“En
Chiloé todo un pueblo lucha contra quienes contaminan sus aguas”
Por
Carlos Aznárez
No es
exagerado decir que casi en el fin del mundo, en pleno Océano Pacífico, en el
sur de Chile, Chiloé es uno de los archipiélagos más referenciales de ese país.
Sin embargo, como suele ocurrir con aquellos enclaves que no implican grandes
ciudades ni su derivado de hacinamiento poblacional y consumo voraz, las islas
-como casi todo el sur- han sido históricamente ninguneadas por la metrópolis
chilena. Allí habitan, trabajan y sufren peripecias económicas para sobrevivir,
poco más de 167 mil chilotes, que es como se denomina comúnmente a los nativos
de ese lugar. Además de cada tanto recibir algunos turistas (la mayoría del
propio país), los chilotes se dedican a la pesca. En realidad, esa es
precisamente su señal de identidad y también de orgullo. Ser pescador o
pescadora artesanal (allí abunda el salmón) es para quien lo practica como
forma de vida, una verdadera cultura, que pasa de padres a hijos y que reúne su
buena cuota de sinsabores, pero también, de tanto en tanto, cae una alegría
“para ayudar a seguir aguantando”, como escribiera uno de los poetas de la
zona.
Hoy, sin embargo,
Chiloé se ha transformado en una gran barricada de protesta, por culpa de las
grandes empresas salmoneras que han convertido al archipiélago en un gigantesco
centro de contaminación. Al parecer, la impunidad y el desprecio por quienes
trabajan y viven en las islas, ha provocado que muchas de estas compañías que
habitualmente comercializan el salmón, arrojen al mar toneladas de nutrientes
de los desecho de pescados. Esto ha provocado un aumento desproporcionado de la
cantidad de algas, incentivando así la denominada marea roja, que actualmente
amenaza numerosos puntos pesqueros del Pacífico. Como se sabe, cuando se da
este fenómeno el consumo de mariscos contaminados puede afectar seriamente la
salud de las personas, incluso generar la muerte, y por eso las autoridades
chilenas han llamado a la población a comprar estos productos solo en lugares
autorizados, además de limitar al máximo la pesca hasta que el mal remita.
Esto quiere decir
que Chiloé vive una catástrofe medioambiental en toda línea, y que como
consecuencia de la misma, los pescadores son los que llevan la peor parte. Al
no echarse a la mar, no pescan y por lo tanto no cobran ni pueden alimentar a
sus familias. Pero lo peor de todo este cuadro, es que como siempre ocurre,
fueron precisamente esos trabajadores y trabajadoras los que desde hace tiempo
advirtieron al gobierno de Michelle Bachelet sobre la actitud criminal de las
grandes empresas salmoneras, al irrespetar las normas básicas para no
contaminar. Nada obtuvieron, ya que el gobierno hizo oídos sordos frente a
demandas tan justas, y por supuesto los empresarios siguieron haciendo dinero y
multiplicando sus maniobras de destruir el medioambiente.
