Junto con saberse que apenas un 7% de los agentes del Estado
procesados y condenados por atropellos a los DDHH durante la dictadura cumplen
efectivamente penas de prisión, intendente de Los Lagos le resta mérito a la
participación en un crimen cometido en un cuartel militar, en 1984, al flamante
encargado regional de ONEMI Alejandro Vergés Castillo, entonces un aspirante a oficial
en dicho cuartel.
Éste jueves 18 fue un día de derrotas en el
ámbito de la justicia y del respeto a los derechos humanos en nuestro país, y
en que quedó aún más en evidencia el deseo de la Nueva Mayoría (NM) por cubrir
con el manto de la amnesia todo el horror de lo que implicó para nuestra
sociedad la dictadura cívico-militar, 1973-1990. No obstante, ya debiéramos saberlo,
dicha actitud de travestismo político le es consustancial a las fuerzas
políticas del gobierno, las cuales cumplen con afán su rol de agente mantenedor
de un sistema de dominación y explotación precisamente impuesto durante aquel
obscuro período de nuestra historia.
Durante
la misma jornada en que se devela, por parte del Programa de DDHH del
Ministerio del Interior, que sólo 75 de 281 terroristas de Estado condenados
por crímenes de lesa humanidad cumplen prisión efectiva, cantidad aún más
miserable si se considera que son 1073 los ex agentes represivos los que han
sido procesados y condenados,[1]
en el mismo día nos informamos que, con toda la razón, indignadas se encuentran
las agrupaciones de DDHH en la región de Los Lagos por la vinculación del
recién asumido director regional de la ONEMI en un caso emblemático de los crímenes
cometidos durante la dictadura.
El
presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Ejecutados Políticos en la zona, Alfredo Argel, manifestó su consternación por
la vinculación que tiene el ex coronel del ejército Alejandro Vergés Castillo,
con el caso de Gloria Stockle, el cual está catalogado en el Informe Rettig
como un crimen de Estado.[2]
El representante de los familiares de las víctimas de la dictadura, señaló que el
vínculo del actual director de la ONEMI (asumido el pasado 1 de diciembre) está
claramente consignado en el expediente judicial sobre el alevoso crimen de la
mencionada mujer.
En
el caso de la paupérrima cifra de los asesinos de los aparatos represivos
dictatoriales con prisión efectiva, al menos el secretario ejecutivo del
organismo público de DDHH, Francisco Ugás, tuvo la decencia de asegurar que, "las sanciones que han sido impuestas no son
proporcionales a la gravedad de los delitos que se han cometido".
Pero, en el caso de Los Lagos, su intendente, Nofal Abud, simplemente quiso
hacernos pasar por una blanca paloma al ex milico: “no tengo antecedentes que permitan vincular al ex coronel con algún
caso de violación de derechos humanos”, aseguró muy orondo. Y eso que la
semana pasada no más, durante la entrega del informe anual del Instituto
Nacional de Derechos Humanos, el vicepresidente ‘Rambo’ Peñailillo juraba de
guata que, “de todos depende que en Chile
fortalezcamos una verdadera cultura de derechos humanos. En definitiva, todos
estamos llamados a construir una sociedad más inclusiva y equitativa,
sustentada en respeto a los derechos fundamentales de todos y todas”.[3]
Con razón, entonces, el compañero Argel apuntó que en el caso del ex uniformado
de marras, ligado a un crimen de lesa humanidad y elevado a servidor público
intachable, eran señales que van en contra del discurso público del gobierno.
Ya
las agrupaciones están solicitando formalmente una reunión con el intendente, para
tratar la problemática. Sin embargo, ya adelantan que por mucho menos,
funcionarios de la NM debieron abandonar sus cargos en la región.
Para
que no olvidemos, como quieren los interesados de la NM y de la derecha,
recordemos que Gloria Stockle, 21 años, fue asesinada hace 30 años y que su
madre murió de cáncer sin saber si los culpables pagarían. El 30 de enero de
1984, dos niños jugaban a las orillas del río Copiapó, en la Región de Atacama,
cuando se toparon con un extraño bulto que les llamó la atención. Al acercarse
y mirarlo bien quedaron choqueados, pues era el cuerpo semidesnudo de una joven
el que yacía sumergido boca abajo en la ribera norte del lecho, oculto entre
matorrales de totora. Cuando la policía revisó el cadáver notó que la mujer
había sido brutalmente golpeada, sobre todo en el cráneo. La ropa desgarrada
que localizaron a un par de metros indicaba que la fallecida, además, había
sido víctima de violencia sexual.
Sólo
27 años después, en abril de 2011, una sentencia dictada por Álvaro Carrasco
Labra, ministro en visita extraordinario del Primer Juzgado de Letras de
Copiapó,[4]
sancionaría a los responsables.[5]
En un primer momento, cuando Gloria Ana Stockle Poblete no regresó a su casa en
Copiapó, la noche del 28 de enero de 1984, su familia no se apremió, porque la
joven había tenido un altercado familiar y había anunciado que se iría para
Santiago. Cuando identificaron a la víctima, a su familia se les vino el mundo
encima.
El
dolor de su pérdida se vio aumentado cuando la búsqueda de justicia chocaba
constantemente con pérdidas de documentos, diligencias negadas por parte del
Ejército y escasísima colaboración de quienes asistieron esa noche a la
desgraciada fiesta en el Casino de Oficiales del Regimiento de Infantería
Motorizada Nº 23 de Copiapó, donde Vergés Castillo fungió como alférez en aquel
tiempo.
De
acuerdo al fallo judicial emitido el 2011, esa noche del 28 de enero de 1984
Gloria fue invitada junto a unas amigas a una celebración en el recinto
castrense. En medio de la cuasi orgía que allí se organizaba, la joven fue
vista discutiendo y forcejeando con un par de personas, donde se sumaría un
cuarto involucrado. Según el relato de testigos que declararon en el proceso,
la joven fue forzada a tener relaciones sexuales y luego fue violentamente
golpeada hasta la muerte dentro del recinto militar. Luego, los restos de la
víctima fueron cargados hasta un auto y trasladados hasta la orilla del río
donde posteriormente fue hallada.
Si
bien los sentenciados por el crimen de Gloria Stockle fueron el entonces
capitán Mario Martínez Villarroel (retirado como teniente coronel), el teniente
Sebastián Flores Cañas (retirado como mayor) y el entonces vicecónsul de Italia
en Copiapó, el civil Ivo Lingua Latorre, no es menos cierto que Vergés sale
mencionado en tres ocasiones en el sumario de la causa rol Nº 28.541 del 1er
Juzgado de Letras de Copiapó. Además, testigos aseguran que se encontraba en el
casino esa fatídica noche y que debe saber la verdad sobre lo ocurrido, pero ha
callado durante tres décadas, al igual que el resto de sus ‘valientes’
compañeritos de correrías castrenses.
¡SÓLO LA LUCHA Y LA UNIDAD NOS
HARÁN LIBRES!
¡SÓLO EL PUEBLO DEFIENDE AL PUEBLO!
COLECTIVO ACCIÓN DIRECTA-CHILE
Diciembre 19 de 2014
Que increíble, bestias salvajes, no se les puede llamar de otra manera, que pena tener que vivir en la misma ciudad con esos asesinos sueltos...No hay que acercarse a ellos, no tienen conciencia.
ResponderEliminarASESINOS GLORIA STOCKLE ERA MUY GUAPA
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