"Destruye la democracia al interior de los
liceos”;
"Se asimila a las prácticas autoritarias y
represivas que vivieron los estudiantes
durante la dictadura"
Lorenza
Soto.
La resolución aprobada la semana recién
pasada, que afecta al Instituto Nacional pero que de seguro tendrá efectos
sobre todas los demás establecimientos movilizados, veta las votaciones de los
alumnos y obliga a la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, a garantizar que
las clases se realicen. La Corte de Apelaciones de Santiago ordena que la edil impida
nuevas tomas, al acoger el recurso presentado por un grupo de padres
y apoderados del emblemático establecimiento,[1] que
sostenían que las ocupaciones violan el derecho a la libertad de enseñanza de
los alumnos. Con ello, la corte desconoce la democracia directa ejercida para
definir y determinar tales acciones al interior de la comunidad educativa y, es
más, la llega a coartar aún antes que pueda ser llevada a la práctica, lo que
atropella los más básicos conceptos democráticos.
Según el fallo, la edil debe adoptar oportunamente todas las medidas necesarias ante eventuales nuevas tomas, para "garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar"; nótese que lo que entrega el establecimiento es un ‘servicio’; es decir, una mercancía. Además, establece que los estudiantes "deberán abstenerse de organizar o llamar a votaciones sobre tomas y paralizaciones de las actividades escolares, como así también que se materialicen las mismas”; o sea, con esto volvemos a los tiempos de la odiosa dictadura cívico-militar.
Más encima, la resolución deja sin efecto el "Protocolo" suscrito por la Dirección de Educación Municipal de la Municipalidad de Santiago y los estudiantes, debiendo además la autoridad edilicia y todo otro órgano municipal abstenerse de firmar cualquier documento que fije condiciones o requisitos para la procedencia y mantenimiento de tomas o paralizaciones referido al establecimiento educacional. Frente a todo esto y muy demócrata ella, la alcaldesa decidió apelar argumentando que “prohibir que los estudiantes voten los paros o las tomas no va a disminuir su ocurrencia y conculca el derecho a expresarse y ser escuchados que tienen los niños y adolescentes de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile”. Además, desde la Municipalidad aclararon que “es una atribución de la autoridad municipal evaluar qué medios emplear para resolver un conflicto social”.
