LAS DOS DERROTAS RECIENTES DEL MOVIMIENTO POPULAR
CHILENO; SUS CONSECUENCIAS Y PERSPECTIVAS
En función de producir la necesaria discusión en el
momento actual de la formación social chilena, es que publicamos un trabajo redactado
por el destacado Compañero Juan Díaz. Si bien dicha elaboración data de julio de 2002, pensamos que no ha perdido
vigencia el análisis realizado.
Les invitamos a leer, a reflexionar, a mirar lo dicho
a la luz del Chile 2018. Nunca será negativo retomar la vieja práctica de escribir, pues ello permite la circulación de las Ideas, siempre peligrosas para quienes quieren detener la Historia.
El proceso de Rearticulación en marcha requiere de
insumos teóricos para desatar la discusión, necesita de escritos y por sobre
todo busca la voluntad puesta en marcha.
Este
Capítulo III resulta imprescindible para comprender, de algún modo, cómo los
efectos de la Segunda Derrota del MP se hacen presentes en la actualidad.
BRIGADA DE PROPAGANDA MIR-REARTICULACIÓN
LUIS BARRA GARCÍA
Octubre 26 de 2018
II LA SEGUNDA DERROTA DEL MOVIMIENTO
POPULAR CHILENO, 1986
1)
¿QUÉ FUE
DERROTADO ESE AÑO?
Formalmente, la estrategia y tácticas de los
sectores de izquierda más consecuentes, que planteaban una salida democrática y
revolucionaria no sólo a la crisis nacional abierta a partir de 1983, sino al
sistema de dominación y explotación capitalista impuesta desde 1973. Nuestro interés se centrará en demostrar cuán
profunda y amplia fue esta segunda derrota infringida al conjunto del pueblo y
a la izquierda.
El proceso de consolidación del nuevo bloque
dominante fue acompañado desde sus inicios con una fuerte represión sobre el
movimiento de masas y los partidos de la izquierda, que produjo un profundo
reflujo del movimiento popular en su conjunto.
Ello era necesario para aplastar el peligro revolucionario y además para
imponer la superexplotación del trabajo que exigía la superación de la crisis
de acumulación capitalista. La cacareada
reducción de la intervención del Estado en el mercado no significó que este no
haya seguido interviniendo (mucho más que en el pasado) en la creación de las
condiciones que incidieran en la reproducción del capital, en especial en
aquellas que tenían que ver con el trabajo.
Por otra parte, el nuevo patrón de acumulación, capitalista dependiente
primario exportador y terciario, se caracteriza porque propicia la expansión
con profundidad de algunos rubros de la economía (área de productos de
exportación, algunos servicios y el mercado de consumo de altos ingresos),
mientras que el resto se deprime o destruye; ello provoca una alta de
desocupación y el empobrecimiento de amplios sectores de la sociedad. Los mismos rubros dinámicos, los que tienen
ventajas para la exportación, contemplan entre sus ventajas la tecnificación y
la superexplotación del trabajo lo que significa que absorben poca mano de obra
y pagan bajos salarios. La implantación
de un modelo capitalista de este tipo requirió de un régimen represivo
permanente en su desenvolvimiento (hoy requiere de una democracia restringida
para su mantención). De allí que el
nuevo Estado de excepción de la burguesía monopólico-financiera dependiente
chilena se caracterizara por ser “autoritario”.
El autoritarismo no se limitó al asesinato,
detención, tortura, exilio de los dirigentes políticos y sociales del
movimiento popular. El autoritarismo
apuntó a algo más profundo, a implantar una nueva forma de relación entre el
Estado y la sociedad, que rompía los agrupamientos clasistas, atomizando social
y políticamente a las clases y capas populares.
La creencia de la izquierda en una reanimación
más pronta del movimiento popular y por ende, de la constitución acelerada de
un movimiento de resistencia popular, tiene que ver con sus aumentadas
expectativas sobre el desarrollo de las contradicciones en la clase
dominante. Efectivamente, poco después
del “golpe” comenzaron a evidenciarse estas contradicciones. La teoría marxista sobre los Estados de
Excepción señala que el hecho que se cierren los espacios de negociación
interburgués (parlamento) tiende a agudizar las contradicciones entre las
fracciones burguesas, dificultándose la estabilización de estos regímenes. Pero el problema está dado porque este
supuesto es válido para las sociedades de desarrollo capitalista más
diversificado y orgánico, lo que hace que la emergente fracción
monopólico-financiera deba hacer frente a las otras fracciones de la burguesía
como tal y mediana burguesías industrial, agraria, comercial, más fuertes. En nuestro caso, durante la UP, se produjo un
importante cambio de las correlaciones de fuerzas dentro de la clase dominante,
que sumado a las nuevas tendencias del capitalismo mundial, favorecieron la
posición de fuerza de la burguesía financiera.
Ya durante el gobierno de Frei (64-70) había tenido un importante
desarrollo un sector más dinámico de la burguesía industrial, más estrechamente
asociado al capital extranjero y que ocupaba una posición cada vez más fuerte
en el sector bancario, pero aún debía compartir la cúspide del poder con las
otras fracciones industrial, comercial y bancaria más tradicionales y
orientadas al mercado interno. Aunque parezca paradójico, el sector menos
afectado durante el período de la UP fue el más dinámico y asociado al capital
extranjero.
El
proceso de hegemonización de la burguesía monopólica, que venía desde Frei, se
aprovechó de las debilidades del período UP (especulación, traspaso a la
inversión privada de capital bancario, etc.) y su identidad de intereses y
proyecto con los intereses del capital transnacional y los militares, le
permitió después del golpe militar imponer plenamente su posición de poder
sobre el resto de las fracciones burguesas.
Siendo así, en el contexto latinoamericano, Chile fue el país donde en
forma más acelerada y drástica una burguesía monopólico-financiera, ligada a
los rubros exportadores, impuso un proceso de centralización de capitales e
implementó un nuevo patrón de acumulación de capital, ello se tradujo en un
mayor debilitamiento aún de los sectores más tradicionales de la burguesía
industrial. Ello explica porque en
nuestro país, aunque estos sectores de la burguesía tenían contradicciones
reales y agudas con la burguesía financiera (y todavía) y los militares, no
tenían la fuerza para expresarse más allá de una oposición pasiva. Aunque una situación de abiertas contradicciones
sólo vino a expresarse una década más tarde, para la crisis económica y social
nacional de 1983, también en esa ocasión se evidenció la debilidad de la
burguesía opositora.
El
movimiento popular, luego de la profunda derrota sufrida, desarrolló un intenso
reflujo. Este reflujo no se dio sólo por
la represión directa ejercida sobre él, sino también por sus consecuencias:
desarticulación, despidos, temor, desconfianza, indiferencia política,
etc. No era el momento de dar u ofrecer
batallas decisivas, tampoco de fijar objetivos inalcanzables a los trabajadores
e impracticables para ellos (tácticamente), por su grado de desarticulación,
estado de ánimo y por la represión.
Algunos sectores de izquierda creyeron erradamente que sí era posible lograr
un proceso relativamente rápido de reanimación del movimiento de masas y su
incorporación activa a la lucha antidictatorial, confundiendo las
manifestaciones de resistencia de los sectores más avanzados de ese movimiento
(que se dieron a fines del 73 y principios del 74) con los primeros indicios de
una supuesta tendencia a la reanimación popular; esto fue sólo un
reacondicionamiento de sectores de avanzada en su reflujo posterior al golpe.
Los anteriores errores de apreciación y
análisis de la izquierda, sobre todo la que resistió desde un primer momento,
la llevaron a subvalorar la capacidad represiva del nuevo Estado
contrainsurgente. En la expectativa de
que el reflujo del movimiento popular no sería tan profundo, de que era
probable una reanimación de masas, se propusieron pasar a la clandestinidad,
rechazando el asilo por principio; esto jugó un papel moral y político
importante. Pero el reflujo era mayor a
lo esperado e impidió generar una retaguardia social inmediata, que soportara
la inserción de los militantes que no se asilaron. El conjunto de situaciones en el campo
popular no brindó condiciones de seguridad como para resistir la ofensiva
represiva dictatorial en sus inicios.
En
lo internacional, a partir de 1976 se inició un remontamiento de la lucha
revolucionaria en América Central, pero en el Cono Sur se extendió y profundizó
la ola contrarrevolucionaria.
Particularmente demoledora fue la ofensiva represiva en Argentina,
también golpeada Bolivia y los revolucionarios uruguayos (que sin reorganizarse
se fraccionaron). La incipiente y débil
coordinación de los revolucionarios Latinoamericanos entró en un proceso de
deterioro; al contrario, la ofensiva represiva alcanzo mucha extensión y
profundidad, esto gracias al “Plan Cóndor”, implementado por las dictaduras
militares locales y sus aparatos contrainsurgentes, con apoyo norteamericano.
Sectores
de izquierda en Chile se logran recomponer recién a partir de 1977, gracias a
la salida de presos políticos y del aumento de la ligazón con los diferentes
frentes de masas más activos. Se crean
Comités de Resistencia; se vinculan a organizaciones sociales legales y
semilegales; se reiniciaron, ya desde el “76, las actividades de propaganda
clandestina mediante rayados, volanteos, etc.; se iniciaron pequeñas acciones
de propaganda armada, etc. A fines del
“77 la izquierda y los revolucionarios habían logrado salir del repliegue.
Los
partidos de izquierda, en general, tuvieron un costoso aprendizaje en el primer
período dictatorial, “73-“77, pues se constituyeron y desarrollaron bajo la
democracia burguesa, a través de las etapas de ascenso de las luchas populares
seguidas de un período prerrevolucionario y por tanto, sobre todo los
revolucionarios, se formaron en la práctica de la ofensiva estratégico-táctica. Se les dificultó la adecuación al nuevo
período; al igual que el movimiento popular carecían de toda experiencia de lucha bajo un Estado dictatorial;
desconocían la contrainsurgencia y sus prácticas, también el arte de replegarse
y defenderse. Cometieron así graves
errores y llegaron al borde del aniquilamiento total. Pero creemos que los partidos revolucionarios
y algunos de la izquierda tradicional, tuvieron una gran fortaleza, la
contrarrevolución no logró derrotarlos ideológicamente. Es de sus convicciones revolucionarias que
ellos obtuvieron la fuerza para mantener permanentemente en alto la bandera de
la lucha democrático popular. Ello,
sumado al heroísmo y perseverancia de sus militantes, es lo que les permitió
remontar su lucha.
Entre
1978 y 1982 se desarrolló el proceso de institucionalización del Estado
contrainsurgente y al mismo tiempo, por otra parte, el remontamiento de la
lucha de resistencia popular.
Desde 1977 la economía chilena inició un proceso de recuperación (PGB=9.9%), que se
mantuvo en altos niveles hasta el “80.
Los sectores que constituyen el eje del nuevo patrón de acumulación
demostraron un gran dinamismo y aunque la inversión no creció en la misma
medida, sí hubo un gran flujo de créditos.
La burguesía monopólica financiera había consolidado su dominio, el
movimiento popular estaba derrotado y el “boom” económico abría la expectativa
al bloque en el poder de terminar de subordinar a la oposición burguesa y
ampliar su base social de apoyo en la pequeña burguesía e incluso en sectores de
trabajadores. Es por ello que a mediados
de 1977 Pinochet anunció el inicio de un proceso de institucionalización del
régimen que se proponía materializar en una legalidad permanente (nueva
constitución, término de la reestructuración del Estado burgués) la correlación
de fuerzas alcanzada por el bloque en el poder.
El proyecto de institucionalización del nuevo
Estado muestra como eje la estrategia de contrainsurgencia, que constituye la
columna vertebral del sistema de dominación de la burguesía monopólica
chilena. Este asigna a las FFAA un papel
tutelar; concibe la perpetuación del régimen político autoritario, restricción
de las libertades democráticas y de los espacios de negociación de la oposición
burguesa y las fuerzas populares, con leyes y exclusión políticas. La contrainsurgencia además contempla una
serie de medidas institucionales estatales y más allá del Estado, que persiguen
un profundo cambio ideológico y de las relaciones sociales. Es por ello que la dictadura impulsó en esta
etapa las “siete modernizaciones”, afectando los siguientes ámbitos: relaciones
laborales; el sistema de salud; la educación; la previsión social; la
organización de la producción agrícola; la “modernización” del Estado
(adecuándolo a la represión de los descontentos); la justicia.
Juan Díaz
Julio 2002
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