Joan Garcés, uno de los principales asesores de Salvador Allende, luego
del golpe
Lo acaecido en el plano de la política en lo
que va recorrido desde 1990, pero con especial atención desde fines de 2010, pone
de manifiesto que el sistema político en curso no es democrático ni
representativo de la soberanía popular, y que los diversos gobiernos a lo largo
de ésta supuesta democracia ‘recuperada’ no tienen interés en resolver dicha impasse,
ni siquiera en los marcos de una limitada democracia liberal.
Decíamos,
en junio pasado, que nos enfrentábamos a una especie de empate político entre
los pueblos y los trabajadores, de una parte, y el bloque político de Estado
(BPE)[1], de la
otra. Empate en términos de las concretas y virtuales prácticas políticas de
clase, pero no al nivel de la ética, los principios y la moral sustentados por
ambos campos, donde los primeros superan con creces a los últimos. Aclarábamos que
una gran parte de los pueblos y trabajadores ya no se tragaban el cuento de una
democracia que nunca termina por concretarse o que lo hará el día que los
milicos dicten cátedra en DDHH. Esta no es una ‘transición a la democracia’; es,
ni más ni menos, que la democracia de baja intensidad inherente a un régimen
político que avala y vela por la mantención de un sistema de explotación y
dominación extremadamente injusto, desigual y discriminador.
Pero,
¿qué es lo que ha permitido a la gran mayoría nacional darse cuenta que ésta
democracia no vale un peso, lo que se demuestra en las movilizaciones sociales
contrarias a diversos aspectos y reformas del sistema de dominación, en los
resultados de las encuestas de opinión y en la conversación diaria?; sencillo,
el movimiento y el sonido de las cadenas que portábamos cuando el movimiento de
masas comenzó a agitarse.
