CONCEPCIÓN EN MOVIMIENTO DENUNCIA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL POR PARTE DE LA NUEVA MAYORÍA

CONCEPCIÓN EN MOVIMIENTO DENUNCIA Y CONDENA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA NUEVA MAYORÍA Y LA DERECHA

En Concepción, a 7 de octubre de 2014

AL PUEBLO Y A LOS TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN Y AL MOVIMIENTO POPULAR CHILENO

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:

Nuestra organización denunció, el 15 de septiembre pasado, el dictatorial proceder de la autoridad política de la provincia de Concepción, encabezada entonces por el gobernador (s) Jorge Cáceres y su jefe de gabinete Lautaro Benítez, quienes autorizaron la brutal represión con que fuerzas especiales de carabineros actuaron sobre cientos de personas, quienes, legítimamente, nos manifestábamos a fin de rememorar los 41 años del fatídico golpe de Estado. Asimismo, declaramos nuestro repudio frente a la bestialidad policial y exigimos que respondieran por ello el jefe de la prefectura de carabineros penquista, coronel Carlos Pereira y el encargado de la 5a comisaría de FFEE de Concepción, mayor Hernán Flores.

No obstante, debemos anotar que esa cruel represión no fue un hecho aislado. Desde comienzos de septiembre y a lo largo de todo el país, hemos asistimos a un proceso de criminalización y de aplastamiento de toda forma de demanda o protesta social. Qué cinismo y qué descaro el de la autoridad política, que asegura que es lo mismo la acción de aquel que pone una bomba, sin medir sus consecuencias políticas, que la justa demanda de aquel que reclama por mejorar sus malas condiciones de vida. Desde el oficialismo se ha comenzado a calificar de ‘peligroso’ y hasta de ‘terrorista’ a aquel que lucha por contar con educación y salud gratuitas y de calidad, con viviendas sociales adecuadas y dignas, porque haya justicia en los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar y hasta hoy, por oponerse a una legalidad laboral que permite la precarización y la extrema explotación de los trabajadores, por resistir la opresión y la criminalización estatales en contra del pueblo Mapuche. Es más, hoy por hoy la Nueva Mayoría, con o sin la presión de la derecha, coloca a todos los anti-sistémicos en la misma bolsa y decide que todos ellos deben ser pisoteados y considerados seres inferiores, sin derecho de ninguna especie, atentando de paso con los derechos civiles de toda la población.

Actualmente, producto del clima de terror creado por los representantes de los dos bloques políticos reinantes y por la prensa en manos de unos pocos monopolios informativos, se avanza en la aprobación de medidas y de leyes propias del obscuro período dictatorial: escuchas telefónicas, formación de agentes encubiertos (con apoyo del FBI), capacidad operativa de la ANI, endurecimiento de la legalidad anti-terrorista, seguimiento de sospechosos sin orden de un tribunal competente, etc., etc. Con ello, se está relativizando el respeto de los derechos civiles y políticos, individuales y colectivos, que se supone protegen nuestra libertad; se está conculcando injustificada y crecientemente, por parte del poder político, el derecho que tenemos todos los ciudadanos para manifestarnos y hacer ver nuestros reclamos y nuestra legítima protesta frente a tanto abuso. En síntesis, se está coartando nuestra posibilidad de participar plenamente en la vida civil y política de nuestro país en condiciones de igualdad y sin discriminación. De tal manera, la Nueva Mayoría y la derecha desconocen la Carta Internacional de DDHH y todos los convenios que dicen relación con la defensa de estos.

El discurso y las acciones de las autoridades políticas en estas semanas, del país y de nuestra zona, están vulnerando los derechos civiles que incluyen la garantía de la integridad física y moral, la seguridad de las personas, de sus domicilios y de las comunicaciones; la protección contra la discriminación originada en cualquier condición personal o social. Están conculcando los derechos individuales, entre ellos los de libertad de pensamiento, de expresión y de prensa, junto con los derechos de participación en la vida civil y política, de petición, el derecho de reunión y manifestación, el derecho de asociación, etc. Estamos asistiendo al menosprecio de las garantías procesales; por ejemplo, cuando a los detenidos ilegalmente por lo del ‘11’ se les impidió recibir asistencia oportuna, representación y defensa jurídica.

Por ello, ¡Basta ya de criminalizar la protesta social! ¡Basta ya de llamarnos ‘delincuentes’ y ‘elementos provocadores’! Nos asiste todo el derecho al pueblo y los trabajadores a aumentar la presión social para que sean respetados nuestros derechos básicos y los propios de una democracia; para que funcionen los mecanismos legales que impidan que un funcionario, civil o policial, haga lo que quiera con los manifestantes que ejercen su derecho a expresar pública y masivamente sus demandas.  

¡A RECUPERAR TODOS LOS DERECHOS

PARA EL PUEBLO TRABAJADOR!

CONCEPCIÓN EN MOVIMIENTO