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viernes, 25 de marzo de 2016

ARGENTINA: EE.UU. APOYO, PERO LA BURGUESIA FUE LA RESPONSABLE DEL GOLPE


NOTAS PARA UN BALANCE A 40 AÑOS DEL GOLPE MILITAR

El viaje de Obama a Argentina, coincidente con el cuarenta aniversario del golpe militar, parece una buena ocasión para pasar revista a algunas cuestiones que pueden ayudarnos a entender el rol de EE.UU., y de la clase dominante argentina en 1976, y la naturaleza de la dictadura

En SinPermiso –Public. 20/3/16

EEUU apoyó al golpe militar y la represión

Empecemos diciendo que EEUU apoyó al golpe militar de marzo de 1976. En 1976 Henry Kissinger, por entonces secretario de Estado, dio luz verde para la política de secuestro, tortura y muerte desplegada por la dictadura. En abril de ese año se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, César Guzzetti. Según el memorándum secreto de esa reunión (revelado en 2004) Guzzettti planteó que “el principal problema que tenemos es el terrorismo”, a lo que Kissinger respondió “si hay cosas que tienen que hacer, hacerlo rápidamente”. Luego, en agosto de ese mismo año, Kissinger mantuvo una reunión con el embajador estadounidense en Argentina, Robert Hill, a quien le confirmó la conversación mantenida con Guzzetti. En 1977, ya bajo el gobierno de Carter, Hill informó a Patt Derian, secretaria de Estado para los derechos humanos, que pensaba que el mensaje de Kissinger a Guzzetti había llevado a la dictadura militar a intensificar la represión.

Una larga tradición de intervenciones y golpes militares

La política de EEUU en 1976 se inscribe en una larga tradición de agresiones militares y respaldo a regímenes sangrientos. Aunque esto es conocido en general, es útil pasar revista al “listado” de hechos. Para esto, transcribo un pasaje de mi libro Valor, mercado mundial y acumulación:

jueves, 17 de diciembre de 2015

A 35 AÑOS DEL PLEBISCITO CONVOCADO POR LOS MILITARES URUGUAYOS (Y CHILENOS)

Milicos uruguayos disuelven el congreso, 27/06/73

SABER DECIR ‘NO’ Y REPETIRLO

Diciembre 12, 2015

Las consultas populares pueden ser una buena forma de resolver conflictos, darle legitimidad a una reforma constitucional o permitirle a los ciudadanos proponer políticas. Sin embargo, la cuestión es más compleja cuando el mecanismo de consulta –llamado plebiscito- es propuesto por un jefe de gobierno y en especial por un gobierno autoritario. Este fue el caso del plebiscito de 1980 convocado por  el entonces “Consejo de Estado” (junta cívica-militar presidida por el abogado Hamlet Reyes).

El régimen uruguayo (1973-1984) pretendió formalizar la intervención autoritaria, apelando al respaldo popular directo para aprobar una reforma constitucional que tenía objetivos muy claros. El proyecto recortaba formalmente derechos que ya habían sido avasallados por la dictadura, como la prohibición de allanamientos nocturnos y el derecho de huelga. Las Fuerzas Armadas asumían jurídicamente todas las competencias referidas a la “seguridad nacional” y se reforzaba el Ejecutivo en perjuicio del Legislativo. Respecto a los partidos políticos, se  disponía la eliminación del doble voto simultáneo y se establecía la candidatura única por partido. La representación proporcional integral se modificada, para limitar el funcionamiento y la formación de los partidos políticos. En definitiva, proponía una suerte de democracia tutelada y acotada, con la exclusión de sectores políticos de izquierda y el control sobre los poderes establecidos, la ciudadanía y los partidos políticos tradicionales (Partido Colorado y Partido Nacional).

La propuesta de reforma constitucional ya estaba prevista en el Decreto N° 464/973 del 27 de junio de 1973, así como su ratificación popular (Elaborar un anteproyecto de Reforma Constitucional que reafirme los fundamentales principios democráticos y representativos a ser oportunamente plebiscitado por el Cuerpo Electoral). La puesta en marcha se originó en la confianza desmesurada hacia un poder de persuasión que apelaba al miedo al “comunismo” y al mismo tiempo a la esperanza de una apertura (de aprobarse la reforma, en 1981 habría elecciones). Dicha propuesta se impulsó en una coyuntura económica caracterizada por una supuesta mejora en algunos indicadores, como el crecimiento del producto bruto y la reducción de la desocupación —producto básicamente de la emigración de uruguayos a la Argentina— que contribuyeron a generar optimismo en las cúpulas militares respecto a la aceptación de la ciudadanía. A ello se sumó la necesidad de contrarrestar el progresivo deterioro de la imagen del Uruguay en el exterior (que se reflejó en las manifestaciones de desacuerdo de la administración Carter con el gobierno militar por la violación sistemática de los derechos humanos).