Avanzar
hacia la Desobediencia Civil
*Luis Mesina
El año
1992 en Brasil llegaba al poder Fernando Collor de Mello, un empresario vinculado
a las comunicaciones que prometía acabar con la corrupción y mejorar las
condiciones de millones de brasileros, al poco andar se detectó que su florido
discurso contra la corrupción no era más que eso, discurso. En los hechos, él
era un gran corrupto que intento hacerse del Estado para sus fines y el de los
grandes conglomerados económicos y financieros. Las masivas movilizaciones lo
echaron abajo, a pesar de que la mayoría de los gobiernos de la región le
rendían pleitesía.
El
2001, en Argentina otro Fernando, de apellido de la Rúa también hubo de
renunciar ante el descalabro de la economía, miles de desempleados, aumento de
la inflación y la carestía, y una sostenida corrupción gubernamental.
En Chile, el
2014 fuimos notificados, antes de que asumiera la NM, que el gobierno de doña
Verónica Bachelet no sería justamente uno de transparencia. No olvidar
que antes de asumir, cayeron subsecretarios e intendentes, algunos
permanecieron a pesar de cargar sobre sus espaldas graves cuestionamientos
morales. El caso Dávalos, antes de que su Madre fuera electa presidenta ya
aparecía vinculado a situaciones reñidas, como fue la denuncia por la compra de
autos de lujo Lexus ligados a evasión tributaria.
El destape de
PENTA y ahora SQM son quizá la punta de un iceberg de algo mucho más
putrefacto, se trata de que la mayor parte de la instituciones heredadas de la
tiranía cuyo cambio solo fue de fachada, permanecieron por todo este tiempo
encubando procesos de descomposición que tarde o temprano saldrían a la luz en
busca de oxigenación.
Afecta a organismos públicos y privados
Durante
la tiranía las empresas públicas más importantes del país fueron enajenadas sin
ninguna regulación con grave daño al patrimonio nacional. El sistema financiero
no se escapó, bancos muy importantes sientan hoy en sus directorios a figuras
de la derecha y la NM, quizá para ocultar que tuvieron su origen en la
apropiación indebida de interventores que terminaron apropiándose de ellos o,
en su defecto, para hacer olvidar el “perdonazo” llamado “deuda subordinada”
que les permitió pagar sus deudas en 40 años con cargo al fisco, como ocurre
actualmente con el Banco de Luksic, el mismo del crédito a Dávalos. Situación
similar ocurrió con empresas energéticas, de comunicaciones,
telecomunicaciones, acero (CAP), Soquimich, etc.
