Sólo después de una presión política diferenciada
y de una orden judicial, éste martes 6 el Servel fue capaz de entregar a la
Fiscalía Nacional los aportes que la empresa Corpesca entregó a diversos
politicastros de la Nueva Mayoría y de la derecha política
El Servicio
Electoral (Servel) entregó éste martes 6, en manos del fiscal nacional
Sabas Chahuán, los antecedentes requeridos por la persecutora Ximena Chong en
relación a los aportes reservados realizados por Corpesca a seis candidatos al senado
durante las elecciones de 2009 y 2013. La fiscal metropolitana centro-norte
Ximena Chong es parte del equipo que investiga el financiamiento “irregular”
(léase ilegal) de la política, cuerpo que es liderado por aquel fiscal jefe del
Ministerio Público.
Se
trata de las generosas contribuciones a los poco honorables Jaime Orpis (UDI) –uno
de los más ‘mojados’-, Alejandro García Huidobro (UDI), Fulvio Rossi (PS),
Antonio Horvath (independiente de derecha), el desaforado Carlos Bianchi (DRP)
y el ex senador Hosaín Sabag (DC).
Una
resolución
del 4° Juzgado de Garantía de Santiago dio acceso al Ministerio Público, en
agosto pasado, a los eventuales aportes reservados de Corpesca a esos seis politicastros
a petición de la fiscal Chong, quien encabeza la indagatoria que involucra a la
pesquera del capo Angelini en delitos tributarios, cohecho y fraude al fisco,
relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas.
Como
en estos tiempos de democracia gorila la política, como práctica política de las
fuerzas que integran el bloque político de Estado, va de la mano con las
prácticas, también políticas, del capital monopólico financiero, no es de extrañar
que la
fiscal Chong, al momento de solicitar que voluntariamente el Servel le
entregase la información que ahora entrega obligadamente, este servicio se la
negase y se permitiera recordarle que el muy legal artículo 19 de la Ley 19.884
explicita que el organismo debe garantizar tanto la reserva de la identidad del
donante como que éste no obtendrá documento alguno que permita identificar su donación
ante el donatario o terceros (¡menuda ley!, ¿eh?). Y, por tanto, que sólo era
posible poner a disposición del Ministerio Público dicha información a fuerza
de una autorización judicial, tal como ocurre con el alzamiento del secreto
bancario; es decir, financiar la política es una inversión, una transacción
comercial y bancaria.
