“Calificado como "una verdadera trinchera para la
impunidad"
Denuncian que Tribunal
Constitucional mantiene ‘suspendidas’ causas de derechos humanos”
Iván Aróstica, presidente del Tribunal Constitucional (TC),
omitió poner en la tabla del pleno una causa relacionada a la “Operación
Cóndor”. Además, gran parte de los casos de derechos humanos de la Región de
Ñuble siguen detenidas
En
El Ciudadano –public. 13/4/18
“El Tribunal
Constitucional no sólo ha generado polémica por sus fallos en los últimos
proyectos de ley en los que ha resuelto sobre requerimientos de
inconstitucionalidad, sino que también ha mantenido suspendidas varias causas
de derechos humanos convirtiéndose en una estrategia de los uniformados para
dilatar sus condenas”, plantea una nota al respecto en Radio Universidad de
Chile.
De 30 causas de derechos humanos que han
ingresado al TC entre noviembre de 2015 y el 1 de abril pasado, a 21 se les ha
aplicado la suspensión del procedimiento y 12 se encuentran pendientes.
Por ejemplo, un año y ocho meses paralizada
en el tribunal lleva la causa por el homicidio calificado de Miguel Estol Mery, ocurrido en octubre de 1973. La investigación se inició en
enero de 2011. En enero de 2016, el ministro en visita de la Corte de
Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó una condena de 7 años de presidio
para el ex brigadier del Ejército Alfonso Videla, y de 5 años para el cabo
Víctor Muñoz, sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema, aumentando a
10 años la pena para el primer militar.
“Pero la defensa de Videla recurrió al TC
buscando declarar inconstitucional una serie de preceptos legales, presentando
un requerimiento que fue admitido por los ministros de la Sala por cuatro votos
contra uno. En agosto de ese mismo año, el TC suspendió el procedimiento del
caso y sólo siete meses después llegarían a un acuerdo para fallar. Sin
embargo, todavía no dictan sentencia”, informa Radio Universidad de Chile.
El artículo 56 de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional señala que este organismo tiene un plazo de 30 días
para dictar sentencias prorrogables por 15 días. “El panorama dista mucho de lo
anterior y se ha configurado un mecanismo para cuestionar la legitimidad de los
juicios y retrasarlos”, agrega el portal de noticias.
El caso de la detención y desaparición de 5 militantes del
FPMR en 1987, en represalia por el secuestro del ex coronel del ejército Carlos
Carreño, alertó sobre el entorpecimiento del TC en los casos de crímenes de
lesa humanidad. “Se trató de la primera que llegó a esta instancia con un
número significativo de procesados, 33 agentes de la Central
Nacional de Inteligencia (CNI), y, por lo tanto, con un número considerable
también de defensores. Es decir, había muchos ojos puestos en el evidente
retraso del tribunal que luego de un año y 19 días entregó su veredicto con un
unánime e incomprendido 9-0 en contra del requerimiento de inconstitucionalidad
presentado por parte de los militares”, detalla Radio Universidad de Chile.
Debido a la dilación del TC, el procesado ex CNI Arturo Sanhueza se dio a la
fuga.
Según denuncia el portal de noticias, el
nuevo presidente del TC, Iván Aróstica, “tiene un perfil ultraconservador, fue
nombrado ministro del tribunal en 2013 por Sebastián Piñera y a través de la
prensa se conoció su gusto por coleccionar corvos y ser admirador de Jaime
Guzmán”. “También se comenta que ex estudiantes universitarios lo escucharon
decir en sus clases que ‘los detenidos desaparecidos vivían en Europa y que
todo era un negocio’”, añade el medio de comunicación.
A pesar de que en varias oportunidades el
Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia ha planteado su
preocupación a la Subsecretaría de Derechos Humanos, e incluso le ha entregado
tablas con los casos suspendidos, el organismo no se ha pronunciado. A
principios de abril, los abogados Nelson Caucoto, Francisco Ugas y Francisco
Jara presentaron formalmente una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos
de la Cámara de Diputados. A través de un oficio, la diputada Carmen Hertz,
presidenta de dicha instancia, pidió al TC “responder sobre el evidente
entorpecimiento en las causas de lesa humanidad”.
Del total de causas de derechos humanos que
se encuentran suspendidas en el TC, llama la atención la paralización de la
mayor parte de los casos correspondientes a la Región de Ñuble. “Desde que la
Corte Suprema ordenó la reasignación de causas, en enero de 2017, estas se
trasladaron desde la Corte de Apelaciones de Chillán al ministro en visita de
la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes. De nueve casos
sólo uno tenía procesamiento, lo que se revirtió con este cambio y actualmente
en siete hay uniformados encausados. Lo preocupante es que cinco de estos
últimos casos están detenidos por el TC”, apunta Radio Universidad de Chile.
La abogada de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos de Chillán, Patricia Parra, afirma que “el TC se ha
convertido en una verdadera trinchera para la impunidad, los victimarios
prefieren morir antes de ir a la cárcel, o que mueran las víctimas, sus
familiares o testigos para que no se dicten condenas”.
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