lunes, 26 de junio de 2017

EL COMPAÑERO DEL GAP OSCAR LAGOS VOLVIO A LA MONEDA A DECIR ¡PRESENTE!

Compañero Óscar Lagos Ríos

Miembro de la escolta del cro. Presidente, Óscar salió de los últimos desde el palacio, cuando éste ya era pasto de las llamas y Allende estaba muerto. Fue detenido junto a todos los defensores del gobierno legítimo y democrático por las tropas golpistas, comenzando un terrible periplo que terminaría con su desaparición. Casi 44 años después, vuelve al lugar donde combatió hasta rendir su vida por Allende y el Gobierno Popular

La mañana de éste sábado 24 fueron entregados a sus familiares los restos del compañero ÓSCAR REINALDO LAGOS RÍOS, miembro del Dispositivo de Seguridad Presidencial (o GAP) del último Presidente legítimo de Chile, Salvador Allende, brindándoles aquellos una digna sepultación en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos del Cementerio General de Santiago. Óscar había sido detenido en el Palacio de la Moneda ese fatídico martes 11 de septiembre de 1973 y fusilado dos días después por miembros del ejército, mismos que hicieron desaparecer su cuerpo en una fosa en Peldehue.

Tuvieron que pasar casi 44 años desde el vil asesinato y desaparición de Óscar, que contaba sólo 21 años al momento del Golpe, para que se supiera oficialmente sobre el destino de sus restos.

El cortejo que acompañaba al valeroso miembro del GAP pasó primero por la sede de la Federación de Sindicatos de Empleados Particulares, situada a pasos de La Moneda. Luego, se detuvo frente a la puerta de Morandé 80, a un costado del palacio, mismo pórtico por donde salieran Óscar y otros 48 compañeros defensores del gobierno legítimo de la UP casi 44 años antes, para luego ser víctimas de la maquinaria del horror instaurada por las fuerzas armadas anti-populares. Luego, se realizó una nueva estación frente al monumento al compañero Presidente Salvador Allende. 

Finalmente, la comitiva desembocó en el Cementerio General, donde se realizó un emotivo acto de despedida en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, donde fue notoria la ausencia de dirigentes del Partido que fuera Socialista. Sin embargo, este hecho no debe causarnos la más mínima extrañeza (creemos que a Óscar tampoco se la causaría), puesto que ya sabemos que la dirigencia del P ex S ha execrado de su pasado histórico y no gurada ninguna consideración con sus militantes caídos en la lucha antidictatorial, como que ha sido capaz hasta de hacer negocios con el yerno del mismo chacal Pinochet y de administrar muy bien el sistema que nos legará la dictadura cívico-militar, la cual, en cambio, muy tempranamente combatiera el consecuente y digno Compañero Óscar Lagos.

La hermana del compañero, Lidia Lagos Ríos, relató que la búsqueda de su hermano comenzó el mismo 11 de septiembre. “Mi mamá se volvió loca buscando a mi hermano. Nosotros crecimos en ese ambiente”, recordó amargamente.

En tanto, Miguel Yáñez Lagos, sobrino del fallecido y abogado de la familia, relató que su tío fue trasladado al regimiento Tacna donde fue torturado y fusilado. “Fue torturado dos días y fueron fusilados los once compañeros. Fue mandado a la fosa común y fueron dinamitados los cuerpos”, comentó. En 1978, en el contexto de la operación “Retiro de Televisores”, con la cual la dictadura buscaba eliminar rastros de sus violaciones a los derechos humanos, se intentó despreciablemente hacer desaparecer de nuevo los restos de Óscar Lagos.

Jaime Hernández Manss, también miembro del GAP, relató que Óscar fue uno de los militantes socialistas que permaneció hasta el final en La Moneda durante el golpe de Estado. “Se le va a dar sepultura digna a uno de mis compañeros”, destacó.

Los luctuosos hechos de ese nefasto 11 de septiembre de 1973

El 8 y 9 de septiembre de 1973, Oscar Lagos permaneció con su familia y el lunes 10 se incorporó a su servicio de guardia y fue uno de los escoltas que acompañó al Presidente Salvador Allende a La Moneda.

El 11 de septiembre, el Palacio Presidencial de La Moneda, sede del Gobierno, fue tomado por efectivos de infantería y de tanques del ejército, dirigidos por el ex general Javier Palacios, a los que se sumaron más tarde fuerzas de carabineros. A las 11 de la mañana comenzó el bombardeo de parte de la fuerza aérea, lo que destruyó gran parte de la centenaria casa de los presidentes de Chile.

Los miembros de la Guardia Presidencial y otras personas permanecieron en el Palacio hasta que recibieron la orden del Presidente Salvador Allende de salir, lo que se hizo por una puerta de calle Morandé 80 del Palacio de La Moneda. Allí fueron encañonados y golpeados por los envalentonados militares y se les ordenó tenderse en el suelo con las manos en la nuca, estando permanentemente amenazados, incluso de ser aplastados por un tanque que se dirigió hacia ese lugar.

Dos miembros de la Guardia Presidencial, Antonio Aguirre Vásquez y Osvaldo Ramos Rivera fueron hechos prisioneros en el interior de La Moneda y fueron enviados a la Posta de la Asistencia Pública porque estaban heridos, algunos días después estos dos compañeros fueron sacados desde dicho centro asistencial por efectivos militares, permaneciendo desde entonces en calidad de detenidos desaparecidos. Otros miembros del GAP que venían de la residencia presidencial de El Cañaveral y Tomás Moro, no alcanzaron a ingresar en La Moneda, siendo detenidos en sus proximidades por Carabineros. Ellos eran, entre otros, Gonzalo Jorquera Leyton, Williams Osvaldo Ramírez Barrea, Carlos Cruz Zavala y Domingo Blanco Tarrés, quienes formaban parte de un grupo de aproximadamente 13 compañeros, algunos de los cuales fueron ejecutados posteriormente, en tanto que los otros permanecen en calidad de detenidos desaparecidos.

Los compañeros detenidos en La Moneda permanecieron en la calle Morandé hasta las 18:00 horas. A esa hora, estos prisioneros fueron conducidos en dos vehículos militares al Regimiento Tacna, ubicado a unas 12 cuadras del Palacio de La Moneda. La mencionada unidad militar estaba a cargo de un criminal de lesa humanidad, el ex coronel Joaquín Ramírez Pineda.

Los sobrevivientes de estos acontecimientos han entregado la información que permite reconstruir estos hechos: los prisioneros permanecieron en el mencionado Regimiento hasta el día 13 de septiembre. Mientras estuvieron detenidos en ese Regimiento fueron obligados a arrastrarse hincados, estar tendidos, con los brazos sobre la nuca o de pie con los brazos en alto. Durante casi 48 horas debieron permanecer en posiciones dolorosas, en terreno áspero o de huevillo, siendo pisoteados por los militares que corrían sobre ellos y que los golpeaban con las culatas de sus armas o les proferían heridas con sus yataganes, con la permanente vigilancia de guardias armados de ametralladoras, quienes los amenazaban y solicitaban a los oficiales ejecutarlos de inmediato. Posteriormente, permanecieron en un sector denominado los boxes o antiguas caballerizas; desde allí los prisioneros eran llevados a una oficina ubicada en el segundo piso del Regimiento, donde eran torturados e interrogados por personal del Servicio de Inteligencia Militar SIM. Posteriormente eran devueltos, en malas condiciones físicas, a reunirse con los otros prisioneros y a continuar en las posiciones dolorosas que les asignaban. Cada cambio de guardia comenzaba con una golpiza a culatazos de los prisioneros.

El criminal Ramírez Pineda
Estos prisioneros eran 49 personas. De ellas se ordenó liberar, al día siguiente, a los 17 funcionarios de Investigaciones que integraban el equipo de protección presidencial y se separó a algunos otros prisioneros. Finalmente quedaron como prisioneros un grupo de personas, de las cuales se ha identificado a 21 de ellas: diez asesores del Presidente de la República o funcionarios del gobierno, diez miembros de la Guardia Presidencial y un obrero. Los asesores del Presidente eran Jaime Barrios Meza, ingeniero comercial, asesor presidencial y Gerente General del Banco Central de Chile; Sergio Contreras, relacionador público de la Intendencia y periodista; Daniel Escobar Cruz, Jefe del Gabinete del Subsecretario del Interior; Enrique Huerta Corvalán, Intendente de Palacio; Claudio Jimeno Grendi, sociólogo, asesor presidencial; Georges Klein Pipper, médico, asesor presidencial; Eduardo Paredes Barrientos, médico, asesor presidencial y ex Director de Investigaciones; Enrique París Roa, médico psiquiatra, asesor presidencial y miembro de Consejo Superior de la Universidad de Chile; Héctor Ricardo Pincheira Núñez, estudiante de medicina, asesor presidencial; y Arsenio Poupin Oissel, abogado, Subsecretario General de Gobierno y asesor presidencial. Los miembros de la Guardia Presidencial, que han podido ser identificados son los siguientes: José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras. Además, estaba el compañero obrero Oscar Luis Avilés Jofré, quien había concurrido a La Moneda en apoyo al Gobierno.

En una crónica del diario El Popular, de fecha 1° de junio de 1990, aparece un testimonio del ex conscripto del Regimiento Tacna, Manuel Carrillo, quien señala que el compañero Oscar Lagos Ríos estaba mal herido y agonizó durante dos días en el Regimiento Tacna (esta información se ingresó en la causa rol N°126465-6).

Alrededor de las 14:00 horas del día 13 de septiembre de 1973 estos prisioneros, amarrados de pies y manos fueron arrojados en un camión militar, unos encima de los otros y fueron conducidos fuera del Regimiento con destino desconocido. Casi todos los miembros de la Guardia Presidencial que estuvieron en La Moneda el día 11 de septiembre de 1973 fueron ejecutados o desaparecieron. Sin embargo, uno de los que logró salir con vida y ha contribuido a reconstruir estos hechos es el compañero Juan Bautista Osses Beltrán, quien fue llevado detenido al Regimiento Tacna, pero fue incorporado a otro grupo de prisioneros, lo que le permitió salir con vida después de estar en prisión en el Estadio Chile y en el Estadio Nacional.

Osses señala en su extensa declaración que un grupo de 13 miembros de la Guardia Presidencial acompaño a Allende a La Moneda y fue detenido en su interior. Posteriormente, junto con los demás prisioneros fue conducido al Regimiento Tacna y allí fueron informados que serían fusilados a las 12 de la noche, después que el fusilamiento sería a las 3:00 horas y más adelante, se señaló a las 6:00 horas. Osses ha reconocido que entre los detenidos en el Tacna se encontraban Héctor Daniel Urrutia, Daniel Gutiérrez, Enrique Huerta, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio, Julio Moreno, Eduardo Paredes, Enrique París, Georges Klein, Héctor Pincheira, Arsenio Poupin, Luis Rodríguez Riquelme y Oscar Valladares.

El testigo fue sacado del Regimiento Tacna en la madrugada del día 13 de septiembre de 1973 y conducido junto a otros detenidos al Estadio Chile.

Beatriz Celsa Parrau Tejos, quien estuvo detenida en el Regimiento Tacna, ha podido también brindar algunos antecedentes importantes. Ella estaba en INDUMETAL, donde atendía a un herido en su calidad de enfermera. A las 18:00 horas del 11 de septiembre, esta empresa fue ocupada por carabineros y todos los que allí estaban quedaron detenidos y fueron conducidos a una Comisaria y el mismo día, trasladados al Regimiento Tacna. Allí supo que estaban detenidos los que hablan sido apresados en La Moneda y a pesar de estar separada de ese grupo, tuvo la oportunidad de verlos cuando iban al baño o cuando eran conducidos a los interrogatorios. Allí vio a varios médicos, que conecta por sus actividades profesionales y a dirigentes del gobierno. También observó a numerosos grupos de otros prisioneros que ingresaban o salían. El 13 de septiembre, a mediodía, a través de las rendijas del galpón en que estaban encerradas unas 90 mujeres, Celsa Parrau pudo ver salir un camión del Regimiento llevando bultos que parecían cuerpos humanos Cuando las sacaron del mencionado galpón, a las 14:30 horas, observó que ya no estaban los prisioneros de La Moneda.

Por su parte, el Jefe de Investigaciones en La Moneda, el digno compañero Juan Seoane (quien falleció hace unos pocos días), permaneció entre los detenidos de La Moneda hasta después del mediodía del 13 de septiembre, momento en que pudo presenciar cómo se llevaban a los prisioneros en un camión militar.

Según testimonios de los sobrevivientes, ellos escucharon de los militares que participaron en la operación, que los hablan llevado a los campos militares de Peldehue, ubicados en Colina, donde habrían sido fusilados e inhumados.

Un soldado del Regimiento Tacna, que pudo presenciar parte de los hechos, relató que los prisioneros fueron amarrados con alambre y lanzados a un camión Pegaso del Ejército que integró un convoy que salió del cuartel a las 14:00 horas aproximadamente, mientras se ordenaba a todos los conscriptos permanecer recluidos en sus cuadras y no transitar por los patios. En la tarde regresó el contingente que había formado parte del convoy y se corrió la voz entre los militares que los prisioneros habían sido conducidos al predio que el Regimiento Tacna tiene en los campos militares de Peldehue, en Colina, donde habrían sido ultimados frente a un hoyo o fosa, de un diámetro de unos cinco a seis metros y de varios metros de profundidad, que existía a poca distancia de la vivienda empleada por el personal de guardia del predio. Los prisioneros eran colocados en grupos de cuatro al borde de la fosa y se les disparaba. Una vez ejecutados y arrojados al fondo del foso, se habrían lanzado granadas en su interior y así continuaron las ejecuciones de cuatro en cuatro. El soldado agrega que le correspondió ir al predio mencionado a fines de septiembre de 1973 y encontró la citada fosa tapada. Allá le confirmaron que se había enterrado a los ejecutados en ese lugar y que éstos eran 26 ó 27.

Sin embargo, esta matanza de prisioneros, los cuales se habían rendido y estaban desarmados y maniatados, no ha sido jamás reconocida oficialmente por el ejército ni se han entregado los cadáveres, y las personas mencionadas siguen desaparecidas desde el 13 de septiembre de 1973. Y entre ellas, también lo estaba -hasta hoy- el compañero Oscar Reinaldo Lagos Ríos.

La verdad –que no la justicia- finalmente se impone

El año 1999, mientras el chacal Augusto Pinochet se encontraba detenido en Londres, el gobierno de Eduardo Frei convocó a diferentes sectores a participar de una farisaica e inconducente Mesa de Diálogo que permitiera recabar información sobre el destino de las víctimas de la dictadura cívico-militar que se encontraban como Detenidas Desaparecidas. En ella participaron abogados de derechos humanos, representantes de las fuerzas armadas y de orden, representantes de las diferentes religiones existentes en el país, académicos y representantes de gobierno. Las organizaciones de familiares de Detenidos Desaparecidos y de DD.HH. se negaron a participar por considerar que esta instancia era un salvavidas para el ex dictador Pinochet.

El trabajo terminó el 13 de junio de 2000, con la entrega del documento de los acuerdos alcanzados al entonces presidente Lagos. En él se reconocían las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar por todos quienes participaron en la Mesa, se establecía un rechazo absoluto al uso de la violencia como método de acción política y un compromiso como sociedad para generar las condiciones que condujeran a la reconciliación, facilitando, de ese modo, la entrega de información sobre el destino de los detenidos desaparecidos.

En enero de 2001, las fuerzas armadas entregaron un informe que daba datos sobre el destino de 200 detenidos desaparecidos supuestamente lanzados al mar, ríos o alta cordillera. De ellos, 180 figuraban con nombres, apellidos y la fecha de su muerte. A Lagos se le entregó un informe que contenía 45 casos de detenidos desaparecidos cuyos datos contenían coordenadas y mapas de su ubicación, lo que hacía presumir que esos restos serían encontrados rápidamente.

Esta compleja situación causó conmoción pública, puesto que era el reconocimiento de la existencia de información sobre el destino de los detenidos desaparecidos al interior de las FFAA. A eso se sumaba la ansiedad de muchos familiares que esperaban tener respuesta sobre sus seres queridos. Ante esta situación, el presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, decidió nombrar ministros en visita para esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos.

En este marco se designó a la jueza Amanda Valdovinos para que investigara la información sobre la existencia de una caverna con 20 cráneos de detenidos desaparecidos en el Fuerte Arteaga y zonas aledañas al predio que rodea a este recinto militar.

Los relatos surgidos hablaban de exhumaciones y traslados de restos a las laderas de la cadena de cerros El Talhuenal. Ahí la ministra centró su trabajo de investigación, junto a un equipo de antropólogos forenses. Las informaciones que mencionaban de manera recurrente el “rincón de los finados” para referirse a una determinada zona del recinto militar, donde se habían enterrado restos sacados de otros lugares, la llevaron a determinar que no todos los restos exhumados se habían lanzado al mar y así lo informaba a la Corte Suprema.

Cuatro meses después de iniciada la búsqueda en el Fuerte Arteaga, las investigaciones comenzaron a dejar en evidencia lo que había sucedido más de veinticinco años antes con los detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.

Se excavó una gran fosa en el área norte de la zona de campaña y se recuperaron más de 500 piezas óseas, que correspondían a fragmentos de extremidades, dientes, trozos de cráneo y otras partes de cuerpos humanos, además de material de guerra y pedazos de vestimentas. En estos restos estaba el último trozo de historia de 12 de los 20 detenidos y luego desaparecidos el 11 de septiembre de 1973 desde La Moneda.

La jueza Valdovinos emitió un concluyente informe a la Corte Suprema. En él se hablaba de la violencia e irracionalidad que había dominado en estas muertes. Indicaba, que al observar los restos encontrados en el área de la fosa se podía “concluir en forma categórica el uso de explosivos del tipo granadas para destruir los cuerpos”, por las incrustaciones de restos óseos que habían quedado en las paredes del pozo. También se refería a las huellas de maquinaria pesada en la exhumación de cuerpos.

El junio de 2002, la Corte Suprema decidió reestructurar las investigaciones de causas por violaciones a los derechos humanos y nombró a cargo del caso Fuerte Arteaga al juez Juan Carlos Urrutia, del Quinto Juzgado del Crimen. A partir de los fragmentos óseos se inició la investigación por exhumación ilegal.

El criminal Odlanier Mena
Uno de los testigos fundamentales en esta investigación fue el suboficial Eliseo Cornejo Escobar, quien participó en las ejecuciones de los detenidos de La Moneda y cinco años más tarde guió la búsqueda en las excavaciones para exhumar los restos, en el marco de la ominosa “Operación Retiro de Televisores”. Esta ilícita acción ordenada por la junta militar a fines de 1978, presionada por el revelador hallazgo de osamentas de Detenidos Desparecidos en los Hornos de Lonquén, consistió en remover y retirar en su cuasi totalidad los restos remanentes para luego ser lanzadas al mar u otro lugar. La sucia tarea estuvo a cargo del jefe de la CNI, el criminal de lesa humanidad Odlanier Mena.

Finalmente, un peritaje científico realizado en Suecia permitió determinar que algunas de las piezas encontradas en 2001 pertenecían al compañero Óscar Lagos Ríos, quien ahora pasó a decir ¡Presente! frente a La Moneda y nos seguirá acompañando en la lucha por la verdad, la justicia y por una sociedad mejor.


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¡Ni Olvido Ni Perdón: Verdad, Justicia y Memoria!
¡Sólo la Lucha y la Unidad Nos Harán Libres!


Colectivo Acción Directa CAD –Chile
Junio 26 de 2017

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