“Hoy todo el mundo habla de grandezas y de progresos y les
pondera y les ensalza considerando todo esto como propiedad común disfrutable
por todos. (…) pero me permitiréis, que los coloque en el sitio que corresponde
y que saque a la luz todas las miserias que están olvidadas u ocultas o que por
ser demasiado comunes no nos preocupamos de ellas”, Luis Emilio Recabarren, Ricos y Pobres, 03/09/10
Ayer, la directiva de la CUT (conformada en
su cuasi totalidad por integrantes de los partidos de gobierno) dio su opinión
sobre el fútil proyecto de reforma laboral que la Nueva Mayoría (NM) se prepara
a lanzar a trámite legislativo éste lunes 29: “Es una reforma medianamente buena”.
En
la misma campante línea, los ministros de Hacienda, Alberto Arenas, y Trabajo,
Javiera Blanco, precisaron los contenidos de la propuesta y ratificaron que
gran parte de las demandas de la multisindical, que sólo se centran en la
negociación colectiva de quienes pueden hacerlo y de dar facilidades para la
sindicalización, serán incluidas en el proyecto que se enviará al congreso. Por
ejemplo, se terminaría con el reemplazo en huelga con trabajadores internos o
externos, aunque no se dice que ello se relativiza según sean las condiciones ofrecidas
en la negociación por la patronal; se establece la titularidad sindical, pero con
la siguiente fórmula: el sindicato, pero sin aclarar que pasa en los casos en
que exista más de uno, es el que puede extender los beneficios logrados en la
negociación colectiva; el empleador lo puede hacer, siempre y cuando tenga el
consentimiento de la agrupación sindical, pero tampoco se dice que pasa cuando
hay otros sindicatos. También, se modificarán los artículos 159 y 161, que
regulan las causales de despido, estableciendo ambas normas como prácticas anti
sindicales cuando se utilizan después de la negociación colectiva. En este
último caso, cualquier dirigente o trabajador que haya sido despedido por alguna
causa injusta, sabe que de darle la razón la Inspección del Trabajo, el empleador
puede apelar al dictamen y que ello da origen a un círculo que puede repetirse ad infinitum.
Por
supuesto que en línea con la vendida de pomada de los ministros, acerca de lo
positivo que significarían los puntos mencionados, estos fueron igualmente ensalzados
por la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, quien recordó que, de todas formas,
quedan temas pendientes: incluir en la ley de pisos mínimos el reajuste por IPC
y la negociación inter empresas, específicamente la posibilidad de negociar de
forma sectorial; además, queda fuera el artículo 384, que impide a los
trabajadores de empresas estratégicas adherir a la huelga. La CUT manifestó su
molestia, además, con la ampliación de las materias objeto de negociación.
No
obstante, la multisindical olvida poner en el tapete las dos problemáticas que de
fondo contribuyen a la pésima situación de los trabajadores hoy en Chile: el
código laboral (más bien patronal) y toda la legalidad del caso, por un lado y la
extendida situación del trabajo precario y flexibilizado, de otro lado, expresado
éste último en que más de un tercio de los explotados labora en el ámbito contractual
tercerizado, al que habría que agregar la enorme masa no cuantificada de trabajadores
que laboran por horas o jornadas parciales, la que incluye tanto a personal sin
calificación (del sector servicios, juniors, administrativos, servicio
doméstico, etc.), como a profesionales (profesores, ingenieros y otros que laboran
en proyectos diversos, mantención de equipos, consultorías, etc.).
Bárbara
Figueroa, los diputados y la dirigencia del PC, como buenos sparrings del
bloque en el poder, se han dedicado a responder los cuestionamientos de los
presidentes de la UDI, Ernesto Silva, y de Renovación Nacional, Cristián
Monckeberg, quienes están gritando y pataleando a fin de contener cualquier
atisbo de avance en materias laborales y de seguridad social que pudiera asomar
en la reforma gubernamental. Con decir que la derecha llama al gobierno a
perderle el miedo a la CUT y al PC en la elaboración de una agenda laboral que
ellos ven como una ‘amenaza’ para los intereses de los trabajadores y la clase
media.
Con anterioridad, dieron a conocer sus negativas visiones sobre cualquier
mejora laboral los regentes de la SOFOFA y de la CPC. En resumen, los dueños
del país no quieren cambios en las formas en que explotan a los trabajadores y que
puedan afectar sus ingentes tasas de ganancia, aunque ello está en la base de
la pésima distribución del ingreso de nuestro país. Ellos no desean que se
operen reformas en el sistema de explotación que heredaran de la dictadura cívico-militar
los gobiernos de esta falsa democracia y que tan bien han venido administrando
por casi 5 lustros.
