Hace un año que la UE no deja de emitir listas
negras que impiden a rusos y pro-rusos de Ucrania ingresar al territorio de la
comunidad. Rusia ha respondido a la altura y muy cortésmente a dichas medidas
ilegales, pero cuando refirió una nómina de sujetos que no quiere que entren a su
país, a solicitud de la misma UE, ésta lo hizo público
Desde que la entente Unión Europea-EE.UU.
lograse imponer en Ucrania una administración dócil a sus políticas[1], mediante
el neonazi golpe de Estado de la “revolución naranja”, el cual derribara al
gobierno legítimo y con su punto álgido en la destitución congresal del
presidente, 22/02/14, la Unión Europea (UE) se ha dedicado a execrar la
presencia de funcionarios rusos y ruso-ucranianos en el viejo continente. Tal policía
discriminatoria e ilegal vino a exacerbarse tras la heroica decisión del pueblo
de Crimea por permanecer independiente de
Ucrania y aliado a Rusia, expresada en el referéndum del 16/03/14[2], en que los
crimeos optaron por los lazos históricos con la ‘madre patria’ rusa.
Así,
a poco que el empresario Petró Poroshenko, elevado a presidente, y su pandilla ultra-derechista
se hicieran del poder en Kiev, la UE comenzó a avalar a las nuevas autoridades
y a atacar las políticas de Rusia en la zona, las que se oponían a dicho coup d’état y sólo buscaban la
resolución a la crisis abierta mediante la aplicación del derecho internacional
en Ucrania, un país multiétnico y multicultural. En esa línea, el 13/03/14, el Parlamento Europeo adoptó[3] una
resolución sobre “la invasión de Ucrania por Rusia”. Tal sibilina resolución
reafirmaba el respaldo de la UE a las autoridades entronizadas mediante el
golpe de Estado, mientras que califica de ilegítimas a las autoridades de
Crimea, que ya alegaban su derecho a la autodeterminación en medio de la crisis.
También califica de difamación las alegaciones de la “propaganda rusa”
sobre el carácter fascista (sic) de
los manifestantes de Kiev. Además, se denuncia allí la invasión perpetrada por
tropas rusas en violación del derecho
internacional (sic). Pero no todo eran declaraciones y verborrea antirusa. Al
día siguiente del referéndum en que Crimea decidió incorporarse a la Federación
Rusa, 16/03/14, el gobierno de EE.UU. y la UE comenzaron a imponer una serie de sanciones económicas
contra bancos, funcionarios, empresarios y parlamentarios, y algunas compañías
rusas[4].
Respaldado
y empotrado el régimen títere en Kiev, la UE comenzó a emitir listas negras[5] de
personalidades y funcionarios rusos, crimeos y de las repúblicas de Donetsk y Lugansk
a los que se les ‘sanciona’ por tener algún rol en la resistencia a la
occidentalización del conjunto del suelo ucraniano. Claro que de lo que les
acusa oficialmente la entente es de apoyar la “desestabilización del este de
Ucrania”. Rusia, por su parte, igualmente comenzó a impedir la entrada de
indeseables a su territorio; es decir, de sujetos que azuzan la guerra civil y
la forzada remodelación pro-occidental de su vecina.




