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sábado, 7 de mayo de 2016

EL PUEBLO DE CHILOE LUCHA CONTRA QUIENES CONTAMINAN SUS AGUAS


“En Chiloé todo un pueblo lucha contra quienes contaminan sus aguas”

Por Carlos Aznárez
En Resumen Latinoamericano –public. 6/5/16

No es exagerado decir que casi en el fin del mundo, en pleno Océano Pacífico, en el sur de Chile, Chiloé es uno de los archipiélagos más referenciales de ese país. Sin embargo, como suele ocurrir con aquellos enclaves que no implican grandes ciudades ni su derivado de hacinamiento poblacional y consumo voraz, las islas -como casi todo el sur- han sido históricamente ninguneadas por la metrópolis chilena. Allí habitan, trabajan y sufren peripecias económicas para sobrevivir, poco más de 167 mil chilotes, que es como se denomina comúnmente a los nativos de ese lugar. Además de cada tanto recibir algunos turistas (la mayoría del propio país), los chilotes se dedican a la pesca. En realidad, esa es precisamente su señal de identidad y también de orgullo. Ser pescador o pescadora artesanal (allí abunda el salmón) es para quien lo practica como forma de vida, una verdadera cultura, que pasa de padres a hijos y que reúne su buena cuota de sinsabores, pero también, de tanto en tanto, cae una alegría “para ayudar a seguir aguantando”, como escribiera uno de los poetas de la zona.

Hoy, sin embargo, Chiloé se ha transformado en una gran barricada de protesta, por culpa de las grandes empresas salmoneras que han convertido al archipiélago en un gigantesco centro de contaminación. Al parecer, la impunidad y el desprecio por quienes trabajan y viven en las islas, ha provocado que muchas de estas compañías que habitualmente comercializan el salmón, arrojen al mar toneladas de nutrientes de los desecho de pescados. Esto ha provocado un aumento desproporcionado de la cantidad de algas, incentivando así la denominada marea roja, que actualmente amenaza numerosos puntos pesqueros del Pacífico. Como se sabe, cuando se da este fenómeno el consumo de mariscos contaminados puede afectar seriamente la salud de las personas, incluso generar la muerte, y por eso las autoridades chilenas han llamado a la población a comprar estos productos solo en lugares autorizados, además de limitar al máximo la pesca hasta que el mal remita.

Esto quiere decir que Chiloé vive una catástrofe medioambiental en toda línea, y que como consecuencia de la misma, los pescadores son los que llevan la peor parte. Al no echarse a la mar, no pescan y por lo tanto no cobran ni pueden alimentar a sus familias. Pero lo peor de todo este cuadro, es que como siempre ocurre, fueron precisamente esos trabajadores y trabajadoras los que desde hace tiempo advirtieron al gobierno de Michelle Bachelet sobre la actitud criminal de las grandes empresas salmoneras, al irrespetar las normas básicas para no contaminar. Nada obtuvieron, ya que el gobierno hizo oídos sordos frente a demandas tan justas, y por supuesto los empresarios siguieron haciendo dinero y multiplicando sus maniobras de destruir el medioambiente.

domingo, 15 de marzo de 2015

EL VATICANO CONTRADICE DISCURSO ANTIPEDOFILIA Y CONFIRMA A COMPLICE DE KARADIMA COMO OBISPO


El designado obispo de la diócesis de Osorno, Juan Barros Madrid, "hizo todo el trabajo sucio de Fernando Karadima" y se le acusa de amenazas a seminaristas, encubrimiento de abusos sexuales y ruptura del secreto de confesión. Asimismo, cual si fuera una cloaca, en Los Lagos oficia como director de ONEMI Alejandro Vergés, un ex oficial de ejército, encubridor del asesinato de una joven en plena dictadura cívico-militar


Como era esperable, aun a desprecio del discurso que oficialmente gusta utilizar el papa Francisco, de transparencia y condena frente al abuso infantil por miembros del clero, la Nunciatura Apostólica; es decir, la voz del Vaticano en Chile, dijo ayer[1] que: “renueva su confianza y apoyo a S.E. Mons. Juan Barros Madrid, Obispo electo de la Diócesis de Osorno.”

Con ello, el gobierno vaticano y la jerarquía eclesiástica local dan a entender que simplemente se pasaron por buena parte todas las peticiones provenientes de muchos sectores sociales, de la feligresía osornina y de representantes políticos de variados colores, respecto a reconsiderar el que fuera designado (no ‘electo’, como dice la declaración de la Nunciatura) un clérigo como nuevo Obispo de Osorno, Juan Barros Madrid, el que claramente está vinculado con las aberraciones cometidas con ocasión del caso Karadima.

Es francamente destemplado y contradictorio que la Nunciatura exhorte, “a ir adelante en el camino de conversión y fortalecimiento del corazón, que el Santo Padre ha invitado a recorrer mediante el Mensaje pontificio enviado para la Cuaresma 2015", en circunstancias que nadie ha sabido que el cuestionado cura Barros haya mostrado su conversión y, consecuentemente, haya fortalecido el corazón de los niños y jóvenes abusados en la corte de Karadima expresando su sincero arrepentimiento por haber participado de tales prácticas criminales e inmorales.

Recordemos que en una carta enviada el pasado día 3 de febrero[2] al nuncio apostólico en Chile, Ivo Scapolo, el que fuera una de las víctimas de Karadima, Juan Carlos Cruz, denunció que el nuevo obispo de la diócesis sureña "hizo todo el trabajo sucio de Fernando Karadima" y le acusa de amenazas a seminaristas, encubrimiento de abusos sexuales y ruptura del secreto de confesión.

Karadima, un influyente sacerdote octogenario que formó a cinco obispos chilenos y casi medio centenar de sacerdotes, fue considerado en febrero de 2011 por el Vaticano culpable de cometer abusos sexuales y le condenó a una vida de oración y penitencia. Además, en noviembre de 2011 la justicia chilena determinó que el religioso cometió abusos contra cuatro feligreses entre 1981 y 1995, cuando tres de ellos (Juan Carlos Cruz, Jimmy Hamilton y José Andrés Murillo) eran menores de edad, aunque consideró que los delitos habían prescrito (¡¿?!).

Apoyamos e impulsamos el clamor de la comunidad católica de Osorno, en términos de repudiar esta imposición obscena de un cura que carece de toda moral y en quien no anida el espíritu de un verdadero cristiano. Por cierto, se debe insistir en la realización de movilizaciones de las comunidades de base, de laic@s y de religios@s, como las llevadas a cabo en estas semanas, a fin de hacer público el malestar y el hastío por la injusta medida. Barros, si es que tuviese algo de decencia, debiera renunciar a la espuria designación y a la iglesia.

viernes, 19 de diciembre de 2014

NUEVA MAYORÍA DEFIENDE A EX MILITAR IMPLICADO EN BRUTAL CRIMEN COMETIDO BAJO DICTADURA


Junto con saberse que apenas un 7% de los agentes del Estado procesados y condenados por atropellos a los DDHH durante la dictadura cumplen efectivamente penas de prisión, intendente de Los Lagos le resta mérito a la participación en un crimen cometido en un cuartel militar, en 1984, al flamante encargado regional de ONEMI Alejandro Vergés Castillo, entonces un aspirante a oficial en dicho cuartel.


Éste jueves 18 fue un día de derrotas en el ámbito de la justicia y del respeto a los derechos humanos en nuestro país, y en que quedó aún más en evidencia el deseo de la Nueva Mayoría (NM) por cubrir con el manto de la amnesia todo el horror de lo que implicó para nuestra sociedad la dictadura cívico-militar, 1973-1990. No obstante, ya debiéramos saberlo, dicha actitud de travestismo político le es consustancial a las fuerzas políticas del gobierno, las cuales cumplen con afán su rol de agente mantenedor de un sistema de dominación y explotación precisamente impuesto durante aquel obscuro período de nuestra historia.

Durante la misma jornada en que se devela, por parte del Programa de DDHH del Ministerio del Interior, que sólo 75 de 281 terroristas de Estado condenados por crímenes de lesa humanidad cumplen prisión efectiva, cantidad aún más miserable si se considera que son 1073 los ex agentes represivos los que han sido procesados y condenados,[1] en el mismo día nos informamos que, con toda la razón, indignadas se encuentran las agrupaciones de DDHH en la región de Los Lagos por la vinculación del recién asumido director regional de la ONEMI en un caso emblemático de los crímenes cometidos durante la dictadura.

El presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos en la zona, Alfredo Argel, manifestó su consternación por la vinculación que tiene el ex coronel del ejército Alejandro Vergés Castillo, con el caso de Gloria Stockle, el cual está catalogado en el Informe Rettig como un crimen de Estado.[2] El representante de los familiares de las víctimas de la dictadura, señaló que el vínculo del actual director de la ONEMI (asumido el pasado 1 de diciembre) está claramente consignado en el expediente judicial sobre el alevoso crimen de la mencionada mujer.

En el caso de la paupérrima cifra de los asesinos de los aparatos represivos dictatoriales con prisión efectiva, al menos el secretario ejecutivo del organismo público de DDHH, Francisco Ugás, tuvo la decencia de asegurar que, "las sanciones que han sido impuestas no son proporcionales a la gravedad de los delitos que se han cometido". Pero, en el caso de Los Lagos, su intendente, Nofal Abud, simplemente quiso hacernos pasar por una blanca paloma al ex milico: “no tengo antecedentes que permitan vincular al ex coronel con algún caso de violación de derechos humanos”, aseguró muy orondo. Y eso que la semana pasada no más, durante la entrega del informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el vicepresidente ‘Rambo’ Peñailillo juraba de guata que, “de todos depende que en Chile fortalezcamos una verdadera cultura de derechos humanos. En definitiva, todos estamos llamados a construir una sociedad más inclusiva y equitativa, sustentada en respeto a los derechos fundamentales de todos y todas”.[3] Con razón, entonces, el compañero Argel apuntó que en el caso del ex uniformado de marras, ligado a un crimen de lesa humanidad y elevado a servidor público intachable, eran señales que van en contra del discurso público del gobierno.