EL VATICANO CONTRADICE DISCURSO ANTIPEDOFILIA Y CONFIRMA A COMPLICE DE KARADIMA COMO OBISPO

El designado obispo de la diócesis de Osorno, Juan Barros Madrid, "hizo todo el trabajo sucio de Fernando Karadima" y se le acusa de amenazas a seminaristas, encubrimiento de abusos sexuales y ruptura del secreto de confesión. Asimismo, cual si fuera una cloaca, en Los Lagos oficia como director de ONEMI Alejandro Vergés, un ex oficial de ejército, encubridor del asesinato de una joven en plena dictadura cívico-militar

Como era esperable, aun a desprecio del discurso que oficialmente gusta utilizar el papa Francisco, de transparencia y condena frente al abuso infantil por miembros del clero, la Nunciatura Apostólica; es decir, la voz del Vaticano en Chile, dijo ayer[1] que: “renueva su confianza y apoyo a S.E. Mons. Juan Barros Madrid, Obispo electo de la Diócesis de Osorno.”

Con ello, el gobierno vaticano y la jerarquía eclesiástica local dan a entender que simplemente se pasaron por buena parte todas las peticiones provenientes de muchos sectores sociales, de la feligresía osornina y de representantes políticos de variados colores, respecto a reconsiderar el que fuera designado (no ‘electo’, como dice la declaración de la Nunciatura) un clérigo como nuevo Obispo de Osorno, Juan Barros Madrid, el que claramente está vinculado con las aberraciones cometidas con ocasión del caso Karadima.

Es francamente destemplado y contradictorio que la Nunciatura exhorte, “a ir adelante en el camino de conversión y fortalecimiento del corazón, que el Santo Padre ha invitado a recorrer mediante el Mensaje pontificio enviado para la Cuaresma 2015", en circunstancias que nadie ha sabido que el cuestionado cura Barros haya mostrado su conversión y, consecuentemente, haya fortalecido el corazón de los niños y jóvenes abusados en la corte de Karadima expresando su sincero arrepentimiento por haber participado de tales prácticas criminales e inmorales.

Recordemos que en una carta enviada el pasado día 3 de febrero[2] al nuncio apostólico en Chile, Ivo Scapolo, el que fuera una de las víctimas de Karadima, Juan Carlos Cruz, denunció que el nuevo obispo de la diócesis sureña "hizo todo el trabajo sucio de Fernando Karadima" y le acusa de amenazas a seminaristas, encubrimiento de abusos sexuales y ruptura del secreto de confesión.

Karadima, un influyente sacerdote octogenario que formó a cinco obispos chilenos y casi medio centenar de sacerdotes, fue considerado en febrero de 2011 por el Vaticano culpable de cometer abusos sexuales y le condenó a una vida de oración y penitencia. Además, en noviembre de 2011 la justicia chilena determinó que el religioso cometió abusos contra cuatro feligreses entre 1981 y 1995, cuando tres de ellos (Juan Carlos Cruz, Jimmy Hamilton y José Andrés Murillo) eran menores de edad, aunque consideró que los delitos habían prescrito (¡¿?!).

Apoyamos e impulsamos el clamor de la comunidad católica de Osorno, en términos de repudiar esta imposición obscena de un cura que carece de toda moral y en quien no anida el espíritu de un verdadero cristiano. Por cierto, se debe insistir en la realización de movilizaciones de las comunidades de base, de laic@s y de religios@s, como las llevadas a cabo en estas semanas, a fin de hacer público el malestar y el hastío por la injusta medida. Barros, si es que tuviese algo de decencia, debiera renunciar a la espuria designación y a la iglesia.

EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS SE AMPARAN, OFICIALMENTE, UN ENCUBRIDOR DE ASESINATO Y UN PEDOFILO

Si bien la región de los Lagos no se destaca porque prime en ella el progresismo, no se merece que en cargos oficiales se enquisten un encubridor de un crimen relacionado con DDHH, nos referimos al encargado regional de la ONEMI Alejandro Vergés, y un implicado en actividades de pedofilia y ahora premiado como obispo de Osorno por El Vaticano, el cura Juan Barros.

El enquistamiento de ese par de indeseables individuos comenzó el 1° de diciembre pasado, cuando asumió como encargado de la oficina regional de ONEMI el ex coronel de ejército Alejandro Vergés Castillo. El presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos en la zona, Alfredo Argel, manifestó entonces su consternación por la vinculación que tiene el ex uniformado con el caso de Gloria Stockle, el cual está catalogado en el Informe Rettig como un crimen de Estado.^[1] El representante de los familiares de las víctimas de la dictadura, señaló que el vínculo del actual director de la ONEMI está claramente consignado en el expediente judicial sobre el alevoso crimen de la mencionada mujer.

 Para que no olvidemos, como quieren los interesados de la Nueva Mayoría (NM) y de la derecha, recordemos que Gloria Stockle, 21, fue asesinada hace 31 años. El 30 de enero de 1984, dos niños jugaban a las orillas del río Copiapó, en la Región de Atacama, cuando se toparon con un extraño bulto que les llamó la atención. Al acercarse y mirarlo bien quedaron choqueados, pues era el cuerpo semidesnudo de una joven el que yacía sumergido boca abajo en la ribera norte del lecho, oculto entre matorrales de totora. Cuando la policía revisó el cadáver notó que la mujer había sido brutalmente golpeada, sobre todo en el cráneo. La ropa desgarrada que localizaron a un par de metros indicaba que la fallecida, además, había sido víctima de violencia sexual. Sólo 27 años después, en abril de 2011, una sentencia dictada por Álvaro Carrasco Labra, ministro en visita extraordinario del Primer Juzgado de Letras de Copiapó,^[2] sancionaría a los responsables^[3].

Si bien los sentenciados por el crimen de la muchacha fueron el entonces capitán Mario Martínez Villarroel (retirado como teniente coronel), el teniente Sebastián Flores Cañas (retirado como mayor) y el entonces vicecónsul de Italia en Copiapó, el civil Ivo Lingua Latorre, no es menos cierto que Vergés sale mencionado en tres ocasiones en el sumario de la causa rol Nº 28.541 del 1er Juzgado de Letras de Copiapó. Además, testigos aseguran que se encontraba en el casino esa fatídica noche y que debe saber la verdad sobre lo ocurrido, pero ha callado durante tres décadas, al igual que el resto de sus ‘valientes’ compañeritos de correrías castrenses.

Luego del despropósito político-administrativo anterior, resulta que el 10 de enero pasado la Nunciatura Apostólica[4] anuncia que Juan de la Cruz Barros Madrid, un discípulo del condenado por pedofilia Fernando Karadima y hasta ese momento obispo castrense de Chile, era nombrado obispo de la diócesis de Osorno por el papa Francisco. La información entregada por la Nunciatura omitía que Barros, quien debería asumir el próximo 21/03, es uno de los cuatro obispos formados por el sacerdote Fernando Karadima[5], junto a Andrés Arteaga, Tomislav Koljatic y Horacio Valenzuela. Tampoco hacía referencia al hecho que en 2011 tuvo que prestar declaración[6] en calidad de testigo ante la ministra en visita Jessica González, que investigaba los abusos sexuales cometidos por el ex párroco de El Bosque.

ALEJANDRO VERGES, EX MILICO MEZCLADO EN CASO DE DDHH, SE RESISTE A RENUNCIAR A ONEMI

El actual director de la Onemi en la Región de Los Lagos, Alejandro Vergés, aseguró, muy orondo él, que no dejará el cargo y desestimó las críticas de las agrupaciones de Derechos Humanos por su vinculación con el emblemático caso del asesinato de la joven Gloria Stockle, ocurrido bajo dictadura.

En conversación con Radio Bío Bío,[1] Alejandro Vergés rechazo las acusaciones de las agrupaciones de DDHH en torno a su participación en el crimen de la universitaria, ocurrido en Copiapó en 1984. Para el que fuera coronel de ejército, asignado al regimiento de Infantería Motorizada de esa ciudad al momento en que ocurrió el crimen (28/01/84), lo que dichas organizaciones manifiestan es una apreciación personal (¿?) muy distinta a lo que ha determinado la justicia y cree que sus acusaciones son infundadas, asegurando que no está dispuesto a dejar el cargo.

Debemos recordar que, en su oportunidad,[2] dirigentes locales y nacionales de diversas agrupaciones criticaron la nominación y entronización del mentado Vergés en el cargo de director regional de emergencias, pues era conocida su vinculación en el caso. Inclusive, las agrupaciones emplazaron a la presidenta Bachelet en su calidad de víctima de la dictadura a dar señales claras en torno a la política de reparación del actual gobierno.

Para refrescar la memoria, digamos que tuvieron que pasar 27 años luego del brutal crimen de Gloria para que, en abril de 2011, una sentencia dictada por el ministro en visita extraordinario del Primer Juzgado de Letras de Copiapó,[3] sancionara a los responsables.[4]

Al dolor de su pérdida, la familia de la joven víctima debió sumar la impotencia cuando, en búsqueda de una esquiva justicia, chocaron constantemente con pérdidas de documentos, diligencias negadas por parte del ejército y escasísima colaboración de quienes asistieron esa noche a la desgraciada fiesta en el Casino de Oficiales del Regimiento de Infantería Motorizada Nº 23 de Copiapó, donde Vergés Castillo estaba asignado como alférez en aquel tiempo.

De acuerdo al fallo judicial emitido en 2011, esa noche del 28 de enero de 1984 se realizaba una orgía en el casino del recinto castrense y allí Gloria Stockle fue vista discutiendo y forcejeando con un par de personas, a las que se sumaría un cuarto involucrado. Según el relato de testigos que declararon en el proceso, la joven fue forzada a tener relaciones sexuales y luego fue violentamente golpeada hasta la muerte dentro del recinto militar. Luego, los restos de la víctima fueron cargados hasta un auto y trasladados hasta la orilla del río donde posteriormente fue hallada. Si bien los sentenciados por el crimen de Gloria Stockle fueron el entonces capitán Mario Martínez Villarroel (retirado como teniente coronel), el teniente Sebastián Flores Cañas (retirado como mayor) y el entonces vicecónsul de Italia en Copiapó, el civil Ivo Lingua Latorre, no es menos cierto que Vergés sale mencionado en tres ocasiones en el sumario de la causa rol Nº 28.541 del 1er Juzgado de Letras de Copiapó. Además, testigos aseguran que éste individuo se encontraba en el casino esa fatídica noche y que debe saber la verdad sobre lo ocurrido, pero ha callado durante tres décadas, al igual que el resto de sus ‘valientes’ compañeritos de correrías castrenses, todos los cuales guardan un pacto de silencio por éste y otros muchos casos de atropellos a los derechos fundamentales.

La mantención en el cargo de Vergés es una bofetada a todas las víctimas de DDHH, una afrenta a la dignidad social y viene a demostrar que el gobierno y la NM definitivamente no escuchan a las organizaciones de DDHH ni a la ciudadanía en general. De hecho, el representante del ejecutivo en la región de Los Lagos, el PPD Nofad Abud, sólo le ha restado mérito a la vinculación del milico de marras en el caso Stockle.

No obstante, agradezcamos que le queda poco en el cargo al insensible e inservible intendente, pues ya en diciembre se comentaba en diferentes medios nacionales y regionales que el cambio en los equipos de intendencias sería inminente,[5] y el nombre que más se ha repetido dentro de estos eventuales cambios es el del Nofal Abud, el que no contaría con el respaldo de algunos parlamentario de la zona y menos de algunos partidos de la Nueva Pillería. Es más, hasta el presi del Partido ‘Socialista’ regional, Manuel Ballesteros, ha calificado de “vergüenza” el hecho de que el intendente Abud defienda al actual director regional de ONEMI, Alejandro Vergés, quien está "involucrado en violaciones a los derechos humanos".

Eso sí, ¡no vaya a ser cosa que se vaya Abud y se quede el milico Vergés! Gloria Stockles, su familia, la región de Los Lagos y Chile no nos merecemos tal desdicha.

¡SÓLO LA LUCHA Y LA UNIDAD NOS HARÁN LIBRES!

¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!

COLECTIVO ACCIÓN DIRECTA-CHILE

Enero 11 de 2015

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[1] http://rbb.cl/bog9

[2] http://acciondirectachile.blogspot.com/2014/12/nueva-mayoria-defiende-ex-militar.html

[3] http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ddhh.gov.cl%2Ffilesapp%2FSTOCKLE.doc&ei=f6KTVMWZOeu1sASpoYD4Aw&usg=AFQjCNFJKFL6VvMkFcm9B_eyElIg26mvkA&bvm=bv.82001339,d.cWc

[4] http://www.lacuarta.com/noticias/cronica/2011/04/63-102012-9-tras-27-anos-crimen-de-gloria-encontro-culpables.shtml

[5] http://www.radiochiloe.cl/?p=25474

NUEVA MAYORÍA DEFIENDE A EX MILITAR IMPLICADO EN BRUTAL CRIMEN COMETIDO BAJO DICTADURA

Junto con saberse que apenas un 7% de los agentes del Estado procesados y condenados por atropellos a los DDHH durante la dictadura cumplen efectivamente penas de prisión, intendente de Los Lagos le resta mérito a la participación en un crimen cometido en un cuartel militar, en 1984, al flamante encargado regional de ONEMI Alejandro Vergés Castillo, entonces un aspirante a oficial en dicho cuartel.

Éste jueves 18 fue un día de derrotas en el ámbito de la justicia y del respeto a los derechos humanos en nuestro país, y en que quedó aún más en evidencia el deseo de la Nueva Mayoría (NM) por cubrir con el manto de la amnesia todo el horror de lo que implicó para nuestra sociedad la dictadura cívico-militar, 1973-1990. No obstante, ya debiéramos saberlo, dicha actitud de travestismo político le es consustancial a las fuerzas políticas del gobierno, las cuales cumplen con afán su rol de agente mantenedor de un sistema de dominación y explotación precisamente impuesto durante aquel obscuro período de nuestra historia.

Durante la misma jornada en que se devela, por parte del Programa de DDHH del Ministerio del Interior, que sólo 75 de 281 terroristas de Estado condenados por crímenes de lesa humanidad cumplen prisión efectiva, cantidad aún más miserable si se considera que son 1073 los ex agentes represivos los que han sido procesados y condenados,[1] en el mismo día nos informamos que, con toda la razón, indignadas se encuentran las agrupaciones de DDHH en la región de Los Lagos por la vinculación del recién asumido director regional de la ONEMI en un caso emblemático de los crímenes cometidos durante la dictadura.

El presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos en la zona, Alfredo Argel, manifestó su consternación por la vinculación que tiene el ex coronel del ejército Alejandro Vergés Castillo, con el caso de Gloria Stockle, el cual está catalogado en el Informe Rettig como un crimen de Estado.[2] El representante de los familiares de las víctimas de la dictadura, señaló que el vínculo del actual director de la ONEMI (asumido el pasado 1 de diciembre) está claramente consignado en el expediente judicial sobre el alevoso crimen de la mencionada mujer.

En el caso de la paupérrima cifra de los asesinos de los aparatos represivos dictatoriales con prisión efectiva, al menos el secretario ejecutivo del organismo público de DDHH, Francisco Ugás, tuvo la decencia de asegurar que, "las sanciones que han sido impuestas no son proporcionales a la gravedad de los delitos que se han cometido". Pero, en el caso de Los Lagos, su intendente, Nofal Abud, simplemente quiso hacernos pasar por una blanca paloma al ex milico: “no tengo antecedentes que permitan vincular al ex coronel con algún caso de violación de derechos humanos”, aseguró muy orondo. Y eso que la semana pasada no más, durante la entrega del informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el vicepresidente ‘Rambo’ Peñailillo juraba de guata que, “de todos depende que en Chile fortalezcamos una verdadera cultura de derechos humanos. En definitiva, todos estamos llamados a construir una sociedad más inclusiva y equitativa, sustentada en respeto a los derechos fundamentales de todos y todas”.[3] Con razón, entonces, el compañero Argel apuntó que en el caso del ex uniformado de marras, ligado a un crimen de lesa humanidad y elevado a servidor público intachable, eran señales que van en contra del discurso público del gobierno.