CON MÚLTIPLES FACTORES EN CONTRA, PERO
ARMADOS CON LA UNIDAD Y LA DECISIÓN DE DEFENDER CON FUERZA SUS DEMANDAS, LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL LOGRARON QUE SE LES RECONOCIERA EL PAGO DE UN BONO.
ES UNA DE LAS POCAS VICTORIAS PARA EL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EN EL ÚLTIMO
TIEMPO
En horas de la tarde de éste viernes 6, los dirigentes de los funcionarios del Servicio de
Registro Civil (SRC) señaló públicamente que -por decisión democrática de las
bases del gremio- suspendían la paralización nacional que llevaron a cabo por
39 días y que aceptaban la última oferta de mejoramiento salarial que, obligadamente,
les hiciera el gobierno.
Fue la dirigencia
nacional de los/as funcionarios/as del servicio (ANERCICH) la que encabezó las
conversaciones para lograr un acuerdo sobre el monto de los bonos comprometidos.
Las 15 regiones votaron unánimemente por firmar el protocolo de acuerdo, el que
implica un bono de $ 518 mil anuales, más una asignación de $ 130 mil para el
último trimestre del 2016, platas que vendrán a reparar, en alguna medida, los
bajos sueldos de estos funcionarios/as. A ello se suma el compromiso del
gobierno de “enviar al Congreso un proyecto de ley durante el primer trimestre
de 2016, para crear una asignación orientada a fomentar la productividad de los
funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación”
Fue el martes 29
de septiembre que se dio inicio a ésta movilización de carácter nacional, la de
más largo aliento realizada por los trabajadores del SRC. Fue gatillada por el
incumplimiento del pago de un bono relacionado con la productividad, el que
había sido prometido por el anterior ministro de justicia, José Antonio Gómez,
pero que fuera desconocido por éste, así como por sus sucesora y actual titular,
Javiera Blanco. Pero, existen otras causas más de fondo: malos sueldos de los
servidores públicos, situación compartida con buena parte de los trabajadores
privados; un intento insano de mejoramiento de dichas remuneraciones mediante
irregulares y competitivos bonos; el incumplimiento por parte del Estado
chileno de la normativa de la OIT, la que ampara el derecho a negociar colectivamente
a los funcionarios públicos; la desidia mostrada por los encargados de los
servicios y por las autoridades del ejecutivo en dar una respuesta oportuna a
las demandas de los trabajadores de las instancias estatales centralizadas y
descentralizadas, etc.
