó a la investigación el decretó que él mismo firmara el 9 de septiembre de 2010, 3 meses antes del fatídico incidente.

De más está decir que el desenlace de la investigación judicial no le significó ningún problema a Masferrer.

El “compañero” Villalobos

El que se va de la dirección de la ANI, el supuestamente “socialista” Gustavo Villalobos, no se anduvo con chicas e intentó durante su largo mandato –de nada menos que 10 años (2004 a 2010 y 2014-2018)- dotar a la agencia de mayor poder material y operativo.

Luego del atentado anarquista a una galería aledaña a la estación del Metro Escuela Militar, a comienzos de septiembre de 2014, el sujeto explicaba que, "tenemos facultades para hacer actividades de inteligencia similares a las que tienen los organismos policiales y militares, pero con una excepción: la ANI no tiene facultades para mantener agentes encubiertos". Agregaba, "Tenemos facultades para el uso de informantes, no para agentes encubiertos. Por lo tanto, nuestra capacidad de búsqueda de información tiene una limitación distinta a la que tienen los otros servicios".

El 'sociolisto' Villalobos
En este sentido, el exdirector sostenía que, "lo que se va a proponer en el proyecto de ley es que la ANI pueda tener agentes encubiertos. En estas materias, los agentes encubiertos, los informantes y el trabajo de búsqueda de información son lo más relevante. Es más relevante que las interceptaciones telefónicas y todo lo demás. Aquí, en inteligencia, lo fundamental, a pesar de todos los avances tecnológicos, son las fuentes humanas". Para Villalobos los agentes encubiertos son meros funcionarios de un servicio; esto es, “un funcionario público, que para obtener información busca incorporarse a las organizaciones o acercarse a las personas sospechosas de formar parte de organizaciones terroristas o que ejercen la violencia política. Para poder operar tiene que tener identificaciones, documentación que lo identifique, distinta a la real. Esto se ocupa mucho en el tema drogas, donde incluso existen otras formas también de intervención".

En todo caso, Villalobos se quejaba que era necesario dotar de institucionalidad al sistema, incluso de legalidad: “porque hoy día lo único que señala la ley es que está constituido por los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y la agencia, y que los jefes de estos servicios se reunirán en un comité de inteligencia y que el sentido es coordinar el trabajo. O sea, muy declarativo. Y añadía que la información de inteligencia, si bien contribuye a la investigación judicial, no es una prueba legal, por lo que "hay que ver la forma en que la información de inteligencia pueda ser utilizada por los fiscales y que tenga algún valor procesal".

No obstante lo dicho por éste ‘sociolisto’ y tal como anotáramos más arriba, existe evidencia del trabajo operativo de los agentes de la ANI. Además, los tribunales no se hacen de rogar a la hora de considerar las pruebas presentadas por esta como válidas.  


¡Ni Olvido Ni Perdón: Verdad, Justicia y Memoria!
¡Sólo la Lucha y la Unidad Nos Harán Libres!


Colectivo Acción Directa CAD –Chile
Abril 27 de 2018

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