Declaración pública de la Comisión Ética Contra
la Tortura (CECT) sobre las nuevas apuestas de leyes de excepción y cuerpos
policiales que el Gobierno pretende colocar en funcionamiento.
DECLARACION PÚBLICA
Por equipo de trabajo CECT
La Comisión Ética Contra la Tortura ante
las declaraciones del Gobierno respecto de las modificaciones a la Ley
Antiterrorista y a sus anuncios en materia de Inteligencia, expone ante
la opinión pública lo siguiente:
1.- Solicitamos al Gobierno derogar de
manera inmediata la Ley Antiterrorista actualmente vigente, herencia de la
dictadura militar que ha permitido perseguir a luchadoras y luchadores
sociales, ayer concebidos como “enemigos internos” en el marco de la Doctrina
de Seguridad Nacional y el terrorismo de Estado y hoy aplicada al mapuche que
se opone al sistema de explotación sin límites que destruye sus tierras,
depreda sus bosques, contamina sus aguas, acaba con sus cementerios, entre
otras consecuencias que se derivan de los proyectos económicos en territorios
ancestrales.
2.- La Ley Antiterrorista y cualquier
sucedáneo es un instrumento jurídico desestabilizador de la democracia y reñida
con los derechos humanos. Esto lo ha hecho evidente el fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Norín-Catrimán y otros versus la
República de Chile, notificado el día martes 29 de julio de 2014. Este fallo ha
señalado que las resoluciones judiciales bajo aplicación por parte del Estado
de Chile de la Ley Antiterrorista violaron el principio de legalidad y el
derecho a la presunción de inocencia, así como denotaron estereotipos y
prejuicios que determinaron la violación de los principios de igualdad y no
discriminación. Al mismo tiempo la Corte estableció que dichos fallos
provocaron violaciones al derecho de la defensa y del derecho de recurrir a los
mismos. En consecuencia, las condenas en este caso han sido consideradas
arbitrarias y absolutamente contradictorias con la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, revelando que la aplicación de la Ley Antiterrorista por
parte del Estado de Chile permitió la persecución ilegal y criminalización de
la protesta social mapuche.
4.- Nos parece del todo inapropiado
presentar ante la opinión pública, en una misma línea discursiva, de una parte
la aplicación y modificaciones a la Ley Antiterrorista vigente y de la otra la
creación de un nuevo cuerpo policial bajo la orden directa del gobierno que no
es otra cosa que una policía política que pretende naturalizar la infiltración
policial en los movimientos sociales. Los agentes encubiertos en las
marchas estudiantiles y mapuche que animan la violencia; los policías con
credenciales de periodistas en manifestaciones y la infiltración como ha sido
el caso de Raúl Castro Antipán en un grupo mapuche por orden de Carabineros de
Chile, con el fin de alentar e instigar la realización de actos que luego
significaron años de prisión para una decena de jóvenes mapuche (ataque a Tur
Bus, año 2005), lo único que evidencian es la comisión de delitos graves
realizados por agentes del Estado, en nombre de una supuesta lucha contra el terrorismo
y la violencia.
5.- La soberanía y la democracia son bienes
que deben protegerse y resguardarse. Las acciones que han anunciado ciertas
autoridades del Estado desde los sucesos del lunes 8 de septiembre han tenido
como su primera víctima al frágil sistema democrático construido post
dictadura. De paso, estos gestos han negado la capacidad investigativas de las
instituciones policiales, en tanto organismos auxiliares del sistema de
justicia, dejando como segunda víctima nuestra soberanía y en claro entredicho
nuestra autodeterminación como Estado, al convocar a cuerpos policiacos
extranjeros como el norteamericano. Ante este escenario exigimos que se
respeten las instituciones chilenas y su funcionamiento efectivo en la
investigación de los graves delitos que la opinión pública ha conocido, se
identifique realmente a los responsables y no se culpe a priori y encarcele a
inocentes que luego son absueltos por la propia Justicia que recurriendo a las
herramientas establecidas han tipificado y definido los delitos y castigos en
el Código Penal. Chile, la policía y el sistema Judicial no requieren de
agentes especiales venidos del país del norte; sólo necesitamos que cada
institución del Estado ocupe su lugar y funcione.
6.-Finalmente, llamamos a los movimientos
sociales y al movimiento de defensa y promoción de los derechos humanos a no
permitir que gane terreno el terror y el amedrentamiento con el que se nos
quiere hacer callar. Luchamos por una democracia plena para Chile y su gente,
así como por la soberanía, autodeterminación, las libertades civiles y
políticas como derechos esenciales de nuestro pueblo. Ya es hora de terminar
con todos los pretextos que nos impiden cambiar la constitución dictatorial y
construir una democracia cuyo pilar fundamental tenga la voz del pueblo como
soberano y la plena vigencia de los derechos que hoy nos son negados.
Comisión Ética Contra la Tortura
26 de Septiembre de 2014
COMISION
ETICA CONTRA LA TORTURA
13 años
luchando contra el crimen de la tortura
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La CECT adhiere al movimiento para que
DECLAREMOS ILEGAL LA POBREZA, forma de tortura permanente que ataca a miles de
seres humanos.
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