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| El nuevo aprendiz de policía-político Masferrer |
Las
labores de inteligencia sobre el ‘enemigo interno’ han seguido lo mismo desde
1990. De ellas se encargan las ramas castrenses y otro tanto han intentado realizar las diversas instancias que esta democracia de pacotilla ha
ideado, desde ‘La Oficina’ hasta la ANI
Este
lunes 16 se supo que -a poco más de un mes de instalado el gobierno patronal- La
Moneda decidió llenar uno de los puestos más complejos de la administración por
la dificultad de encontrar candidatos capaces para el sapeo a alto nivel: la
jefatura de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Para apoltronarse ahí en
Tenderini 115, Tatán Piñera designó al
abogado Luis Masferrer, quien reemplazará a Gustavo Villalobos,
un miembro del Partido exSocialista con mucha historia en dicho servicio.
Masferrer
ocupó el puesto de director de Gendarmería desde 2010 hasta 2013, cuando
renunció para competir como diputado y le fue mal. Su nombre estaba en una
lista de candidatos que manejaban, tanto el subsecretario del Interior, Rodrigo
Ubilla, como el titular de la cartera, Andrés Chadwick. Dicho listado fue dado
a conocer en marzo pasado por Radio Bío Bío.
El
prohombre derechista, antes de asumir, deberá renunciar a Renovación Nacional,
como también a su oficina de abogados, Cisternas & Cortés, donde
desarrollaba el ejercicio libre en materias penales.
Y
si bien no es un hombre que provenga del área de inteligencia, su paso por el
servicio de prisiones –o sea como carcelero- fue considerado, en términos del
manejo de información y la reserva necesaria para materias secretas, como un
punto a favor. Es decir, la “inteligencia” le alcanza para –al menos- contener
a malhechores comunes, que para políticos pues aprenderá en la marcha.
La ANI,
continuadora de “La Oficina”
La
ANI fue creada por la Ley n.° 19.974 de 2004, estableciéndose
sus funciones como centradas en la “inteligencia policial”. Las normas
aplicables y el secreto y reserva con los cuales actúa, implican que los
nombres y datos de funcionarios y miembros de ella son secretos (lo que queda en entredicho según algunos autores). Su máxima autoridad es el
director, cargo –como no- de la exclusiva confianza del presidente de turno.
La
agencia, según la normativa vigente hasta hace poco, contaba con casi 150
funcionarios. Es la continuadora legal de la Dirección de Seguridad Pública e
Informaciones, luctuosamente célebre como La Oficina, creada en 1993.
La
ANI integra lo que se conoce como Comunidad de Inteligencia o Sistema de
Inteligencia del Estado (SIE). Esta también incluye a la Dirección de
Inteligencia de Defensa del Estado Mayor Conjunto (DID), dependiente del
Ministerio de Defensa; las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas,
y las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública, o sea Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones
de Chile (PDI).
Para
cotejar lo peligrosamente torpe del accionar de la ANI baste ver lo sucedido a comienzos de junio de 2015, en Concepción, cuando eran absueltos de toda culpa cuatro
estudiantes y un profesor universitarios de los cargos de fabricación y porte
de bombas molotov, esto por parte del Tribunal Oral penquista. Los jueces desecharon
por unanimidad los antecedentes aportados por el fiscal Carlos Palma, entre
ellos escuchas telefónicas e incluso imágenes de cámaras de seguridad, en las
cuales, supuestamente, los imputados aparecían concertándose para generar
desórdenes públicos mediante el uso de bombas molotov durante las
manifestaciones estudiantiles del año 2013.
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| Cooperación Registro Civil-ANI |
Los
abogados defensores de los cuatro universitarios y del profesor de Antropología
de la Universidad de Concepción aplaudieron el veredicto, destacando que no
había logrado ser derribada la presunción de inocencia. Esto cobra importancia
si atendemos a que los acusados arriesgaban hasta 5 años y un día de cárcel por
las elucubraciones del ministerio y la Agencia Nacional de ‘Inteligencia’. De
hecho, la investigación del ministerio público se inició con los antecedentes
entregados por dicha agencia, comprobándose en el juicio el poco peso que
tenían.
En
el transcurso de esa atolondrada investigación quedó en claro el hecho que la
ANI se encuentra efectuando un ilegal e ilegítimo trabajo operativo. Ello, pues
el organismo sucesor de ‘La Oficina’ recabó información a partir de la
intercepción de medios electrónicos de comunicación; realizó seguimiento de los
acusados y conocidos de estos; en al menos dos ocasiones efectuó un seguimiento
demostrativo a sendos imputados; alteró imágenes en que supuestamente aparecían
los acusados, etc.
A
la cabeza de La Oficina se impuso al también sociolisto Marcelo ‘Mamo’
Schilling. Su llegada a la instancia político-represiva no fue casual, sino que
el descompuesto PS puso a uno de sus mejores hombres en lo que representaba la cúpula
de la inteligencia civil, desafiando amenazas desde la verdadera izquierda. Además,
puso a disposición del gobierno su amplio conocimiento en las estrategias y
métodos operativos de los grupos revolucionarios y, sin duda, su partido debe
haber dado más de una pista clave para la identificación de los autores de los casos Guzmán y Edwards y,
en general, para el desmantelamiento tanto del FPMR-A como del Mapu-Lautaro,
tarea que al término del primer gobierno de la fenecida Concertación estaba muy
avanzada.
La
primera tarea de Schilling y La Oficina fue esparcir el rumor que un grueso contingente
de expresos políticos eran informantes del gobierno. De inmediato las organizaciones
de la izquierda revolucionaria separaron de sus filas a los “sospechosos”, lo
que significó una notable merma en sus niveles de operatividad. En una segunda
fase, se implementó la llamada “Iniciativa para la Paz”, consistente en
reinsertar a combatientes activos a través de apoyo económico, becas de estudio
o cursos de capacitación, pero que en el fondo encubría el objetivo de convertirlos
en informantes recompensados.
A
la par, La Oficina, en cuya plana mayor destacaban, aparte del Mamo Schilling,
Mario Fernández y Jorge Burgos (PDC), se coordinó con carabineros e
investigaciones para que se implementaran tareas de franca represión.
El
abrasador pasado de Masferrer
Masferrer
tiene un más que cuestionable pasado, ya que era él
quien fungía como director nacional de Gendarmería cuando, el 8 de diciembre de 2010, un incendio dejó 81 reos muertos en la cárcel de San
Miguel.
A
comienzos de 2011, la Fiscalía Nacional abrió
una investigación en contra de Masferrer por el catastrófico incendio de la
mencionada cárcel. El entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, remitió al
fiscal regional metropolitano sur la denuncia presentada por la Asociación de
Funcionarios Penitenciarios (Anfup) en contra de Masferrer, la que fuera presentada
el 8 de marzo.
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| Parte de los 81 de San Miguel |
De
acuerdo a los antecedentes aportados por Anfup, el 9 de septiembre de 2010, Masferrer firmó conforme los trabajos de
mejoramiento de las redes húmedas y secas de los penales de San Miguel, Colina
I y II, Puente Alto, Cárcel de Mujeres y Ex Penitenciaría. Según el reclamo, el
incendio de la Cárcel de San Miguel del 8 de diciembre probaría que dichas
obras jamás se realizaron.
El
oficio de Chahuán advertía que, "atendida la gravedad y complejidad de los
hechos denunciados se estima conveniente en la dirección de la investigación,
el ejercicio de la actividad penal y la protección a las víctimas y testigos
que esté a cargo de un fiscal regional", designando para tales efectos al
fiscal Alejandro Peña Ceballos, quien también tenía a su cargo la investigación
por el incendio que cobró nada menos que 81 vidas ese 8 de diciembre de 2010.
El
fiscal nacional advertía en su oficio que Masferrer ocultó a la investigación
el decretó que él mismo firmara el 9 de septiembre de 2010, 3 meses antes del
fatídico incidente.
De
más está decir que el desenlace de la investigación judicial no le significó
ningún problema a Masferrer.
El
“compañero” Villalobos
El
que se va de la dirección de la ANI, el supuestamente “socialista” Gustavo
Villalobos, no se anduvo con chicas e intentó durante su largo mandato –de nada
menos que 10 años (2004 a 2010 y 2014-2018)- dotar a la agencia de mayor poder
material y operativo.
Luego
del atentado anarquista a una galería aledaña a la estación del Metro Escuela
Militar, a comienzos de septiembre de 2014, el sujeto explicaba que, "tenemos facultades para hacer actividades de
inteligencia similares a las que tienen los organismos policiales y militares,
pero con una excepción: la ANI no tiene facultades para mantener agentes
encubiertos". Agregaba, "Tenemos facultades para el uso de
informantes, no para agentes encubiertos. Por lo tanto, nuestra capacidad de
búsqueda de información tiene una limitación distinta a la que tienen los otros
servicios".
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| El 'sociolisto' Villalobos |
En
todo caso, Villalobos se quejaba que era necesario dotar de institucionalidad
al sistema, incluso de legalidad: “porque hoy día lo único que señala la ley es
que está constituido por los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas
y de las Fuerzas de Orden y la agencia, y que los jefes de estos servicios se
reunirán en un comité de inteligencia y que el sentido es coordinar el trabajo.
O sea, muy declarativo. Y añadía que la
información de inteligencia, si bien contribuye a la investigación judicial, no
es una prueba legal, por lo que "hay que ver la forma en que la información
de inteligencia pueda ser utilizada por los fiscales y que tenga algún valor
procesal".
No
obstante lo dicho por éste ‘sociolisto’ y tal como anotáramos más arriba,
existe evidencia del trabajo operativo de los agentes de la ANI. Además, los
tribunales no se hacen de rogar a la hora de considerar las pruebas presentadas
por esta como válidas.
¡Ni Olvido Ni Perdón: Verdad, Justicia y
Memoria!
¡Sólo la Lucha y la Unidad Nos Harán Libres!
Colectivo
Acción Directa CAD –Chile
Abril 27 de 2018
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