LOS VIENTOS QUE SOPLAN
Carlos R. Sandoval Ambiado[1].
Las distorsiones de la clase gobernante o la elite sin brújula
La clase política no tiene la capacidad de responder a las exigencias de la ciudadanía. No se trata sólo que un grupo hubiese perdido el gobierno o que el otro no estuviese preparado para gobernar. El cuadro es más complejo. No hay un proyecto político que resuelva la contradicción de la coyuntura y, por cierto, que asuma los desafíos estratégicos. No obstante en lo inmediato no tenemos, como los últimos años de la dictadura, una oferta política alternativa que seduzca a la ciudadanía.
Esta carencia o debilidad de la elite gobernante se debe --- en los sustantivo --- a su compromiso e identificación con el modelo neoliberal. Y este fenómeno político se debió al aggiornamiento ideológico que desplegaron los partidos políticos de centro e izquierda. Durante la nunca acabada transición democrática, las demandas ciudadanas se contuvieron ya por el chantaje y la extorsión (“hay que cuidar la democracia” fue el alegato) o por la cooptación y/o corrupción. Ambas alternativas se vieron favorecidas por la histórica subsumisión de la llanura social a las orgánicas políticas. Es decir en la permanente funcionalidad de la organización social y popular a los objetivos e intereses partidistas.
¿Qué hace, entonces, aparecer esta “desorientación” de la elite política ante la presión ciudadana? Uno de los factores más contributivo a este fenómeno es la aspiración autonomista de la organización popular. Y no se trata de ser refractario (solamente) a la línea oficial partidista (a la “orden” de partido) sino asumir conscientemente que no se necesita la mediación, intervención o conducción desde afuera y desde arriba para resolver los problemas de la gente. Por el contrario es la gente misma la que busca a través de la visibilización, la organización, la movilización y la acción alcanzar los objetivos propuestos. Es decir, es el camino de la ciudanización y no la partidización el que se escoge para la construcción histórico-social. Es por este sendero que se cuestiona el sistema en su totalidad de expresiones: política, económica, socio-cultural e institucional.
El aggiornamiento ideológico, la identidad con el modelo económico y su acomodo a la institucionalidad pinochetista han inhabilitado a las orgánicas partidistas para responder a las demandas ciudadanas del momento. Los unos y los otros (Concertación y Alianza) tratan de tomar iniciativa política por distintos medios. La Concertación (o lo que queda de ella) trata de asumir caminos de oposición institucional, pero no le da el ancho para realizar una efectiva oposición político-institucional por varias razones. Una porque al interior de ella sobreviven y se superponen rítmicamente dos alientos: quienes tratan de encaramar una oposición constructiva que en la práctica se lee como colaboracionismo a la derecha y; quienes tratan de oponerse afirmándose en el movimiento social-ciudadano. El piso común es que ambas corrientes o espíritus están enmarcados en la institucionalidad vigente y en ella se apertrechan, blindan y defienden.
Ambos están disponibles para acordar un adecuado funcionamiento de las instituciones (parafraseando a Ricardo Lagos) y de ahí la defensa casi corporativa (por acción u omisión) de aspectos básicos de la arquitectura institucional. Sin perjuicio de lo dicho hay una segunda expresión de defensa corporativa y que da cuenta de la miopía intencionada de la elite política. Se trata de la irrestricta defensa de conceptos políticos que están en franco cuestionamiento. Por ejemplo, la llamada representatividad política que supone la delegación de la soberanía popular. Si nos detenemos en el concepto de delegación veremos que éste significa “mandato”. Es decir alguien que ha sido comisionado para hacer lo que el soberano (el pueblo) le encomienda. No obstante ello no ocurre y esta situación (de facto) es una de las múltiples causas de la deslegitimación de la elite política y del sistema. Los representantes políticos han antepuesto los intereses personales y partidistas a los mandatos del pueblo.
Pero hay más ejemplo. Otro es la irrestricta defensa de la autoridad como elemento consustancial de la estabilidad y fortalecimiento de la democracia. Otra vez la amenaza y el chantaje a la expresión ciudadana se hace presente: hay que cuidar la democracia y por tanto el uso de la fuerza para acallar la demanda se justifica gradualmente. Ya no está Pinochet con sus “boinazos” o “ejercicios de enlaces” para amenazar, no obstante su figura ha sido reemplazada por el “cuidado de las instituciones”. Esto implica dar más importancia a la institución que a las personas, sin detenerse a pensar que debieran estar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. Las instituciones se producen y funcionan por consenso del soberano (el pueblo) y si éste NO está de acuerdo o disiente de su naturaleza, funcionamiento y composición es obligatorio que entre a un cambio profundo.
Así, en breve, pensamos que la elite política ha caído en un terreno de desafección ciudadana de extrema peligrosidad. Y esto se entiende observando su incapacidad para asumir una autocrítica y construir (mancomunadamente con la ciudadanía y los movimientos sociales) una salida a la crisis política e institucional que se está instalando en el país.
Tranquilidad social y superexplotación: ¿objetivo de parte de la clase dominante? No hay que ilusionarse.
Que un grupo de empresarios, aún minoritario, declare abiertamente la necesidad de generar más justicia social y por consiguiente aumentar la carga impositiva a las empresas, no implica una mutación ideológica y ética de los empresarios. Se trata de empresarios “avanzados” en la percepción de riesgos de sus negocios y ganancias. La estabilidad social es fundamental para la inversión, especialmente para la que viene del exterior. Quienes se preocupan de la inestabilidad social están temiendo por las repercusiones que puede tener en el mundo de lo político.
Temen que las reformas exigidas (aún difusas) vayan más allá de lo razonablemente y pongan en riesgo la totalidad del sistema económico y se produzcan (en su opinión) regresiones como las re-nacionalizaciones de riquezas básicas, control estatal del mercado, reglamentación equilibrada del mercado laboral, centralización de la gestión en salud y educación etc. En definitiva un colapso total y absoluto del liberalismo actual.
Quien se oponen (abrumadoramente mayoritarios) son principalmente quienes han transnacionalizado sus negocios y en el marco de los TLC u otros acuerdos económicos han logrado penetrar en economías vecinas aprovechando las ventajas del acuerdo. Por consiguiente si se producen cambios internos, éstos repercutirán necesariamente en la gestión empresarial en aquellos países donde están las inversiones privadas de los empresarios chilenos, toda vez que los mentados pactos económicos exigen reciprocidad. Esta situación, que fue defendida como integración, se ha convertido en una excusa empresarial para evitar o resistir cualquier intento de cambiar levemente las reglas internas que podrían beneficiar a las mayorías nacionales.
Lo mismo ocurre con transformaciones en la reglamentación de las relaciones laborales. Un cambio necesario (y obvio) para fortalecer el mundo sindical como ampliación del derecho a negociación colectiva, huelga sin límites de días ni reemplazo de trabajadores y afiliación obligatoria, repercutiría “encareciendo” la mano de obra (fuerza de trabajo) y ello significaría encarecer el precio del producto y por tanto “perdería” competitividad en el mercado internacional o el empresario exigiría mejores garantías a los Estados vecinos pero ello sería imposible de lograr por la composición y orientación política de sus gobiernos (Perú, Argentina, etc.) A este bloque empresarial pertenecen los grupos Matte, Luksic, Solari, Paulman etc. que son las más importantes fortunas e inversiones del país que están ligadas al retail, la minería, forestal e incluso pesca.
Esta figura da cuenta de una incipiente contradicción en loa clase dominante. No decimos que es de carácter terminal esta contradicción. Los grupos empresariales están históricamente preparados para resolver sus diferencias internas. Hasta el minuto la postura de intransigencia empresarial se proyecta en la rigidez y dureza gubernamental frente al arcoíris de demandas ciudadanas.
Es como decir “señores abran paso, que ahora hablan los cañones” para preservar el orden público, la tranquilidad de las calles y la normalidad del país para seguir acumulando riquezas. Y para ello contamos con un Estado dotado de las más variadas herramientas represivas. Mientras esto siga igual, los empresarios no alterarán su ánimo antinacional y antipopular.
Los “techos” de la sectorialidad o la necesidad de avanzar en el proyecto movimientista.
Vivimos un “mayo 68” excesivamente largo. No porque los protagonista de la iniciativa lo deseen sino porque los demandados así lo han determinado. Pero no es la única variable que influye en este escenario. También hay factores inherentes al movimiento que han ido configurando el panorama actual. Para explicarnos esta situación debe recordarse hitos que marcan la historia los conflictos del movimiento estudiantil y sus resoluciones. El mochilazo (2001) tuvo una aspiración esencialmente reivindicativa expresada en la gratuidad del pase escolar. Fue masivo, local (solo en Santiago) espontáneo, breve e inorgánico. Su resolución fue rápida y eficaz. Absorbida por el Estado en complicidad con los empresarios de la locomoción.
El acuerdo duró cinco años porque el 2006 emergió la revolución Pingüina que combinó aspectos económicos (gratuidad PSU, pase escolar anula etc.) con factores político-institucionales (cuestionamiento de la LOCE). Fue masivo, nacional, orgánico y para nada exitoso. La reacción no fue sólo desde el Estado (Mineduc) sino de toda la clase política que se concertó para un desvergonzado gatopardismo (resulta histórica y patética la imagen televisiva donde están todos tomados de las manos) Los mecanismos utilizados fueron múltiples: desde la cooptación hasta la negociación de todos los grupos (salvo los estudiantes) involucrados en los negocios educativos. La élite (política y económica) logró colocar y legalizar la idea de lucro en la Educación y vulneró el estatuto docente al terminar con la exclusividad del ejercicio de la profesión al pedagogo (hoy cualquier licenciado puede hacer clases) con lo que flexibilizó el mercado laboral, abarató la mano de obra e intentó debilitar la organización gremial de los profesores.
El año 2011, nuestro largo “mayo 68”, el movimiento estudiantil colocó en la superficie de la discusión aspectos o factores intocados y con ello entra a cuestionar el modelo económico, ideológico, ético y político. Por ejemplo alegar que la educación es un “derecho” social y humano, por tanto debe ser gratuita es contradecir lo que durante las dos o tres últimas décadas se dijo en los altares de la elite gobernante y dominante: que la educación era una mercancía y que debía invertirse en ella; que el problema era individual de responsabilidad familiar y que el Estado sólo cuidaba lo “básico” como subsidiar la empresa educativa. De este cuestionamiento se desprendió una segunda crítica: la ilegitimidad de cobrar por la educación (no al lucro) y quizás fue la que suscitó más consenso social. Estas dos detracciones atrajeron la simpatía abrumadora de la ciudadanía por el movimiento estudiantil[2].
La interpelación que desde el movimiento se hizo a la clase política (oficialismo y oposición) por lo que hizo (engaño a los pingüinos en 2006) y lo que no es capaz de hacer (propuesta GANE del piñerismo - lavinismo) vino en derivar en un potente cuestionamiento no sólo a la clase política, sino a todo el andamiaje político-institucional. Ante esta situación la elite política (oficialista y de oposición) quedó inicialmente perpleja para luego seguir (según su vertiente) diversos caminos: unos se quisieron “colgar” del movimiento; otros intentaron “blindarse” en la institucionalidad; otros clamaron por profundizar “lo técnico-económico”; otros tratan de “combinar” la represión con el diálogo institucional y, una buena parte han aplicado la represión “pura y dura”. ¿Resultado? Un peligroso impasse que podría afectar al movimiento estudiantil y especialmente al embrionario movimiento ciudadano. Este atolladero puede decantar en tres alternativa: (a) una rutinización del movimiento; (b) endurecimiento progresivo del gobierno y; (c) parálisis de la clase política.
Sin perjuicio de las alternativas ya mencionadas, hay que preocuparse del escaso grado de asociatividad sectorial, que ha logrado el movimiento estudiantil. No hay duda que la reivindicación educacional es apoyada mayoritariamente por la ciudadanía. Así lo demuestran la masividad de las marchas y las encuestas. No obstante este apoyo no ha sido suficiente para dar jaque (mate) al gobierno en sus propuestas y en sus opciones políticas. Esta sería una debilidad movimientil. Lo mismo está ocurriendo con otros sectores sociales; por ejemplo en los trabajadores de la salud primaria; en los pescadores artesanales; en los pobladores-deudores; en las incipientes organizaciones sindicales del retail; en los subcontratistas etc. En tanto la conflictualidad se muestre sectorializada, para el gobierno de turno le será de relativa facilidad controlarlo. En la actual coyuntura el mayor aporte en resistencia, en visibilización, en acción y en calidad de la demanda lo ha hecho el estudiantado y, al parecer no habría una ecuación entre el gasto y los logros. Es de extrema riesgo que un movimiento no termine extenuado sin verificar que sus objetivos (aunque sean parcialmente) se hayan logrado. Si así ocurriera la frustración trae consigo el repliegue, profundiza el aislamiento y se abre paso el gatopardismo de las elites.
Es decir de la resistencia (cotidiana) se pasa a la movilización (visibilización, propuesta y acción) que debiera desembocar en el cambio (logro de objetivos propuestos); sin embargo al insistirse en la exclusiva sectorialización se genera un retroceso del movimiento, con el riesgo del estancamiento, situación que dura hasta la emergencia de una nueva oportunidad política (la que no tiene temporalidad acotada)
Este es un fantasma que recorre el escenario político-social. Este es un peligro que acecha al movimiento estudiantil. Para disminuirlo se hace necesario fortalecer las alianzas sectoriales y territoriales. No se trata solamente de montar asambleas (cualquiera que sea su inspiración, si ciudadanas, gremiales o sociales) sino que de ir construyendo plataformas inclusoras de las distintas necesidades, para que cada persona se identifique con la propuesta. Entonces, habría que ir erigiendo la propuesta de cambio, partiendo de lo más frecuente, simple y propio a lo más complejo e intangible. Poca identidad se construye hablando exclusiva o frecuentemente de “cambio de la Constitución”. Es obvio que la gran traba es esta ley, pero al sentido común le cuesta relacionarla con las dificultades en el progreso personal. Entonces el desafío estaría en lograr mejor asociatividad y organización tanto en lo territorial como en lo social.
En una especie de subsidio a la debilidad vista se ha optado por la internacionalización del movimiento. No es nocivo. Ayuda a visibilizar y sensibilizar a la comunidad internacional. Probablemente implique apoyo material y político para sostener la larga movilización; pero en ningún caso para derrotar políticamente al gobierno en su obstinación a mantener inmutable la situación. La rica experiencia de la lucha internacional contra la dictadura militar así lo demuestra. Ni por muy intensa que fue la defensa internacional de los DD.HH. no impidió que Pinochet los hubiese violado hasta el último día de su gobierno. Ni por mucho que Estados Unidos amenazara al gobierno militar, impidió que Manuel Contreras saliera indemne por el crimen de Orlando Letelier.
El terreno social se fertiliza
Antiguamente se decía que estábamos frente a “un auge del movimiento de masas” para explicar las huelgas, marchas, demandas sectoriales, tomas de instalaciones educacionales, industriales, de terrenos agrícolas o baldíos para reclamar por la vivienda. Hoy no es muy distinto. La fuerza de reclamo, tanto individual como colectivamente, se ve progresivamente creciendo. La conflictualidad social se expresa en diversos focos sociales que van desde los más organizados hasta aquellos de carácter relativamente espontáneos[3]. Se podría aseverar que se configura un escenario de progresiva crispación social cuyas verificaciones son aun inconexas, semi-espontáneas y de escasa convergencia organizativa. No obstante las contradicciones entre el modelo político-económico (y no solo con el gobierno o con la clase política) y los más diversos sectores sociales, no podrán ser resueltas bajo las reglas imperantes. La demanda estrictamente reivindicativa se ve superada gradualmente y se engendra un reclamo de carácter político-sistémico. Ha ido emergiendo y levemente anclando en el sentido común colectivo conceptos que cuestionan la esencia misma del sistema, como el lucro y la legitimidad de la “representación” política. A su vez se instala crecientemente (casi de uso habitual) la categoría socio-política del ser ciudadano, dejando atrás códigos un tanto excluyentes como proletariado, clase social, burguesía, etc.
Se supone que bajo la lógica del ser ciudadano aumenta la posibilidad de generar más y mejor sinergia en el combate al sistema. Es posible generar caminos de convergencia entre las distintas expresiones del ser ciudadano. Es decir, generar unidad y acción en el más amplio abanico social abrigada por una organicidad y propuesta única.
Los marcos trizados o fisuras en la institucionalidad.
Para el gobierno el camino social está lleno de socavones y trabas. El sendero institucional no lo está menos. Se sabía que en el Congreso se jugarían equilibrios catastróficos en los que la oposición trataría de presionar en los espacios donde fuera mayoría. Habría mucha estridencia y juego de piernas mediáticas de la Concertación buscando impresionar como oposición dura y madura y desde ese ángulo recuperar al ciudadano-elector. Fue lo ocurrido durante el primer año piñerista. El ejemplo palmario fue la negociación del reajuste para el sector público, situación resuelta por la “guinda” política que colocó el presidente del P.S. el diputado Osvaldo Andrade.
Sin embargo este diseño (del juego político-institucional) se ha visto trastocado por la potente irrupción del movimiento estudiantil y la visibilización del aún incipiente movimiento social y ciudadano. El clásico juego de pierna de la clase política ha sido ineficaz cayendo en una fuerte desorientación inicial para pasar a “colgarse” (la oposición) del movimiento o responderle con “dulce y represión” (el gobierno)
Ambos sectores --- gobierno y oposición --- se reclaman madurez, patriotismo y capacidad política para resolver el problema educacional. Una salida técnica (el GANE) no tuvo mayor réplica de la Concertación, quedándose sólo en la crítica superficial como es argumentar que es insuficiente. El gobierno no ha sido capaz (o no lo quiere) de dar una solución política y sólo mantiene en su propuesta original con pequeños arreglos cosméticos. Quizás lo más audaz fue sacar el problema de La Moneda y llevarlo al Congreso.
Por su parte algunos dirigentes opositores buscan reflejarse en el movimiento estudiantil saliendo a marchar o denunciando la represión. Pero han sido mezquinos en pronunciarse respecto del cambio de paradigma y ello se debe a la identificación relativa que tienen con el modelo educacional (lucro, subvención, propiedad privada, empresa educativa etc.) vigente.
Los unos y los otros, oposición y oficialismo no han tenido uniformidad y coherencia interna para responder ante el problema. El espacio intra-opositor esta tironeado desde diferentes vértices de visión y solución del problema y, además cruzado por los distintos intereses electorales. Visto así difícilmente podrán arribar a una propuesta de cambio. Por el contrario, se sumarán a la solución técnica (y última) que entregará el gobierno. Éste, a su vez, no se moverá de su ángulo y monto técnico-financiero; a lo sumo buscará reasignar montos presupuestarios, dando respuesta a los legisladores oficialistas que asumieron una actitud peticionista.
En definitiva, todas las vertientes políticas desembocarán en la solución técnico-neoliberal. Pero antes de ello, muchos saldrán al ruedo mediático con actitudes histriónicas, altisonantes e inclaudicables con el objetivo de impresionar a sus nichos electorales que estarían en riesgo.
En lo que si hay un desentendimiento es entre el gobierno y el mundo judicial. No se trata de una salida o exabrupto de un ministro. Es la posición oficial respecto del tema y ello tiene una obvia fuente de origen: la incapacidad gubernamental de cumplir con la promesa absurda de terminar con la delincuencia (“puerta giratoria”).
Así como trasladó el conflicto estudiantil desde La Moneda al Congreso; la intervención pública del Ministro de Justicia buscó trasladar el problema de orden público y delincuencia a los Tribunales de Justicia alegando supuesta permisividad de los jueces y advirtiendo que los criterios judiciales serían antecedentes para la promoción en la carrera profesional. La fragilidad del orden público y el incremento de la delincuencia no serían problemas de origen político, sino de carácter esencialmente judicial. La diferencia estuvo dada por el carácter exquisitamente monolítico y auto-suficiente (fronterizo a la arrogancia) del Poder Judicial. La respuesta de sus integrantes no se dejó esperar, aunque sus dichos iniciales fueron prudentes. Lo que si marcó fuertemente esta disputa fue la reiteración soberbia del Ministro Rivera de que no se arrepentiría “nunca”[4] de sus expresiones. Esta desafortunada, temeraria e irreflexiva actitud hizo reaccionar a la Corte Suprema rechazando públicamente los dichos de Rivera. La gravedad de esta pugna radica en la posibilidad que se lea como una intromisión de un poder en otro, colocando casi al borde de la inconstitucionalidad al gobierno.
Comuna La Florida. Noviembre del 2011.
[1] Profesor, Magister en Educación y Doctor en Historia.
[2] Según las encuestas (Adimark y UDP) oscila entre un 72 y un 80%.
[3] Se sabe que en provincias, especialmente en algunas comunas de la 8va. Región, hubo marchas y caceroleos recogiendo el llamado de la CONFECH.
[4] Entrevista al Ministro de Justicia Teodoro Rivera realizada por Patricia Arancibia. Diario Financiero, 29 de octubre del 2011.
