DEUDA HOSPITALARIA ES LO QUE LA FALSA DEMOCRACIA LE DEBE A LA SALUD DE LOS CHILENOS

Esta semana se supo que la deuda contraída por los Hospitales de Chile alcanzó una histórica cifra. De ello se extrae que los recursos invertidos por los gobiernos de la Nueva Mayoría y la derecha han sido pobrísimos. Peor aún, gran parte del aporte estatal va a parar al sector privado, quien se beneficia con la compra y externalización de servicios

A nada menos que $ 200 mil millones llega la deuda de los Hospitales públicos del país[1]. Dicho monto ya era indeseablemente alto en marzo del año pasado, cuando asume el gobierno Bachelet y la Nueva Mayoría (NM), empinándose entonces a $ 92 mil millones. De lo anterior, podemos constatar que en todo lo que va del segundo gobierno de Bachelet dichos compromisos por pagar se han elevado en un ¡117,4%!, y nada menos que un 29% tan sólo en estos últimos 4 meses, ya que en abril pasado el débito sanitario alcanzaba los $ 155 mil millones[2].

La información entregada por el Ministerio de Salud (MINSAL) a la subcomisión mixta de presupuesto de la cueva de corruptos del congreso, supera ampliamente los casi $ 66 mil millones adeudados a comienzos de 2014. Sin embargo, durante los últimos cinco años, el problema se acrecienta año tras año.

Las razones de este desangramiento de los establecimientos públicos de salud son múltiples, la mayoría de ellos derivados de la contrarreforma sanitaria de tiempos de Lagos, cuando se determinó que los Hospitales debían autofinanciarse (¡!)[3]. Las principales: los bajísimos aportes basales desde el nivel central; los desvalorizados aportes otorgados por el MINSAL y FONASA respecto de las prestaciones otorgadas por dichos centros; el creciente proceso de compra o arriendo en el mundo privado de las mismas; la históricamente pésima gestión por parte de las autoridades del MINSAL en estos 25 años de falsa democracia, con un cometido centrado en la mantención y reproducción de las políticas de mercado aplicadas al ámbito sanitario (la salud como una mercancía).

Las pruebas de la desgraciada administración de las autoridades del sector podemos constatarlas en: el inacabado programa de creación de 20 recintos hospitalarios, los que Bachelet se desgañita por asegurar que estarán listos al final de su mandato, aunque seguramente sin una adecuada implementación (como ha sido el caso del Hospital de Puerto Montt); los problemas de gestión a la cabeza del MINSAL y en la Subsecretaría de Redes Asistenciales; el nulo rol fiscalizador de la autoridad sanitaria sobre las platas traspasadas desde el sector público al privado, ello a lo largo de toda la larga red de salud; unas larguísimas listas de espera en variadas especialidades[4]; un grave y prolongado déficit de camas UTI, UCI y de ambulancias;

LA SALUD PÚBLICA DE CHILE, UN PACIENTE QUE AGONIZA

“(…) la ley fundamental de la salud consiste en que ella es función del nivel de vida en conjunto y de cada uno de sus componentes: la alimentación, la vivienda, el vestuario, el saneamiento, la educación, la recreación, la seguridad social, las condiciones del trabajo, la armonía entre las personas y la atención médica”. Plan de Salud, Atención Médica y Medicina Social, Chile-1964, del Programa de Gobierno del candidato Salvador Allende  

Paros de funcionarios, renuncias de médicos y especialistas, suspensión de intervenciones por carencia de anestesiólogos y equipos, una deuda hospitalaria astronómica, etc. De ello se habla y se recalca todos los días en la prensa oficial, no para bien, sino para despotricar en contra de la Salud Pública. Pero, ¿qué está pasando en un ámbito tan sensible para millones de chilenos? Tan sensible, como que en la última encuesta CEP, dada a conocer a principios de este mes,[1] los encuestados creen que los derechos en una democracia pasan por tener salud al alcance de todos como una primera opción, con un 86% (seguido por un nivel de vida adecuado, 79%; autoridades públicas que respeten y protejan los derechos de las minorías, 73%; un Estado que respete los derechos democráticos a todo evento, 67%; entre otras).  

Si hablamos de SALUD, debemos anotar que la OMS nos dice que ella no sólo implica que las personas no estén enfermas, sino que corresponde a su completo bienestar en los planos físico, mental, social y cuando ellas están en armonía con su medio ambiente. La misma OMS, en su Conferencia Internacional de Atención Primaria de Alma-Ata, 1978, cuyo ampuloso y no realizado lema era: “Salud Para Todos para el 2000”, declaraba que: “la salud es un derecho humano fundamental y la consecución del nivel de salud más alto posible es un objetivo social prioritario”. Veamos que dice nuestra realidad nacional.

Chile registra la 2ª mayor tasa de suicidio adolescente a nivel mundial y un record en depresión, pero, a despecho de ello, la OMS señala que aquí se destina un bajo porcentaje del presupuesto total a los programas de salud mental en el sector público y los psiquiatras que laboran en el sector público son una rareza;[2] disminuyen los niños menores de 5 años y aumentan los adultos mayores de 60, lo que implica la necesidad de aumentar progresivamente el gasto público en salud a causa de la progresión de los daños naturales y por las afecciones crónicas asociadas; los problemas de salud se hacen más complejos, con aumento de las enfermedades crónicas, cánceres y mentales; desde 1990, han aumentado en 13,6% los beneficiarios de FONASA, llegando a cubrir en la actualidad nada menos que a un 82% de la población;[3] en 2010, comparados con los promedios de OCDE, dedicamos el 8% del PIB a gasto en salud (en Cuba es el 12%),[4] lo que aparece algo bajo el 9,5% de dicha organización, pero si ese gasto lo vemos por persona, Chile apenas alcanza a US$ 1.202, mientras que éste fue de US$ 3.268 OCDE; sobre el aporte público al gasto total en salud, Chile es el 3º peor, con sólo 48,2%, frente a 72,2% OCDE; tenemos 1,4 médicos/1000 habitantes (en Cuba son 6)[5], contra 3,1 OCDE; 1,5 enfermeras/1000, contra 8,7 OCDE; camas en hospital para cuidados curativos 1,8/1000, contra 3,4 OCDE; contamos con apenas 2 camas de hospital/1000 habitantes,[6] por debajo de Namibia, Zimbabue o Tonga; el número de resonadores magnéticos es tres veces menor que el de la OCDE y el de tomógrafos es menos de la mitad; un sistema de salud público desmembrado y pauperizado, con personal insuficiente y el cual realiza sus acciones en condiciones laborales desmedradas. No obstante, este sombrío cuadro se debe considerar con la realidad de la SALUD en el conjunto de las naciones dominadas del sistema capitalista mundial, campo aquel al cual estamos asignados. Así, en la declaración final de la Conferencia Internacional sobre Salud para el Desarrollo, de 2007, se lee: “A casi 30 años de Alma Ata, la situación de salud de gran parte de la humanidad es deplorable y (ésta) no goza de una atención de salud integral, equitativa o ni siquiera básica”.

A DENUNCIAR A LA COMPIN POR PERSEGUIR AL TRABAJADOR QUE ENFERMA

EN CONCEPCIÓN, JORNADA DE MOVILIZACIÓN, JUEVES 27 DE MARZO

Organizaciones de trabajadores de la Salud Pública de la Octava Región del Bío-Bío, entre ellas la FENATS VIII Región, están convocando a una movilización a desplegarse en torno a los establecimientos de salud estatales de la provincia de Concepción, para el jueves 27 de marzo, con el fin de protestar en contra de la COMPIN (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez), su sistemática política de denegación del derecho al descanso para la adecuada recuperación de la enfermedad y su campaña de criminalización de la ausencia laboral por razones de salud.

Es importante aclarar que el pago de Licencias Médicas no proviene del presupuesto de la nación, sino de la propia cotización mensual del trabajador, de su fondo de salud. Por tanto, no puede haber excusas para no cancelar éste tipo de permisos. El hostigamiento, persecución y no cancelación de las licencias de que son víctimas los que deben ejercen este derecho, busca amedrentar tanto a los profesionales que las extienden como a los usuarios y augura mayores problemas para quienes en definitiva lo tengan que hacer. De tal forma y de manera creciente, se va imponiendo la lógica de que el descanso esté reservado sólo para cuando el enfermo ya no pueda más.

Ninguna autoridad o representante de la patronal cuenta cómo constantemente se vulnera el derecho a descanso de los enfermos crónicos, atrapados entre las AFP y la COMPIN. Los gobiernos han asumido una declarada defensa de un sistema que constantemente desprotege a los usuarios, en vez de protegerlos, a la par que busca beneficiar a la patronal, pública y privada. Son eternos los trámites para que sea validada una licencia médica, muchas veces superando el plazo legal estimado de 7 días, tras lo cual la COMPIN obligatoriamente debe validar la licencia médica.

Se ha difundido, sin ninguna base experimental, que existiría fraude de licencias médicas del orden de un 30%; es decir, uno de cada tres chilenos defrauda al Estado. A partir de esta absurda idea, se especula sobre cuantas cosas haría el Estado con la recuperación de los recursos envueltos. Asimismo, ciertos medios reaccionarios consideran un derroche el que un trabajador tome, en promedio, una Licencia Médica por año, cifra que en todo caso resulta muy restringida y concordante con aspectos epidemiológicos y curativos de nuestro país. El criterio del rechazo subjetivo ha sido el argumento permanente de quien, estando en una vereda distinta al enfermo, ha pretendido afectarlo. Antes bien, la autoridad sanitaria debiera propender a disminuir el rezago y el tiempo de tramitación, prevenir las altas cargas de trabajo, fortalecer la prevención de accidentes con medidas y recursos necesarios, aumentar la información pertinente. Como no se ve mayor preocupación por implementar estas medidas, se puede suponer que la intención es transformar la COMPIN en una especie de ISAPRE estatal.

Chile es uno de los países más privatizados del mundo en materia de salud y la principal fuente del financiamiento sectorial proviene de las mismas familias. Francia lidera la lista positivamente, con un aporte del 7% por parte de las familias, mientras que Chile duplica el gasto promedio de OCDE, de 20%, con un aporte familiar del 40%. Ahora bien, para una correcta distribución del PIB, es necesario analizar la distribución de población entre FONASA e ISAPRE. Aproximadamente, el 73% de la población está afiliada al sistema público, al cual se otorga sólo un 4% del PIB, mientras que al 17% de la población, atendida por el sistema privado, se le otorga alrededor de un 4,4% del producto; es decir, se cuadriplica la cantidad de población para un aporte fiscal menor. Los gremios de Salud reivindican la naturaleza social de las funciones del Estado y de la protección de la salud de la Población. La Licencia Médica, en su concepción originaria, es un aporte para el logro de este desafío. Claramente nos encontramos frente a una asonada que busca la consumación de un modelo que profundiza la mercantilización de los derechos sociales y de otro, a buscar la transferencia de recursos desde el Estado a la gestión privada y la desarticulación de aquel.

Ante el abuso amparado desde el Estado, que afecta a los cotizantes del sistema público de salud y manifestado en la desprotección a la que se ve expuesto uno/a de estos cuando se enferma, las organizaciones del sector Salud convocan a agruparse para actuar en conjunto frente a los abusos del sistema de la COMPIN, desplegando una batalla en defensa del derecho a la licencia por enfermedad, enmarcada ella en una estrategia mayor de defensa de la Salud Pública de Chile.

Frente a todo lo anterior, la FENATS VIII Región realiza un urgente llamado “a todos los trabajadores/as, sobre todo del sector Salud, a los usuarios, a todos los ciudadanos que potencialmente se puedan ver afectados, a manifestarnos este Jueves 27 Marzo de 2014, frente a la denegación del legítimo derecho a enfermarnos y tener un descanso adecuado”.

¡A RECONQUISTAR TODOS LOS DERECHOS DEL PUEBLO!

COLECTIVO ACCIÓN DIRECTA – VIII Región 

Marzo 24 de 2014