domingo, 1 de enero de 2017

¡EL MINISTRO DE (IN)JUSTICIA JAIME CAMPOS DEBE RENUNCIAR!


Es la digna y justa exigencia de decenas de agrupaciones de DD.HH., sociales, sindicales y políticas frente a su comportamiento e interesados dichos, con los cuales busca exculpar a los criminales de lesa humanidad encarcelados en Punta Peuco    

“La actual campaña para liberar a  perpetradores, encarcelados en Punta Peuco, se estima una de las más violentas en contra de las víctimas de la dictadura. A pesar del tono pausado y voz meliflua del religioso que la encabeza, ha buscado, por un acto de manipulación mediática, convertir a las víctimas en victimarios, a los criminales en ancianos desvalidos y al acto de demandar justicia en una acción de venganza.” Así encabezan –muy acertadamente- l@s compañer@s de la Corporación Villa Grimaldi su posición, “Liberación de victimarios: Una campaña que agrede y violenta a las víctimas”, frente a la actual embestida de la coalición conformada por criminales de DD.HH., sus familiares y amigotes, la derecha, sectores de la Nueva ‘Minoría’ y algunos curas desubicados, todos los cuales pretenden darle chipe libre a esos seres sin humanidad que fueron capaces de los horrores más grandes ocurridos en nuestra tierra y que ahora, sin mediar arrepentimiento o reconocimiento alguno sobre el daño causado a víctimas, familiares y a la sociedad toda, pretenden salir en libertad.

En efecto, no es la primera vez que las organizaciones y juristas defensores de los derechos fundamentales enfrentamos obstáculos a la aplicación real y completa de justicia a los causantes de tanto daño humano y social. Tampoco es la primera ocasión en que nos debemos movilizar y alentar con ello el repudio de nuestra formación para lograr que se concrete la justicia, solo que esta oportunidad luchamos contra el tiempo y una retórica repleta de impunidad biológica.

Y claro, es que llegar a encarcelar a un puñado de asesinos en el hostal Punta Peuco no ha sido un camino corto y fácil. El recinto y sus huéspedes representan más de cuarenta años en que los familiares de las víctimas y l@s sobrevivientes se han confrontado con diversos mecanismos de impunidad dispuestos por el Estado chileno y los diversos gobiernos de turno. Primeramente, con un poder judicial cómplice de la dictadura cívico-militar, el que sistemáticamente denegó justicia y amparo. Luego, se vino a imponer la ley de amnistía, en 1978, y -a reglón seguido- la radicación de las causas por DD.HH. en el ámbito de una justicia (¿?) militar, coludida todo el tiempo con los victimarios. Esto obligó a las organizaciones de familiares y a los juristas a esmerarse para lograr traspasar las causas a la justicia ordinaria y salvar la barrera de la amnistía. En parte se logró por la vía de calificar la desaparición forzada como un “secuestro permanente” y luego, porque se juzgaran las ejecuciones políticas como crímenes de lesa humanidad y en esa calidad fuesen imprescriptibles e inamnistiables.

En la actualidad las organizaciones político-sociales promotoras y defensoras de los DD.HH. nos enfrentamos con la iniciativa en favor de victimarios enfermos, que encabeza el jesuita Fernando Montes. Si bien el religioso asegura no ser partidario de la impunidad, para las víctimas resulta evidente que su campaña es parte de una maniobra mayor tendiente a liberar a todos los criminales de Punta Peuco.

Con ese objetivo y por un acto de prestidigitación mediática, todos los reos han sido presentados como ancianos desvalidos y enfermos terminales. Sus pavorosos antecedentes criminales han sido invisibilizados, como también el hecho de que se han negado sistemáticamente a colaborar con la justicia entregando información sobre los crímenes en que se involucraron.

Para l@s activistas defensores y promotores de los derechos fundamentales resulta evidente que otorgar algún beneficio adicional a los victimarios representará el triunfo de los pactos de silencio y la impunidad. Los reos de Punta Peuco llegaron ancianos al penal porque por décadas, con la ayuda desde el Estado y desde la sociedad política, eludieron la justicia sirviéndose de una estructura organizada de ocultamiento y mutismo. Esta orgánica sigue operando en la cárcel y fuera de ella, urdiendo maneras de eludir la justicia, esta vez de manera definitiva.

Los ancianitos del penal, tanto los 10 que pidieron perdón como los que no lo hicieron, con su silencio, siguen cometiendo el delito de desaparición forzada, el crimen “emblemático” del Estado terrorista. Por consiguiente no están rehabilitados y la sociedad tiene todo el derecho de mantener el castigo conforme lo señala la ley y los tratados internacionales suscritos por Chile.

En este contexto, éste jueves 29 de diciembre, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, que congrega a decenas de agrupaciones de DD.HH., comunidades cristianas, sociales y sindicales, entregó una carta a Michelle Bachelet, solicitando inmediatamente la renuncia de Jaime Campos, como Ministro de Justicia, tras sus dichos por Punta Peuco, el  Servicio Nacional de Menores (Sename) y su vínculo familiar con un criminal de lesa humanidad.

En la carta, se recalca que Jaime Campos en reiteradas oportunidades ha estado a favor de entregar beneficios carcelarios a los criminales de lesa humanidad condenados y que se encuentran recluidos en Punta Peuco, sumándose a la campaña orquestada por la derecha política, parte de la curia católica y sectores de la NM para lograr la impunidad para los escasos agentes criminales condenados hoy por hoy, en contradicción absoluta con los compromisos contraídos por Chile en relación a los tratados internacionales en materia de juzgar y sancionar a los criminales condenados por crímenes de lesa humanidad.

Recordemos que en una reciente entrevista brindada al golpista El Mercurio, Campos expresó: “Desgraciadamente, todos vamos tomando posiciones sobre esta materia en base a lo que son nuestras visiones o intereses particulares, y no tenemos una mirada colectiva de país. Creo que los derechos humanos son válidos para todo el mundo, sin distinción de ninguna especie. Pero pareciese que algunos no lo creen así”. A ello, el secretario de Estado agregó que “faltaba coraje” para enfrentar el tema señalando: “Me parece obvio que los enfermos terminales o las personas que padezcan enfermedades graves, invalidantes, complejas, salgan. Es que hay que tener un mínimo de humanidad en la vida y de compasión. Si por muy delincuentes que sean, también son seres humanos”, señaló.

Tras ello, Campos instó a las Iglesia a pronunciarse sobre esta situación y a la sociedad en sí a abrir la discusión. Esto se dio como contexto a una ofensiva de parlamentarios de derecha y abogados de condenados en el Penal Punta Peuco, que culminó en una Misa el pasado día viernes 23 de diciembre, autodenominada “Misa del Perdón”, que tenía como contexto el conseguir beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad.

Se suma a lo anterior el hecho que el actual ministro es hermano de Ángel Hernán Campos Quiroga, militar fallecido y quien fuera integrante del grupo 3 de base aérea de Manquehue en Temuco, con grado de Teniente de la Fuerza Aérea de Chile, quien estaba involucrado en el asesinato de tres militantes del Partido Comunista y uno del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, y como torturador en la misma base aérea.

En la misiva de exigencia de renuncia, los firmantes ponen en duda que el ministro Campos comprenda el alcance que tiene el cargo de Justicia y su responsabilidad de saldar la deuda jurídica, política, ética, social ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Solo 126 de los 1.373 ex agentes procesados, acusados y/o condenados, están cumpliendo efectivamente penas de presidio. Y de las 1.193 personas detenidas desaparecidas solo 148 han sido encontradas o identificadas, sin que ningún ex agente haya entregado información consistente para ubicar sus restos.

Las organizaciones de derechos humanos acusan que Campos “en lugar de hacer planteamientos para fijar un itinerario de Verdad y Justicia,… ha señalado en reiteradas oportunidades que está a favor de entregar beneficios carcelarios a los criminales de lesa humanidad… sumándose a la campaña orquestada por las mismas fuerzas que organizaron el Golpe de Estado”. Esta conducta desconoce los compromisos contraídos por Chile en relación a  tratados internacionales que le obligan a juzgar y sancionar  con severidad los crímenes de lesa humanidad.

La carta repudia “las destempladas declaraciones del Sr. Campos sobre la situación que afecta a los niños y niñas que han visto vulnerados sus derechos a la integridad física y psíquica y su derecho a la vida en el Servicio Nacional de Menores (SENAME)”. Manifestando indignación tras enterarse la opinión pública que el ministro “ha actuado durante años como encubridor de su hermano Ángel Hernán Campos Quiroga, acusado… de torturas y asesinato de al menos tres detenidos en la cuidad de Temuco en tiempos de la dictadura cívico militar”.

¡Ni Olvido Ni Perdón: Verdad, Justicia y Memoria!
¡Sólo la Lucha y la Unidad Nos Harán Libres!


Colectivo Acción Directa CAD –Chile
Enero 1 de 2017

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