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domingo, 9 de abril de 2017

VOCERA ACES: DEMOCRATIZAR, ORGANIZAR Y COMBATIR


“Vocera ACES: Es importante aclarar que la Reforma a la Educación no da soluciones”

En Radio y Diario U. de Chile  –public. 8/4/17

Sara Robles se transformó en la nueva vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. La alumna del Liceo Siete de Providencia señaló que dentro de las reformas a la educación no hay cambios sustanciales. Además, llamó a marchar este 11 de abril

Mientras el proyecto que crea el Sistema Nacional de Educación Pública se discute en el Congreso, los jóvenes agrupados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) eligieron a su nueva vocera. Se trata de Sara Robles, alumna de cuarto medio del Liceo Siete de Providencia, miembro de la ACES hace dos años y ex vicepresidenta del Centro de Estudiantes de su establecimiento.
En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, la joven de 17 años criticó las reformas que se discuten en el parlamento, tomó distancia del contexto electoral y enfatizó en que lo más importante para el movimiento radica en comunicar a la ciudadanía que los cambios demandados están lejos de concretarse. Además, hizo un llamado a movilizarse este 11 de abril en la primera marcha estudiantil del año.

¿Cuál es el eje de las demandas para este año?

Nosotros como Asamblea estamos en un proceso de rearticulación de nuestra propuesta educativa, la cual se actualizó por última vez el 2013. En la última asamblea metropolitana decidimos hacer una reprogramación de todos los puntos que teníamos y ver que nos falta. Creemos que hay demandas súper importantes que hoy están fuera, como por ejemplo, la educación no sexista y algunos puntos que tienen que ver con el financiamiento.

miércoles, 27 de agosto de 2014

MOVIMIENTO SECUNDARIO RECHAZA FALLO ANTI-TOMAS Y LEVANTA DECÁLOGO EMBLEMÁTICO



"Destruye la democracia al interior de los liceos”; 

"Se asimila a las prácticas autoritarias y
represivas que vivieron los estudiantes
durante la dictadura"

Lorenza Soto.


La resolución aprobada la semana recién pasada, que afecta al Instituto Nacional pero que de seguro tendrá efectos sobre todas los demás establecimientos movilizados, veta las votaciones de los alumnos y obliga a la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, a garantizar que las clases se realicen. La Corte de Apelaciones de Santiago ordena que la edil impida nuevas tomas, al acoger el recurso presentado por un grupo de padres y apoderados del emblemático establecimiento,[1] que sostenían que las ocupaciones violan el derecho a la libertad de enseñanza de los alumnos. Con ello, la corte desconoce la democracia directa ejercida para definir y determinar tales acciones al interior de la comunidad educativa y, es más, la llega a coartar aún antes que pueda ser llevada a la práctica, lo que atropella los más básicos conceptos democráticos.

Según el fallo, la edil debe adoptar oportunamente todas las medidas necesarias ante eventuales nuevas tomas, para "garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar"; nótese que lo que entrega el establecimiento es un ‘servicio’; es decir, una mercancía. Además, establece que los estudiantes "deberán abstenerse de organizar o llamar a votaciones sobre tomas y paralizaciones de las actividades escolares, como así también que se materialicen las mismas”; o sea, con esto volvemos a los tiempos de la odiosa dictadura cívico-militar.

Más encima, la resolución deja sin efecto el "Protocolo" suscrito por la Dirección de Educación Municipal de la Municipalidad de Santiago y los estudiantes, debiendo además la autoridad edilicia y todo otro órgano municipal abstenerse de firmar cualquier documento que fije condiciones o requisitos para la procedencia y mantenimiento de tomas o paralizaciones referido al establecimiento educacional. Frente a todo esto y muy demócrata ella, la alcaldesa decidió apelar argumentando que “prohibir que los estudiantes voten los paros o las tomas no va a disminuir su ocurrencia y conculca el derecho a expresarse y ser escuchados que tienen los niños y adolescentes de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile”. Además, desde la Municipalidad aclararon que “es una atribución de la autoridad municipal evaluar qué medios emplear para resolver un conflicto social”.