sábado, 20 de mayo de 2017

POBLADORES SE TOMAN SEDE DE LA CCHC DENUNCIANDO EL NEGOCIADO INMOBILIARIO


“Pobladores se toman sede de Cámara Chilena de la Construcción denunciando negocio inmobiliario”

Exigen que la vivienda sea considerada un derecho constitucional, y asegurada por una Ley General de Vivienda

En Primera Línea –public. 19/5/17

En la mañana del viernes 19 de mayo a las 10.00 horas, un grupo de pobladoras y pobladores de la Puente Alto (Bajos de Mena), Maipú, Estación Central, San Ramón, organizados en la Coordinadora en Lucha por el Derecho a la Vivienda hicieron ocupación de Cámara Chilena de la Construcción, con el fin de denunciar el negocio inmobiliario y señalarle a los políticos y empresarios que la “Vivienda es un Derecho”.

El motivo del copamiento de la Cámara Chilena de la Construcción es que esa institución gremial, como el máximo representante del negocio y lucro inmobiliario y representante de las empresas que se han enriquecido con el apoyo del Estado en las últimas décadas, se ha fomentado la construcción privada y empresarial a costa de la vivienda como un derecho. Incluso las viviendas sociales están inmersas completamente en el sistema mercantil habitacional, en cuanto a las mismas constructoras que hacen los proyectos, a la compra y avalúo de terrenos, etc.

Denunciaron también que el Estado “ha desarrollado una política habitacional ajustada a los intereses de los empresarios”. Una política que, señalan, forma guettos de obreros, fomenta el endeudamiento de las y los trabajadores, margina y lleva a las periferias de las ciudades a los pobladores, que protege a las constructoras e inmobiliarias y sus negocios por sobre el derecho a una vivienda digna. En este aspecto, Yerko Cortés, del Movimiento de Pobladores Vivienda Digna, y miembro de la Coordinadora, señaló que “queremos denunciar al Ministerio de Vivienda y a la Cámara de la Construcción, puesto que desde siempre se ha realizado una política de vivienda en donde el ministerio asegura el déficit habitacional para el beneficio de la vivienda privada.”

También denunciaron en el comunicado el tiempo excesivo que tarda la tramitación de los subsidios habitacionales, puesto que estos duran por lo general entre 10 y 13 años desde la entrada a un comité hasta que se entrega la nueva vivienda, siendo además un estímulo para abandonar el proyecto y optar por el endeudamiento en un crédito hipotecario por 30 años con la banca y el mercado inmobiliario.

Finalmente llamaron a que la vivienda sea vista por el Estado como un derecho garantizado por la Constitución, a través de la creación de una Ley General de Vivienda, además de la creación de una constructora pública, para no dejar en manos privadas la construcción de las viviendas sociales.

Pidieron también la creación de una mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Hacienda, el Intendente, el Director del SERVIU, y la Cámara Chilena de la Construcción, para lograr la condonación de las deudas de los vecinos de las casas COPEVA de Bajos de Mena, la negociación y compra de los terrenos en Maipú, hoy en manos de las inmobiliarias privadas “Los Silos” y “Pocuro”, para que se construyan ahí viviendas sociales, y acelerar y destrabar las gestiones para empezar cuanto antes la construcción de un proyecto habitacional en San Ramón.

Luego de una fuerte represión e intento de desalojo por parte de carabineros, las y los pobladores decidieron resistir manteniendo la ocupación, quedando 10 pobladores detenidos en la 19a Comisaría de Providencia.


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