Argentina:
La crisis revelada
“…si por desgracia
hubiéramos aflojado estaríamos bajo tierra.”
Juan José Castelli
Supervisado paternal y
obligatoriamente por metodologías del Fondo Monetario Internacional (productor
de deuda con hegemonía norteamericana para ganar y orientar economías dependientes),
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reveló que la inflación
de enero de 2014 llegó a 3,7% en los precios minoristas y a 4,9% en los
mayoristas. Desde que el INDEC fue intervenido por el gobierno nacional el 2007
que no se ofrecía una cifra tan verosímil respecto de la inflación o Índice del
Precios al Consumidor (IPC).
De esta manera, casi de
soslayo, el Ejecutivo transparenta la crisis argentina, perdiendo su estado de
pura ‘sensación térmica’ y creación mediática. En el corto plazo, la Casa
Rosada y el empresariado usarán los nuevos números del IPC como una señal
fosforescente dedicada a la fracción de los trabajadores que puede negociar
colectivamente su salario (atrasado por lo menos en un 30 % anual, según el
economista Julio Gambina) y así modere
su exigencia a la hora
de las paritarias que comienzan en marzo con los docentes.
Ese es el mensaje que le
toca a la fuerza de trabajo organizada tradicionalmente. Si bien el resultado
de las negociaciones opera como cifra referencial para la mayoría de los
asalariados que están inhabilitados para pactar nada, ¿en qué condiciones
quedarán los trabajadores en negro,
los que no pueden sindicalizarse por imposición factual o contractual, los que
se desempeñan en pymes y trabajos basura, los niños y mujeres expoliadas en el
campo y el comercio, los jubilados, los migrantes fronterizos, la mayoría que sobrevive de la venta
de su trabajo y la deuda, los que sólo sienten algo parecido a la vida
fuera de su horario laboral?
Sin embargo, el permiso
forzoso de vigilancia del FMI ofrecido por el gobierno de turno tiene como
sentido político-económico superior y estructural disminuir el riesgo-país para
aminorar los costos de la inversión y cumplir con los requisitos para solicitar
nuevos créditos a esa propia entidad y otras. Es decir, para intentar
reconquistar a los capitales que se reproducen en otros lechos, lejos de la
economía local, y calcificar el famélico ahorro estatal para poder hacer frente
a las deudas varias.
Demolida la escenografía
de cartón nacional-desarrollista, también se aclara el lugar de Argentina en la
crisis mundial que atraviesa el capitalismo desde el 2007. La combinatoria de
estanflación, déficit de reservas fiscales y de balanza comercial, cancelación
de deuda externa ilegal y especulación en toda la cadena de valorización del
capital (producción (no importando su procedencia)-distribución-consumo) obliga
a una administración política liberal a observar confesionalmente el manual de
los ajustes estructurales que gobiernan el capitalismo del siglo XXI para
economías periféricas.
Si no hay
nacionalizaciones estratégicas –comercio exterior, banca, servicios básicos;
gran industria sojera, petrolera, minera, frutícola y cerealera; textil,
siderúrgica, del plástico, del montaje automovilístico, del transporte- ni hay
reforma agraria en vistas de la soberanía alimentaria, entonces hay devaluación del peso en relación a la divisa
dominante, disminución real del salario, más explotación laboral, más
subcontratismo, más informalidad y subempleo, más concentración del capital;
rebaja de requisitos jurídico-laborales y ambientales para los inversionistas;
más primarización agrosojera, desfinanciamiento de la salud, la educación, las
pensiones, y menos recursos para programas de contención social y formadores de
clientela electoral. Más miseria, más ferias libres para vender lo que sea.
Y como los salarios
tampoco alcanzan para llegar a fin de mes, en consecuencia, hay deuda. Pero ni
siquiera deuda bancaria para el consumo porque las exigencias para morigerar el
riesgo que corre la banca convencional son imposibles de reunir. Se trata de
deuda tomada en financieras donde el Esquema Ponzi (http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_Ponzi)
hace nata y el pago en cuotas del retailer (tiendas y supermercados) no está ni
siquiera centralizado informáticamente, lo que promueve aún más el crédito
descontrolado. ¿En cuántos salarios estará endeudado un trabajador promedio en
Argentina? ¿Habrá comenzado la crisis de morosidad?
Pero las nacionalizaciones
por sí mismas no son garantía de un pasar más llevadero para las grandes
mayorías si no es la propia sociedad organizada quien se hace parte protagónica
y sujeto de administración racional del excedente proveniente de las
nacionalizaciones. De esa manera, recién podría hablarse de propiedad social.
No olvidando, claro está, que el Estado argentino es burgués y que, por tanto,
sólo el devenir sin fecha de la lucha de clases determinará las condiciones,
tiempos y modos de la realización de las medidas arriba amontonadas.
Ahora bien, el Estado
argentino no sólo es burgués, sino que su forma de administración actual, al
igual que en la inmensa mayoría del continente, corresponde a una democracia
representativa eminentemente antipopular, sin pueblo, sin participación
significativa de la sociedad. La gente tiene derecho a opinar y a reunirse en
tanto sus opiniones y reuniones no devengan en armadura orgánica conciente de
sus intereses, en acción y, en consecuencia, en posibilidad de superación
política anticapitalista de lo que existe inestablemente, pero bien o mal
mantiene el orden de las cosas. El orden del movimiento interno de la
explotación del trabajo humano, del saqueo extractivista, de la mansedumbre y
distracción social necesaria para
ganar tiempo por arriba, del consenso y naturalización de la desigualdad
general a cambio de la libertad de la juventud empobrecida para elegir un
equipo de fútbol y verter su indignación en los estadios.
El gobierno argentino no
confía en la sociedad. Tiene cara de madre, pero es un padre opresivo que busca
la infantilización política de la mayoría y sólo aprecia y premia la
obsecuencia. En Argentina no existen plebiscitos ni consultas populares sobre
ámbitos revelantes de la vida. Ni siquiera para conocer las preocupaciones y
propuestas de la gente. A nivel municipal, a veces, hay cabildos consultivos,
pero jamás vinculantes. Son la dramatización repetida del muro de los lamentos,
el lugar de la queja, el grito ineficaz, el anhelo y la exposición estudiada
antes de archivarse nuevamente.
Sin trabajadores y pueblos
enfrentando de manera unitaria y solidaria –no corporativa y dispersamente- la
ofensiva liberal, con independencia de los partidos políticos funcionales al
capital, del empresariado y del Estado, se encogen las posibilidades de que el
movimiento popular concreto pase de la resistencia a la propuesta e iniciativa
política y económica.
La crisis está en curso y
es ahora mismo cuando se mide la estatura política y ética de los circuitos más
conscientes del pueblo.
