El atraso a causa de su estatus colonial y una drástica ley imperial de 1920, impiden una reconstrucción efectiva y oportuna luego de que la isla fuese devastada por el gigantesco huracán, a fines de septiembre
El huracán María es la tormenta más poderosa que ha azotado a Puerto Rico en más de 80
años. Dejó a la isla sin electricidad, servicio que quizá tarde seis meses en
restablecerse del todo. Derribó árboles, rompió ventanas, se llevó techos y
convirtió las calles en ríos.
Con
el argumento –hoy por hoy bastante obsoleto- de los ataques de los submarinos
alemanes, luego de la Primera Guerra Mundial el congreso del Imperio promulgó
la Ley de la Marina Mercante de 1920 (conocida como la Ley Jones), cuyo egoísta
objetivo era garantizar que la Roma imperial de nuestros días pudiera mantener
su industria de construcción naval y proteger a su fuerza de trabajo marítima
aunque ello fuese en desmedro de su colonia de Las Antillas.
La
sección 27 de dicha ley, establece que solo los barcos estadounidenses pueden
transportar bienes y pasajeros entre puertos de ese país. De igual manera, solo
ciudadanos estadounidenses pueden construir los barcos, trabajar en ellos o ser
sus propietarios. Casi un siglo después, ningún submarino acecha la costa de
Puerto Rico, así que el propósito original de la Ley Jones ya no tiene razón de
ser. Sin embargo, su aplicación sigue asfixiando la economía de la isla y la
vida de l@s boricuas.
Las
embarcaciones extranjeras tienen otra opción: cambiar de ruta y dirigirse hacia
Jacksonville, Florida, donde pueden trasladar toda su mercancía a una
embarcación estadounidense para enviarla a Puerto Rico. Con todo, también en
este caso el consumidor termina absorbiendo los costos derivados del cambio de
ruta.
A
causa de esta ley, el precio de la mercancía proveniente del área continental
del país se dispara por lo menos al doble que en las islas vecinas, incluidas
las Islas Vírgenes de EE.UU., donde no se aplica esa ley. También cabe destacar
que el costo de vida en Puerto Rico es un 13 por ciento más elevado que en 325
áreas urbanas del resto de la potencia imperial, aunque el ingreso per cápita
es de unos 18.000 dólares, casi la mitad que en Misisipi, el más pobre de los
50 estados.
Se
trata de una extorsión, un vil chantaje, y el mercado de Puerto Rico se
encuentra cautivo. La isla es el quinto mayor mercado del mundo para los
productos de su dueño, EE.UU.; en Puerto Rico hay más Walmarts y Walgreens por
kilómetro cuadrado que en cualquier otra parte del planeta.
Emergencia
obliga al gobierno del payaso Trump a levantar el embargo
Como
la crisis humanitaria a causa de “María” estaba a punto de estallar en Puerto
Rico, a lo que se sumaron voces de denuncia sobre la aplicación de esa absurda
legislación, tanto del ámbito interno norteamericano como internacional, recién el pasado jueves 28 el gobierno del clown Donald Trump decidió levantar, de
forma temporal, la Ley Jones.
Trump,
abrumado por las críticas ante la respuesta del gobierno federal a la crisis
humanitaria en la devastada isla, había señalado en la víspera que no eliminaba
las restricciones, “porque existía oposición de los dueños de barcos
estadounidenses”.
Finalmente
el Departamento de Seguridad Interna (DHS) anunció que levantará la Ley Jones
durante un periodo de 10 días para ayudar a las tareas de transportación y
distribución de combustible, alimentos, medicinas y agua a los 3.5 millones de
residentes en la isla. Bajo el nuevo arreglo, todas las embarcaciones, al
margen de la bandera con la que naveguen, podrán realizar operaciones de carga
a la isla con cualquier tipo de mercancía.
Cabe
consignar que la Ley Jones fue –en contraste con lo ocurrido ahora en Puerto
Rico- rápidamente eliminada de forma temporal en septiembre en Texas, con el
fin de ayudar allí en las tareas de reconstrucción tras los daños ocasionados
por el huracán "Harvey".
Además,
el insustancial de Trump tardó solamente dos días en visitar Texas después del
huracán Harvey y tres en acudir a Florida tras Irma. Pero, ahora, se demoró 13
días en acudir a la desechada colonia luego del pasó de “María”, éste martes 3. Entonces, criticó a las autoridades locales, a su pueblo, minimizó los efectos del siniestro y no encontró nada más desfachatado que lanzar
rollos de papel a un grupo de damnificados alojados en una iglesia.
Urge la
ayuda para reconstruir Puerto Rico, pero también su independencia
El
regente imperial amplió la última semana del pasado septiembre la declaratoria
de emergencia para Puerto Rico, a fin de incrementar el nivel de ayuda federal
para la remoción de escombros y medidas de protección de emergencia como
resultado del huracán "María". Sin embargo, residentes de Puerto
Rico, en especial en la contigua isla de Vieques, se quejaron de que la ayuda
no llega a sus manos, siguen sin electricidad ni telecomunicaciones, mientras
que miles están varados en los aeropuertos sin poder viajar a Estados Unidos.
Asimismo,
resultaba urgente levantar esa especie de embargo a la menor de las Antillas,
toda vez que se estaba acumulando una gran reserva de alimentos, agua y
medicamentos en el puerto principal de San Juan, ya que la escasez de
camioneros y combustible impedía que la ayuda fuera entregada a l@s habitantes
de la isla, muchos de los cuales siguen sin electricidad ni agua potable y permanecen
incomunicados más de dos semanas después de que el huracán María devastara la
isla. Al menos 10.000 contenedores de transporte con suministros de ayuda se
encontraban almacenados en aquel puerto, al 29 de septiembre, una cantidad abrumadora para los 4.400 militares
estadounidenses que ocupan la ínsula y que intentaban distribuirlos en las
zonas rurales, donde gran parte de la infraestructura está en ruinas.
Favorablemente,
las consecuencias de suspender la Ley Jones serían inmediatas y tendrían
grandes efectos. Resulta impúdico que capitales privados se aprovechen de la
población boricua con precios elevados y que usufructúen de la carencia de
alimentos y materiales de construcción y habida consideración que la perla de
los mares ya antes del paso de “María” se encontraba en bancarrota y sumida en
una profunda crisis.
En
suma, ya es hora de que el congreso y la población estadounidense actúen con
ética y responsabilidad y suspendan de una vez y para siempre la aplicación de
la Ley Jones en Puerto Rico. Además, resulta más urgente que nunca que el gran
pueblo puertorriqueño dé un impulso a su lucha por la independencia total de
las garras del imperio.
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Colectivo
Acción Directa Chile -Equipo Internacional
Octubre 4 de 2017
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