FIN AL SISTEMA DE AFP

POR UN MODELO PREVISIONAL AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES

Tras varios meses de conversas y propuestas, el 4 de noviembre de 1980 el entonces ministro del Trabajo, el inefable José Piñera, terminaba de convencer a los miembros de la Junta Militar (liderados por Pinochet) de dar luz verde a un inédito y rapaz sistema previsional privado, de capitalización individual y que rompería con el antiguo modelo de reparto. Se establecían allí una modalidad y una institucionalidad que ya habían sido estudiadas a mediados de los “70 en las oficinas de ODEPLAN e insinuadas años antes por unos economistas de la Universidad de Chicago ('Chicago Boys') en las páginas de “El Ladrillo”, documento fundacional publicado meses antes del Golpe (después de este, libro de cabecera de los golpistas) y que hace tres décadas y media sentara las bases para el desarrollo del modelo de libre-mercado; en rigor, del predominio del Capital Monopólico-Financiero (CMF) en nuestra Formación Económico-Social (FES).

         El nuevo modelo previsional, establecido por el DL 3500, surgió a continuación de la reforma laboral. Ambos empeños estuvieron a cargo de un empoderado José Piñera, quien completaba con ellos las transformaciones en el ámbito de las relaciones laborales inscriptas en las siete “modernizaciones” de la dictadura del capital monopólico y que anunciara Pinochet en Chacarillas, en julio de 1977

Luego de 30 años de su implantación, paradójicamente un 1º de mayo, de 1981, el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) luce como una de las reformas económicas capitalistas clave de los últimos decenios y una de las principales contrarreformas con que la dictadura cívico-militar agredió a los trabajadores. No sólo cuenta con 9 millones de afiliados, ahorros por US$ 150 mil millones y una rentabilidad real anual promedio del 9%, la cual sólo beneficia al gran capital que las maneja, sino que también se ha transformado en un “invento” chileno que han copiado otras FES en donde campea el despliegue del CMF, sobre todo de carácter dependiente (Centroamérica, Perú, África, etc.) o del ex 2º mundo (Este Europeo).

     En un comienzo, hubo que hacer varios cambios sobre la marcha al reaccionario sistema. Bajar el encaje exigido a las AFP, que era de 5%, por cuanto su mantención hubiera implicado la quiebra de todas las AFP. También se cambió la estructura de las comisiones; por ejemplo, había una comisión que se cobraba sobre el fondo y que afectaba relativamente al afiliado, por lo que los dueños decidieron implantar comisiones sobre la cotización. En un principio, las inversiones de los fondos de pensiones estaban restringidas a letras hipotecarias y depósitos a plazo en los bancos de la plaza. Tras la crisis del “82, y con el fin de apuntalar el despliegue del CMF interno, se autorizó a las AFP a invertir en acciones nacionales y a partir de 1990 se permitió poner los ahorros previsionales en activos en el extranjero.

       Las inconveniencias del modelo quedan en evidencia si consideramos que del 11,5% que entrega cada trabajador a las AFP, un 10% va al fondo de capitalización individual y un 1,5% va a gastos de administración, donde tal gasto corresponde en realidad a un margen que varía entre un 11 y un 21% del monto que administran, pese a que en promedio solo entregan un 8% de rentabilidad (fondo C). Esto último es incomprensible, puesto que en cualquier otro servicio un consumidor no estaría dispuesto a pagar por él, más de lo que recibe a cambio, acá sin embargo está obligado a hacerlo por ley; secundario a la tercerización del trabajo en los tiempos del CMF, las pensiones actualmente no sobrepasan en promedio los $170 mil, pese a que hemos tenido un periodo de más de 30 años en los cuales ha habido altas rentabilidades para las AFP y en el cuál la industria no han sido capaces de entregar mejores pensiones a los chilenos; el Banco Mundial señala lo sorprendente que Chile tenga, a través de su sistema de AFP exportador de capitales, porcentajes equivalentes a los que se manejan en países desarrollados. Esto en contraste con el hecho de que la mayoría de los gobiernos de los países en desarrollo luchan por atraer e incrementar la inversión privada, los activos del sistema de pensiones chileno, como porcentaje del PIB, rivalizan con los de los EEUU y el Reino Unido. Ello, cuando podemos constatar las tremendas carencias existentes en infraestructura en nuestro país, las que podrían verse subsanadas utilizando fondos frescos, de largo plazo y a tasas muy convenientes.

       El mismo premio nobel de economía (2008), Paul Krugman, afirmó hace un tiempo que EEUU no sufrió consecuencias más graves en la última crisis financiera (2007-2009) gracias al hecho de no adoptar el modelo chileno de AFP y que la decisión de los estadounidenses evitó que se cayera en una Gran Depresión. Por otro lado, el economista también aprovecho de elogiar el aumento del gasto fiscal por parte de los gobiernos, que en diversos países contribuyó a amortizar el golpe de la crisis.

        Como única salida factible al tema y una idea que viene tomando fuerza, es la de retornar a un mejorado sistema previsional universal, solidario y de reparto, como el que propone el Movimiento Sindical por la Seguridad Social y la Previsión (más conocido como No a la AFP). Universal significa que la responsabilidad del Estado debe ser asumida en un primer nivel de pensión universal, denominada Pensión Básica (PB). Respecto a los valores de las pensiones, estiman que la PB debe tener uno inicial igual al sueldo mínimo, monto que se incrementará de acuerdo al crecimiento de la economía. Solidario significa que estará financiado por las cotizaciones de los trabajadores y de los empleadores. A ello se debe agregar que en el caso de las mujeres se debe integrar el abono de un año de imposiciones por hijo, por parte del Estado. Una entidad de este tipo, pública y administrada sin fines de lucro, agregaría transparencia al sistema, reduciría enormemente los costos, restringiría la concentración económica y el control por grupos económicos de los recursos de los trabajadores, además de aportar al verdadero desarrollo económico para las grandes mayorías nacionales.

El Movimiento Sindical antedicho está convocando a una gran movilización en contra del modelo de AFP, para el próximo sábado 5 de octubre. Es una buena oportunidad para unir esta demanda a las demás que el pueblo y los trabajadores han estado agitando en el último tiempo y que buscan acabar con la herencia de la dictadura cívico-militar, legado que tan cómodamente han seguido administrando la ex Concertación y la derecha.

¡SÓLO LA LUCHA Y LA UNIDAD NOS HARÁN LIBRES!

                             Colectivo Acción Directa – Chile Septiembre 24 de 2013

EL SISTEMA PREVISIONAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL QUE EXIGE LA MSSSP

De acuerdo al principio establecido en las Convenciones de la OIT, debe existir un sistema previsional armónico, que nosotros postulamos en dos pilares: Un primer pilar que entrega una pensión básica universal a todos los habitantes del país; Un segundo pilar contributivo, de reparto, solidario.

Pilar Universal:

La responsabilidad del estado debe ser asumida en un primer nivel de pensión universal, que denominaremos pensión básica. Respecto a los valores de las pensiones, estimamos que la pensión básica debe tener un valor inicial igual al sueldo mínimo, monto que se incrementará de acuerdo al crecimiento de la economía. La fijación inicial igual al sueldo mínimo está basada en la necesidad de aumentar el valor del sueldo mínimo actual y establecer un nivel de pensión básica digna a miles de trabajadores que por años se han mantenido con sueldos alrededor del mínimo.

La cobertura alcanzará a los adultos mayores de 60 años, sexo masculino, y sexo femenino. Para tener derecho a esta pensión se requerirá el requisito de imponer. Este derecho de pensión universal y el requisito de imponer se establece sobre la base de reforzar la creación de trabajo y el derecho laboral de la población. En consideración a la actual estructura social del país y el lugar de la mujer en el mercado laboral, el requisito de imponer será válido para todas las mujeres que ejecuten un trabajo reenumerado, ya sea en calidad de trabajador dependiente o independiente. En el caso de la mujer sin lazos laborales el requisito será reemplazado por su función de ama de casa, que en la estructura social y económica del país es de igual forma un trabajo.
El financiamiento es de responsabilidad estatal, por tanto el estado debe solventar los gastos en que se incurre para otorgar esta pensión básica. El sistema de acreditación estará bajo la responsabilidad del IPS.

Segundo pilar: Solidario Contributivo

Este segundo pilar se le agrega al primero, apuntando a un nivel de protección de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, pero enfocado también en permitir el desarrollo del país, pues el patrimonio no deberá tener fines especulativos, sino orientado al desarrollo social, industrial, fomento, protección de los recursos naturales, el desarrollo personal, familiar y otros.
Este segundo pilar, estará financiado por las cotizaciones de los trabajadores y de los empleadores. A ello se debe agregar que en el caso de las mujeres se debe integrar el abono de un año de imposiciones por hijo, por parte del Estado.
Este pilar tendrá contribuciones definidas con el cual se formará el Fondo Solidario Nacional de Pensiones, para permitir una pensión del 80% de la remuneración promedio de los últimos 15 mejores salarios indexado en el IPC u otro índice a construir, para lo cual el estado contribuye con el primer pilar. Todo trabajo será imponible y la pensión completa se contabilizará en base a 37,5 años imponibles.

En este segundo pilar se integra el derecho a la pensión anticipada, que no debe confundirse con la pensión de invalidez, apoyada en el principio de que los trabajadores y trabajadoras desde los 57 años puedan acogerse a este derecho, lo que significará una rebaja porcentual de la pensión en base al cálculo de 60 años para la mujer y para el hombre. La pensión anticipada no dará derecho a pensión completa. El monto se calculará de forma proporcional al monto del primer pilar y las cotizaciones acumuladas en el segundo pilar. La pensión anticipada se justifica en razón del derecho del trabajador a decidir poner fin a su vida laboral antes de los 60 años. Para acogerse a dicho derecho al trabajador le bastará con su propia decisión de retiro laboral. Este derecho a pensión anticipada está también integrado a la situación del mercado laboral, necesidad de trabajo de la juventud.

Nivel de contribuciones:

Una tasa general para este segundo pilar, fijado en un 11% del ingreso para los trabajadores y una tasa del 19% a pagar por los empleadores, establecida de forma progresiva en un plazo de 4 años, con un inicio de un MINÍMO DE 5%, +5+5+4. Los gastos de administración serán sufragados por el Estado.

Eliminación de incompatibilidades

El sistema de Previsión y de Seguridad Social deberá integrar la eliminación de las incompatibilidades que existan en casos excepcionales en que el Estado chileno ha debido asumir políticas de reparación. Al respecto se hace necesario la eliminación de las incompatibilidades de los beneficios de reparación para los exonerados políticos, prisioneros y torturados con las pensiones contributivas y entre ellas. Estimamos que en el caso de los exonerados existe una reparación previsional y que en caso de los presos políticos y torturados la reparación es por daños a la libertad individual y los derechos humanos.
Sobre el terreno general de las incompatibilidades, se hace necesario que la construcción de un nuevo sistema de previsión y seguridad social integre la necesidad de revisar esta problemática existente.

Delito Previsional

El Movimiento Sindical que representamos está plenamente consciente de los sufrimientos que causa un sistema donde la seguridad social y la previsión sirven de capitalización para una minoría y miseria para millones. Nuestra lucha está orientada a crear justicia social sobre la base de reivindicaciones que son plenamente realizables. Justicia social que exigirá obligaciones fundamentales para los cotizantes:

1. Elevar a categoría de delito criminal el no pago de las cotizaciones retenidas por los empleadores, ya que ellas no son de su propiedad. Las cotizaciones deberán ser canceladas mensualmente al IPS.

2. Elevar a categoría de delito criminal el eventual abuso que pueda establecerse en relación a los derechos que se consignan. El derecho a pensión anticipada no dará derecho a pensión recibida y continuar una vida laboral. La pensión, a diferencia de un salario, es un ingreso estipulado para asegurar una existencia digna luego del término de la vida laboral.

Sostenimiento financiero del Sistema

Nuestra exigencia NO+APF y la reconstrucción de un sistema de reparto lanzarán a todo tipo de economistas, lobistas, empresarios, dirigentes políticos, al debate para mostrar que nuestra línea de lucha no es “realista”. Abundarán libros, folletos, programas de TV y radio, para enrostrarnos que está “demostrado” históricamente que los sistemas de reparto están condenados. Se nos mostrará la situación en Europa, como la prueba máxima. Todo ello al servicio de un sistema previsional y de seguridad social que hunde en la miseria a una mayoría y acrecienta las riquezas de una ínfima minoría. Sin embargo, la sola cotización obligatoria de los trabajadores al sistema de las AFP sostiene a un sistema financiero especulativo, que acumula mayores riquezas. Si trasladamos estas cotizaciones, agregando la de los empleadores a un sistema público es innegable que se producirá una acumulación de capital. Capital que no deberá ser invertido en la especulación financiera, sino en el desarrollo de la estructura industrial del país, integrado a la recuperación de actividades claves como lo son la energía, la minería, la estructura de transporte, etc.

Por ejemplo, durante décadas se le ha negado a ENAP el derecho a contar con centros de distribución de la gasolina y petróleo para el consumidor. ¿Cuántos millones de dólares recaudan las empresas privadas por concepto de ventas? ¿Cuántos millones de dólares recaudan el Estado por concepto de impuesto específico y quiénes se benefician de ello? La licitación de carreteras y el sistema de peaje produce millones de dólares a grupos privados. La explotación de los recursos mineros es otro ejemplo de una realidad nacional que requiere de políticas y recursos para desarrollarlos en beneficio de la población y no de grupos minoritarios

El realismo de nuestras exigencias está basado en la necesidad de sobre vivencia digna de millones de trabajadores y sus familias. Lo irrealista en este caso es abandonarnos a la miseria y la degradación colectiva. Sabemos que el realismo es en última instancia una cuestión de relación de fuerzas.

MOVIMIENTO SINDICAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIÓN

(Ver Blog del MSSSP)