NEGOCIACIÓN
DEL SECTOR PÚBLICO 2014, ¿NUEVAMENTE UN MAL NEGOCIO PARA L@S TRABAJADOR@S?
Éste 12/11/14, la CUT dio a conocer su comunicado 2
sobre el curso de la negociación para el ‘mejoramiento’ del ingreso de los 375
mil trabajadores del sector público, centralizado y descentralizado,[1]
correspondiente a 2015.[2]
El anunció sigue a la 2ª reunión del proceso, del 11/11, efectuada entre los
dirigentes de los 15 gremios que componen la Mesa del Sector Público (MSP) y el
gobierno, representado por oficiosos funcionarios de los ministerios de
hacienda y trabajo. En dicho encuentro, se confrontaron las visiones sobre el
panorama económico nacional y mundial para el próximo año y los guarismos que
manejan ambas partes
Era obvio que entre
unos y otros hubiera divergencias sobre los escenarios más probables y las
cifras en cuestión, pero lo que no esperábamos es que los mismos supuestos ‘representantes’
de los trabajadores, la MSP y el asesor de la CUT Carlos Insunza, difirieran entre
sus propios supuestos y la pedida de aumento de los ingresos que finalmente
hacen. Y decimos esto, pues en la propuesta conjunta MSP-CUT lanzada a fines de
octubre, sobre reajuste y mejoramiento de las condiciones laborales,[3]
apuntan allí que el valor anualizado para 2015 del IPC será de 4,9% y que la
proyección de crecimiento del período será de 3,6%; por tanto, 4,9+3,6 = 8,5%,
siendo esto último el piso sobre el cual se debiera negociar cualquier AUMENTO
REAL de remuneraciones, pero ellos, en cambio y en lo que representa su primer disparate
(no quedando claro con cuánta mala intención), solicitan un incremento de sólo 7%
para los ingresos líquidos menores a $801 mil y de apenas 5% para los que
excedan tal cifra.
Agreguemos, a
modo ilustrativo, que para que hubiese un REAL AUMENTO de los ingresos entre
2014-2015, con lo cual los trabajadores públicos efectivamente obtendrían una parte
del excedente económico nacional del que por ahora sólo usufructúa un puñado de
ricos, al 8,5% basal mencionado arriba habría que sumarle la diferencia entre
el IPC efectivo de 2014, 4,1%,[4]
y el que se esperaba en 2013 para este año y que se inscribió en el aumento
solicitado por los gremios entonces, de 2,8%,[5]
lo que da un 1,3%;[6]
y el alza de la productividad 2015, calculada en 0,51%.[7]
En consecuencia, para que existiera un AUMENTO REAL DE LOS INGRESOS, la demanda
de incremento salarial debiera ascender al 10,31% para todos los trabajadores y
no menos (8,5+1,3+0,51=10,31).
Recordemos,
también, que el mero incremento de los salarios según el IPC anual, que es lo
que más o menos ha venido pasando con el reajuste que entregan los gobiernos de
turno (en acuerdo con los congresales), no sirve a la mejora de los ingresos
del grueso de la clase trabajadora, pues al ser el IPC un parámetro teórico y limitado
no refleja la real pérdida de poder adquisitivo de los diversos grupos
poblacionales. Un ejemplo de lo anterior lo podemos constatar con lo acaecido durante
2012, en que mientras el IPC promedio fue de un 3%, el de los alimentos se alzó
en más de 10%,[8]
demostrando que los reajustes salariales impuestos a los trabajadores públicos
y privados por los gobiernos que administran el modelo capitalista monopólico y
las representaciones políticas del bloque político de Estado, no han hecho sino
agravar la histórica pérdida de poder adquisitivo de las mayorías.
Otro aspecto disparatado
y llamativo del petitorio de esos supuestos ‘representantes’ de los públicos, es
que insertan un elemento dañino en cualquiera negociación salarial: dividen la
solicitud de aumento en dos tramos, diferenciándola para los trabajadores según
sus ingresos y la ajustan hacia ‘abajo’ (del 7 al 5%). Si bien hasta el año
pasado se solicitaba un aumento relativamente diversificado, lo igualaban hacia
‘arriba’ al agregar el requerimiento de una bonificación compensatoria para los
que tuviesen una remuneración inferior a una cifra de corte (lo cual, de todas
maneras, Piñera y antes la ex Concertación nunca pescaron). Por cierto que ésta
forma de pedir un aumento no es la mejor para terminar con la actual
desigualdad de los ingresos en Chile, a la que la MSP-CUT y la Nueva Mayoría
(NM) dicen aspirar.[9]
Con tal discriminación sólo logran castigar a los funcionarios que tienen más
años en el servicio y, de paso, están justificando los sueldos diferenciados
por edad y por otros considerandos que hace rato los patrones quieren imponer
en nuestro país. Si con tal pedida segmentada nuestros líderes pretenden
abaratar el ‘paquete’ y obtener que el gobierno se avenga, la verdad es que
nunca lograrán conmoverlo y lo único que van a conseguir es dividir las filas
de los funcionarios públicos (¿no será ese el objetivo, en última instancia?).
En vez de fraccionar
la solicitud del incremento salarial y, por tanto, a sus bases, la MSP-CUT
debieran poner el acento en un aumento general y real de los ingresos y porque
se mejoren los sueldos base de todas las escalas de las diversas instancias que
conforman el sector público, centralizadas y descentralizadas. En el punto 3.2
del pliego de peticiones MSP-CUT (Remuneraciones mínimas del sector público),
se inscribe un cuadro, de ingreso mínimo líquido mensual por estamento, que, a
nuestro parecer, presenta dos deficiencias: es miserable y obvia al estamento
profesional. Frente a lo mismo y de acuerdo a lo que se considera línea de
pobreza en Chile,[10]
los mínimos por estamento debieran arrancar en: $350.000, para Auxiliares; $410.000,
para Administrativos; $470.000 para Técnicos y $680.000 para profesionales.
Nos parece
correcto que el pliego de marras aspire a la cobertura universal y directa a
todos los trabajadores de los servicios públicos, de los reajustes y beneficios
resultantes de la negociación. Asimismo, estamos de acuerdo con los valores de
los beneficios y aguinaldos del punto 3.3. Sobre el bono de término de
conflicto (punto 3.4), éste no puede ser menor al del año pasado, $200 mil, al
que también se debe agregar el 10,31% de aumento real, con lo que debiera
quedar en $220.620 para los que ganen bajo el corte indicado en el petitorio
(líquido de $801.000) y de $110.310 para los que se ubiquen sobre él.
Acerca de lo
expuesto en el capítulo IV, Estado y trabajo decente, por cierto que nos parece
de justicia exigir que los trabajadores a honorarios pasen a contrata y que, si
obtienen buenas calificaciones, los trabajadores a contrata pasen a planta en
base al mérito y la probidad. En la administración pública, no pueden usarse
criterios políticos partidistas respecto de la provisión de los cargos y para
la mantención en ellos de los funcionarios. Además, como una forma de evitar el
trabajo precario y flexibilizado, simplemente se debe hacer respetar lo
indicado en el Estatuto Administrativo, el cual contempla que en la
administración pública no puede haber más de un 20% de la dotación horaria contratada
temporalmente y/o a honorarios. Hoy en día, de los 375 mil trabajadores que
dependen del Estado, se calcula que un 58% son a contrata (plazo fijo) y a
honorarios.[11]
En el capítulo V, sobre los Derechos Sociales, si bien se explicita el rechazo de la mesa al proyecto de la NM de AFP estatal, creemos que se hace necesario poner hincapié en la derogación del DL 3500 y que se cree un sistema público previsional de reparto, solidario, universal e integral y de financiamiento tripartito, donde los trabajadores tengamos participación en la administración de los fondos y poder de decisión sobre la inversión de ellos, los cuales, en todo caso, serán plena y consistentemente utilizados para impulsar una economía nacional que dé cuenta de las necesidades de los pueblos y los trabajadores de Chile.
Los trabajadores
públicos no deben perder de vista que los frutos de su negociación ‘colectiva’ sirven
de orientación para las negociaciones colectivas de todos los trabajadores. Es
una referencia para la patronal. Además, la unidad de financiamiento escolar
(Asignación de Subvención Escolar) por alumno se reajusta en el mismo
porcentaje que el reajuste de los públicos; es decir, tiene un fuerte impacto
en la educación pública
En 2013, el
triunfo en el gallito de la negociación fue para el gobierno derechista y para
los empresarios, quienes siempre presionan, interesadamente, por un reajuste cagón
de parte del patrón estatal. El 5% de reajuste que se acordó entonces, era casi
4 puntos inferior al 8,8% de incremento que pedían los públicos y sólo 0,6% por
encima de la oferta inicial del gobierno. En esta ocasión, los trabajadores
públicos deben movilizarse con todo por un aumento salarial real y porque
mejoren sus condiciones laborales, a tono con el proceso general de recuperación
de sus derechos que el pueblo trabajador está llevando adelante. Sobre el
particular, tenemos un valiente ejemplo en lo obrado por las bases del Colegio
de Profesores, quienes no aceptaron el espurio acuerdo que, a sus espaldas, Gajardo
y Cía habían palabreado con el MINEDUC y que hoy prosiguen la lucha por todo
Chile.
¡SÓLO LA LUCHA Y LA UNIDAD NOS
HARÁN LIBRES!
¡NINGÚN ACUERDO O REFORMA A ESPALDAS
DE LOS PUEBLOS Y LOS TRABAJADORES!
COLECTIVO ACCIÓN DIRECTA –Equipo
Sindical
Noviembre 14 de 2014
[6] Contrario sensu
de
lo planteado por los teóricos del gran capital, que insisten en el hecho de no
sumar ambos IPC, el del año corriente y el calculado para el siguiente, sino
que, cuanto más, utilizar un promedio, con lo que siempre va quedando una parte
no considerada en el aumento. Ver declaración de Cecilia Cifuentes, de Libertad
y Desarrollo, en: http://www.lasegunda.com/Noticias/Impreso/2013/12/897847/sueldos-en-la-administracion-publica-aumentan-mas-que-en-el-sector-privado
[7] Fuente: Universidad Adolfo Ibáñez, Comité
Consultivo del PIB Tendencial. En: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/09/655-595230-9-productividad-en-chile-completara-25-anos-con-alza-inferior-al-1.shtml
[8] http://econonuestras.cl/poder-de-compra-del-salario-minimo-cae-33-por-precios-de-alimentos/
Si consideramos sólo aquel año, el poder adquisitivo del salario mínimo
disminuyó en un 33% a causa de la constante alza en el precio de los alimentos.
[10] Dicha cifra equivale a dos canastas
básicas (una sola corresponde a la línea de la indigencia), cuyo valor unitario
se definió hace 25 años y que no ha sido actualizada. Ver: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/02/655-565602-9-carencias-y-vulnerabilidad-las-otras-formas-de-medir-la-pobreza-en-chile.shtml Allí
mismo, se puede leer que la mitad de los trabajadores de Santiago gana hasta
$300 mil, con lo que sus hogares quedan apenas por encima de ese nivel de
pobreza. Así, tampoco resulta ético que se pida un mínimo igual para los
Auxiliares.
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