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jueves, 5 de octubre de 2017

LA CARAVANA DE LA MUERTE DE LOS MILICOS RECORRIO CHILE HACE 44 AÑOS


“La Caravana de la Muerte que recorrió Chile hace 44 años”

Durante todos estos años, muchas esposas, madres y hermanas de los desaparecidos de la Caravana de la muerte, recorren el desierto buscando algún pequeño resto de sus seres amados. La historia de estas mujeres se palpa en el documental de Patricio Guzmán, "Nostalgia de la luz" 

En TeleSUR –public. 30/9/17

La llamada “Caravana de la Muerte” recorrió Chile hace 44 años, de sur a norte, dejando a su paso decenas de personas asesinadas, torturadas y desaparecidas. El hecho fue parte de los primeros crímenes del dictador Augusto Pinochet, a sólo una semana de haber perpetrado el golpe cívico-militar contra el presidente Salvador Allende.

"No habrá piedad con los extremistas", fue la frase que pronunció el genocida en advertencia a sus opositores, un 18 de septiembre de 1973, según constató Mario Amorós, autor del libro "Después de la lluvia: Chile, la memoria herida".

miércoles, 10 de mayo de 2017

MILICOS SE VAN PRESOS POR CRIMENES DE CARAVANA DE LA MUERTE EN COPIAPO

Fosa con restos de asesinados de Copiapó, en 1990

Las 16 víctimas del capítulo Copiapó fueron asesinadas en salvajes torturas y luego enterradas en el desierto, en octubre de 1973, por la jauría comandada por el criminal Arellano Stark e instigada por el chacal Pinochet. Los restos de 13 de los compañeros masacrados aparecieron en una excavación, en 1990; otros 3 permanecen aún como desaparecidos

Por “secuestros y homicidios calificados” del "Episodio Copiapó" del Caso Caravana de la Muerte, la ministra en visita Patricia González dictó el cúmplase y ordenó el ingreso a prisión de los 8  ex miembros del ejército condenados en la causa. La sentencia había sido dictada por la Corte Suprema el pasado 10 de abril, que denegó los últimos legalismos de los genocidas.

Los compañeros Alfonso Ambrosio Gamboa Farías, Atilio Ernesto Ugarte Gutiérrez, Fernando del Carmen Carvajal González, Agapito del Carmen Carvajal González, Winston Dwight Cabello Bravo, Manuel Roberto Cortázar Hernández, Raúl del Carmen Guardia Olivares, Raúl Leopoldo de Jesús Larravide López, Edwin Ricardo Mancilla Hess, Adolfo Mario Palleras Norambuena, Héctor Leonelo Vincenti Cartagena, Pedro Emilio Pérez Flores y Jaime Iván Sierra Castillo fueron asesinados en 16 de octubre de 1973, en el sector de Cuesta Cardone de Copiapó. En tanto, respecto de Benito Tapia Tapia, Maguindo Castillo Andrade y Ricardo García Posada, desde el 17 de octubre de 1973 se desconoce su paradero.

viernes, 19 de diciembre de 2014

NUEVA MAYORÍA DEFIENDE A EX MILITAR IMPLICADO EN BRUTAL CRIMEN COMETIDO BAJO DICTADURA


Junto con saberse que apenas un 7% de los agentes del Estado procesados y condenados por atropellos a los DDHH durante la dictadura cumplen efectivamente penas de prisión, intendente de Los Lagos le resta mérito a la participación en un crimen cometido en un cuartel militar, en 1984, al flamante encargado regional de ONEMI Alejandro Vergés Castillo, entonces un aspirante a oficial en dicho cuartel.


Éste jueves 18 fue un día de derrotas en el ámbito de la justicia y del respeto a los derechos humanos en nuestro país, y en que quedó aún más en evidencia el deseo de la Nueva Mayoría (NM) por cubrir con el manto de la amnesia todo el horror de lo que implicó para nuestra sociedad la dictadura cívico-militar, 1973-1990. No obstante, ya debiéramos saberlo, dicha actitud de travestismo político le es consustancial a las fuerzas políticas del gobierno, las cuales cumplen con afán su rol de agente mantenedor de un sistema de dominación y explotación precisamente impuesto durante aquel obscuro período de nuestra historia.

Durante la misma jornada en que se devela, por parte del Programa de DDHH del Ministerio del Interior, que sólo 75 de 281 terroristas de Estado condenados por crímenes de lesa humanidad cumplen prisión efectiva, cantidad aún más miserable si se considera que son 1073 los ex agentes represivos los que han sido procesados y condenados,[1] en el mismo día nos informamos que, con toda la razón, indignadas se encuentran las agrupaciones de DDHH en la región de Los Lagos por la vinculación del recién asumido director regional de la ONEMI en un caso emblemático de los crímenes cometidos durante la dictadura.

El presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos en la zona, Alfredo Argel, manifestó su consternación por la vinculación que tiene el ex coronel del ejército Alejandro Vergés Castillo, con el caso de Gloria Stockle, el cual está catalogado en el Informe Rettig como un crimen de Estado.[2] El representante de los familiares de las víctimas de la dictadura, señaló que el vínculo del actual director de la ONEMI (asumido el pasado 1 de diciembre) está claramente consignado en el expediente judicial sobre el alevoso crimen de la mencionada mujer.

En el caso de la paupérrima cifra de los asesinos de los aparatos represivos dictatoriales con prisión efectiva, al menos el secretario ejecutivo del organismo público de DDHH, Francisco Ugás, tuvo la decencia de asegurar que, "las sanciones que han sido impuestas no son proporcionales a la gravedad de los delitos que se han cometido". Pero, en el caso de Los Lagos, su intendente, Nofal Abud, simplemente quiso hacernos pasar por una blanca paloma al ex milico: “no tengo antecedentes que permitan vincular al ex coronel con algún caso de violación de derechos humanos”, aseguró muy orondo. Y eso que la semana pasada no más, durante la entrega del informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el vicepresidente ‘Rambo’ Peñailillo juraba de guata que, “de todos depende que en Chile fortalezcamos una verdadera cultura de derechos humanos. En definitiva, todos estamos llamados a construir una sociedad más inclusiva y equitativa, sustentada en respeto a los derechos fundamentales de todos y todas”.[3] Con razón, entonces, el compañero Argel apuntó que en el caso del ex uniformado de marras, ligado a un crimen de lesa humanidad y elevado a servidor público intachable, eran señales que van en contra del discurso público del gobierno.