martes, 11 de julio de 2017

MEXICO: ACTIVISTAS DE DDHH Y PERIODISTAS ESPIADOS POR EL GOBIERNO (SITUACION EN CHILE)


“Pegasus espió a investigadores independientes del caso Ayotzinapa en México”

PGR, Cisen y Sedena pagaron 489 millones de pesos (más de 27 millones de dólares) a una sola empresa para espiar a periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos en el país

En Actualidad RT –public. 10/7/17

La Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México gastaron 489 millones de pesos (más de 27 millones de dólares) para actualizar el programa malicioso Pegasus y mejorar sus capacidades de espionaje, que afectó incluso al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargados de investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Así se desprende de una investigación periodística publicada por el sitio Aristegui Noticias, según la cual, dichas dependencias del Gobierno beneficiaron a la empresa Proyectos y Diseños VME por concepto de "actualización de la plataforma de inteligencia cibernética de acuerdo a las funcionalidades reflejadas en el contrato CISEN/33701/002/16".

Los comprobantes fiscales publicados por el medio y corroborados ante el Sistema de Administración Tributaria de México (SAT) revelan diversos montos: 203 millones de pesos (más de 11 millones de dólares), 7.581.600 pesos (más de 400.000 dólares), 56.520.750 pesos (más de tres millones de dólares), y uno más por 1.113.600 dólares (más de 20 millones de pesos).

Con estas facturas, se comprobó que la PGR, el Cisen y la Sedena tienen una estructura de espionaje que, según el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto (Ontario, Canadá), fue utilizada entre enero de 2015 y agosto de 2016 para intervenir comunicaciones de diversos periodistas y activistas mexicanos a través de mensajes de texto fraudulentos para que se instalara Pegasus en sus teléfonos móviles.

Este 10 de julio, el diario 'The New York Times' destacó en primera plana que integrantes del GIEI encargados de investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron objeto de espionaje. El rotativo estadounidense confirmó que un teléfono utilizado por uno de los integrantes de dicha organización recibió diversos mensajes de texto con un enlace falso, mismo que escondía el programa espía de origen israelí llamado 'Pegasus'.

Pegasus es un 'software' distribuido por la empresa NSO Group que solo se vende a los gobiernos, debido a que su propósito principal es prevenir, vigilar e interceptar comunicaciones entre grupos criminales y terroristas. En 2013, el Estado mexicano habría adquirido esta solución informática para espiar a narcotraficantes.


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“Retención de Datos y Registro de Teléfonos Móviles
Chile en el contexto latinoamericano”

Por Marianne Díaz, en Derechos Digitales –public. junio 2017

Resumen

Las medidas de retención de datos y registro de teléfonos móviles constituyen restricciones a los derechos fundamentales a la privacidad y a la libertad en las comunicaciones. Como tales, deben cumplir con  una  serie  de  requisitos  mínimos  que  garanticen  el  respeto  a  los  estándares  internacionales  en materia de derechos humanos. Frente a la tendencia regional y global que lleva a gobiernos y a proveedores de servicio a acumular una cantidad cada vez mayor de información sobre sus usuarios, este estudio intenta una aproximación comparada a la manera en que las legislaciones de México, Brasil, Colombia, Perú, Argentina y Chile abordan la retención de datos y el registro de teléfonos móviles, de cara a sus obligaciones y compromisos internacionales en el marco interamericano, y en particular en relación a los proyectos legislativos que en Chile buscan realizar cambios al actual marco regulatorio de las telecomunicaciones.

Palabras clave: Retención de datos, privacidad, comunicaciones, registro de SIM, telefonía móvil.

Resumen ejecutivo

Este reporte es el resultado de un examen la legislación vigente en materia de retención de datos y registro de teléfonos móviles en Argentina, Brasil, México, Perú y Chile (con énfasis en este último), en relación con los principios y parámetros de derechos humanos que rigen las restricciones en el acceso a las comunicaciones y la libertad de expresión.

Al mismo tiempo que existe una tendencia global de las naciones por regular las telecomunicaciones de modo más estricto, bajo la justificación de combatir el terrorismo y el crimen organizado, el impulso en respuesta apunta a señalar que los usos de la tecnología con fines de comunicación constituyen usos protegidos por los estándares internacionales de derechos humanos. Como ejemplo, el anonimato, que suele ser presentado por los estados como un factor peligroso que debe ser combatido, dando por sentado que coadyuva a la perpetración de crímenes, es visto por Naciones Unidas como una garantía a la libertad de expresión y al libre flujo de ideas en el contexto de una sociedad.

En  el  balance  de  esta  tensión,  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  contempla  los requisitos  mínimos  que  debe  contener  cualquier  restricción  a  la  libertad  de  expresión  en  la  región.  Aceptamos, así, que existen limitaciones y que es potestad de los estados regular los casos en los que se requiere restringir estos derechos, pero postulamos que dichas medidas deben cumplir con cinco requisitos: (1) legalidad, (2) búsqueda de una finalidad imperativa, (3) necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida en relación con el fin perseguido, (4) garantías judiciales, y (5) satisfacción del debido proceso.


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Colectivo Acción Directa Chile -Equipo Internacional
Julio 11 de 2017

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