33 AÑOS DE LUCRO,
USURA Y EXCLUSIÓN, DERIVADOS DE LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN CHILE
A propósito de la última
movilización nacional por la recuperación y defensa del agua que se llevó a
cabo el día 26 de abril del año en curso, es necesario destacar que la historia
es un elemento imprescindible para analizar el presente y proyectar el futuro.
El agua, o más bien dicho,
del agua depende la vida, y no sólo la vida humana y animal, si no también la
vida, crecimiento y desarrollo de los vegetales, el funcionamiento de los
ecosistemas y por cierto el desarrollo de las economías locales.
Distintas fuentes, y en
particular la Organización de Naciones Unidas, sostienen que a nivel
mundial son cerca de 900 millones de hombres y mujeres los que viven privados
de acceder a agua potable, en ese mismo sentido no es irresponsable reafirmar
que el Agua para el siglo XXI, va a tener la misma importancia que el Petróleo
para el siglo XX.
En América Latina, durante
la década del 70 y parte del 80, 18 de 20 países tuvieron gobiernos
Dictatoriales, los que se caracterizaron por la aplicación del Neoliberalismo
en su expresión más brutal y desigual, privatizando derechos sociales y bienes
naturales imprescindibles para la vida de todos y todas.
En materia de
Neoliberalismo, Chile fue y continua siendo, el alumno más aplicado de la
región, la privatización de la Educación, la Salud, la privatización de los
fondos de pensiones de los Trabajadores, la privatización del Agua, son las
credenciales de buena conducta del país ante los halcones del Neoliberalismo.
Y como lo que motiva esta
columna es el Agua, habría que señalar que Chile tuvo un código de aguas
formulado en el marco de la reforma agraria (1967), dicho código sostenía en su
artículo número 9, que todas las aguas del territorio nacional son bienes
nacionales de uso público, contemplaba la indivisibilidad del agua con la
tierra, impedía la comercialización del agua, asignaba el derecho de
aprovechamiento del agua con arreglo a las necesidades, y establecía
caducidades de 2 años si las aguas no se utilizaban, caducidades si se daba a
las aguas una utilización distinta a la solicitada, y finalmente caducidades
por ceder el derecho a terceros.
El código de Aguas del año
1981, formulado en plena Dictadura, y vigente al día de hoy, tuvo
como propósito transformar a las aguas en objeto de lucro y usura, señalando a
las mismas como bien privado, separó la propiedad del agua del dominio de la
tierra, se encargó de concederle la prerrogativa al Estado de ser
este quien concede los derechos de aprovechamiento de aguas a los privados,
derechos concedidos de manera gratuita y a perpetuidad, los que una vez
obtenidos, y amparados por las garantías constitucionales del derecho de
propiedad, artículo 19 número 24, de la constitución del 80, transforman
al agua en un bien de capital transable en el mercado bajo la lógica de la
oferta y demanda, el mismo código de aguas del 81 creo dos categorías de
Derechos de aprovechamiento de aguas, aguas Consuntivas y
aguas No Consuntivas, y la diferencia entre ambas categorías
de derecho, dice relación con la obligatoriedad de devolver o no devolver un
caudal al río.
Hoy el 90% de los derechos
de aprovechamiento de aguas Consuntivos (no devuelven
un caudal al río) se encuentra en manos de empresas Mineras y Agroexportadoras,
y en el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas No
Consuntivos (devuelven un caudal al río) y que se utilizan
preferentemente para la generación de Hidroelectricidad, el 81% de estos
derechos pertenecen a ENEL, una empresa pública-privada de origen Italiano, es
decir, y como señalamos cada vez que nos toca exponer, Chile no tiene soberanía
sobre el bien natural más importante, me refiero al agua.
A lo anterior, y para ser
riguroso con la Historia, hay que agregar que el año 1997, y durante la
administración concertacionista liderada por Frei Ruiz Tagle, se privatizaron
las sanitarias, y a fines del mismo año, Frei en Antofagasta y Menem en San
Juan, firmaron el tratado Binacional Minero, tratado que se encargó de entregar
la naciente de las cuencas a la Megaminería.
En los días previos a la
última movilización nacional por el agua (26/04/2014), y también en los días
posteriores, parlamentarios repusieron la discusión en el congreso acerca de la
nacionalización del agua, el delegado presidencial para la sequía, designado
por Bachelet en este su segundo mandato, ha reactivado su agenda, designando
contrapartes en regiones, medios de difusión que durante años han
invisibilizado la lucha por el agua, hoy llevan panelistas de viejo cuño, como
Bitar o Gutemberg Martínez, para que diserten de las bondades del agua como
bien público.
En tanto las comunidades y
territorios siguen ausentes en el debate sobre el agua, comunidades privadas de
agua se bañan por presas y hacen sus necesidades en bolsas plásticas, la
arquitectura caminera en vastos territorios del país se repleta de camiones
aljibes repartiendo agua, miles de pequeños agricultores pierden sus siembras y
plantaciones, puesto que la codicia de la agricultura de exportación no trepida
en obras irregulares para captar agua de forma impropia, la agroindustria y
minería contamina los cauces de agua, la forestales secan las napas freáticas y
erosionan los suelos, las hidroeléctricas dueñas del agua represan las mismas,
destruyen patrimonios, territorios, fragilizan la vida.
A fines del año 2013, el
informe anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales sostuvo en
su capítulo número 7, que el Estado hoy no garantiza el Acceso al agua de su
población, irrespetando el derecho Humano al agua, en la misma línea, el Instituto
Nacional de Derechos Humanos señaló que en Chile el agua librada al arbitrio
del mercado, y la falta de regulaciones, atenta contra el principio humano de
acceder al agua.
33 años de lucro,
usura y exclusión derivados de la privatización del agua en Chile, son
una atentado al sentido común, 33 años de lucro con el agua nos tiene desde
Arica-Parinacota, hasta Magallanes, peleando por la Recuperación del
agua para nuestras comunidades y territorios, insistiendo en la Derogación de
los instrumentos privatizadores del agua, señalando cada día con más fuerza,
que el agua debe ser un Bien Público, consagrado constitucionalmente
como un Derecho Humano, porque, en definitiva, NOSOTROS comprendemos
que la lucha por el agua es la defensa de la vida. Los otros, bueno, los otros
seguirán cautelando el interés privado del agua.
Rodrigo Mundaca
Secretario General
MODATIMA
