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sábado, 18 de junio de 2016

ALEMANIA CONDENA A UN NAZI, MIENTRAS CHILE LIBERA A CRIMINALES DE DD.HH.

El ex guardia SS Reinhold Hanning se va preso

Y a la corte alemana no le importó que fuera un ‘abuelito’ de 94 años, sino el hecho que participara en crímenes de lesa humanidad. En Chile, la (in)justicia, la derecha y algunos pelotudos de la NM podrían ir olvidándose de sus argumentos para excarcelar a asesinos de la dictadura cívico-militar, “por estar viejitos y enfermitos”

A los 94 años de edad, un ex guardia del campo de exterminio de Auschwitz ha sido condenado a cinco años de cárcel.

Reinhold Hanning fue encontrado culpable de complicidad en el asesinato de, al menos, 170.000 personas. El tipo fungió como guardia de las SS en Auschwitz, desde 1942 hasta 1944. Él ha dicho que sabía lo que estaba sucediendo en el campamento, pero que no hizo nada para detenerlo.

El veredicto se produjo después de un juicio que duró casi cuatro meses en la occidental ciudad alemana de Detmold. Hanning, en una silla de ruedas, permaneció en silencio e impávido durante gran parte del juicio, evitando el contacto ocular con las personas que tenía al frente en la sala de audiencias, donde se encontraban varios sobrevivientes del terrorismo nazi.

Consultado uno de los sobrevivientes del fatídico campo de exterminio sobre la posibilidad de absolver al ex SS, fue firme en señalar que, “YO NO PUEDO PERDONARLO”.

El 'abuelito' asesino Krasnoff Martchenko
Y que pasa en Chile con los criminales de la dictadura cívico-militar

Al contrario de lo obrado por los tribunales europeos respecto de los asesinos del nazismo, en nuestro país, a principios de éste mes, la tercera sala de la Corte Suprema entregó la libertad condicional a dos ex uniformados detenidos en el penal Punta Peuco por crímenes relacionados con violaciones a los derechos humanos, calificados claramente como crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables.

Uno es Hernán Reinaldo Ovalle Hidalgo, ex coronel de ejército, quien participó el 12 de septiembre de 1973 en la ocupación de la empresa textil “Sumar”. En este operativo fueron asesinados Ofelia Villarroel Latín, militante comunista; Donato Quispe Choque, de nacionalidad boliviana, y Adrián del Carmen Sepúlveda Farías, simpatizante de la izquierda.

A favor de ratificar lo que previamente había determinado la Corte de Apelaciones y conceder la libertad condicional votaron los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval y Manuel Valderrama. En contra se pronunció Carlos Aránguiz, quien precisó que este tipo de determinaciones debería ser tomado por la Comisión de Libertad Condicional.

En paralelo, en otro caso, la misma sala de la Corte Suprema revocó una sentencia de la Corte de Apelaciones y concedió la libertad condicional a José Florentino Fuentes Castro. Este fue sargento segundo de Carabineros y perteneció a la tristemente célebre Dirección de Comunicaciones (DICOMCAR). Se encontraba condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros y horribles homicidios –por degollamiento- de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino el 30 de marzo de 1985 en Santiago. Además se considera autor del secuestro de otras 5 personas.

A favor de la medida votaron Pierry, Sandoval y Jaime Rodríguez. En contra, Rosa Egnem y Carlos Aránguiz.

Una determinación judicial tomada por el mismo tribunal, había concedido la libertad condicional a tres personas: al oficial de carabineros Conrado Alfredo Sesnic Guerricabeitia, quien secuestró, torturó e hizo desaparecer al obrero Rudy Cárcamo Ruiz; a Alex Ambler, agente de la CNI condenado por el homicidio de Rafael Vergara Toledo, y a Claudio Salazar Fuentes, condenado a cadena perpetua por el asesinato de Parada, Nattino y Guerrero.

Al respecto Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, afirmó que “a nuestra organización esto nos parece algo gravísimo, algo tan repudiable que nos trae recuerdos del obrar de la Corte Suprema durante los 17 años de dictadura cívico-militar, cuando la Corte Suprema jamás aceptó un recurso de amparo, salvo uno cuando no se vio con ninguna otra posibilidad”.

“Hoy ha demostrado un nuevo subterfugio que le permite otorgar permisos carcelarios a personas que no las merecen. Porque estamos hablando de individuos que jamás han colaborado con la justicia, con personas que nunca han mostrado arrepentimiento sobre sus actos y que jamás han sido capaces de comprender la magnitud de los crímenes que cometieron. Si alguien considera que estas personas no son un peligro para la sociedad, me parece que estamos en presencia de una Corte Suprema tan cómplice y responsable como la que permitió la desaparición de nuestros familiares”, argumenta.

“Nos preocupa que se esté generando una lógica de victimización de quienes son los verdaderos victimarios. Esta situación es realmente preocupante para la democracia. Es realmente grave que algunas personas consideren que el sistema es abusivo con ellos, cuando son los mismos que torturaron, desaparecieron y mataron a muchos chilenos. Han pasado más de 40 años desde la dictadura, y nuestros familiares y afectados también han envejecido y no han podido encontrar a sus hijos y familiares, pues precisamente los que hoy aparecen como víctimas no han querido colaborar para que la verdad se sepa”, finaliza.

La derecha y la Nueva Mayoría tras el perdón y el olvido para los verdugos del pueblo

Tres proyectos de ley presentados en lo que va del mes por senadores de diversos partidos del estrato político civil abren la puerta a la entrega de beneficios carcelarios a los delincuentes de lesa humanidad actualmente detenidos en Punta Peuco. Ello, para deleite de sus amigotes y partidarios.

Una moción ingresada el 8 de junio por los senadores Manuel José Ossandón (RN), Lily Pérez (Amplitud) y Eugenio Tuma (PPD) busca que se permita "la aplicación de la libertad vigilada intensiva por motivos humanitarios a favor de personas condenadas gravemente enfermas". Es decir, para quienes no tuvieron ninguna conmiseración, como los nazis, en torturar, asesinar en las formas más crueles imaginables, hacer desaparecer de otras tantas maneras, robar, mentir, etc., se debe guardar compasión; ¿y a título de qué o de quiénes, nos preguntamos?   

Sus colegas Francisco Chahuán y Baldo Prokurica (RN), además del ‘raspado de olla’ de la UDI Iván Moreira, ingresaron el martes 14 otros dos proyectos para modificar los artículos 86 y 87 del Código Penal, "con el objeto de establecer el cumplimiento alternativo de la pena para las personas que padecen de una enfermedad grave, invalidante o terminal" y "para establecer el cumplimiento alternativo de la condena de los adultos mayores", respectivamente. Es decir, es casi como hablar de unos abuelitos que estuviesen internados en el Hogar de Cristo; ¡todo un chiste cruel!

Según otras fuentes, éste miércoles 15 el senador Ossandón pidió que las propuestas fueran discutidas en la Comisión de Derechos Humanos y no en la de Constitución, "argumentando que esta última estaba muy sobrecargada de trabajo". En la sesión del martes 14, asimismo, se presentó un proyecto de acuerdo de los senadores UDI Juan Antonio Coloma, Jacqueline van Rysselberghe, Ena Von Baer, Alejandro García-Huidobro, Iván Moreira, Víctor Pérez y Hernán Larraín; los RN Andrés Allamand, Francisco Chahuán, Alberto Espina, José García Ruminot, Manuel José Ossandón y Baldo Prokurica; los DC Manuel Antonio Matta, Jorge Pizarro y Andrés Zaldívar, el PPD Eugenio Tuma –nuevamente- y los independientes Alejandro Guillier y Antonio Horvath, en un sentido similar.

El escrito solicita a la Bachelet: "que, si lo tiene a bien, adopte las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento al derecho penal humanitario en la aplicación de penas privativas de libertad a condenados aquejados de enfermedades graves e incurables".

Este debate se da a pocas semanas de que un fallo de la Corte Suprema abriera también la puerta a que militares presos en Punta Peuco, como el criminal de DD.HH. por antonomasia Miguel Krassnoff, accedan a beneficios como la libertad condicional.

No al Perdón y la Impunidad Para los Criminales

Coincidimos con la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, cuando se refirió a las consecuencias que esto acarrea para las familias. Dijo que, “hoy que salgan en libertad, aunque sea uno, es para los familiares un daño moral y psicológico traumático.”

“Hemos luchado por más de 42 años, por detener el terrorismo de Estado en la dictadura cívico-militar y 25 años en democracia en búsqueda de la verdad para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad, para llegar a los culpables y que sean juzgados”.

“Hay que recordar que estos pobres ‘ancianos’ cometieron los crímenes más atroces contra mujeres y hombres de este país. Buscaremos todos los mecanismos que nos lleve a impedir esta impunidad nuevamente contra las víctimas, los familiares y la sociedad.

Por eso volvemos a exigir al gobierno que el proyecto de ley de degradación a los militares, sea ley ¡ya!”, sostuvo. Lorena Pizarro, de la AFDD, apuntó que, “la campaña para lograr beneficios carcelarios, se enmarca en una lógica que es perversa, transformar en víctimas a quienes son criminales, tratándolos de ‘pobres viejitos’ que están enfermos de Alzheimer, que los tienen que mudar y que están postrados, o sea, la lógica es que ellos son unos pobres viejitos y quienes pedimos verdad y justicia somos unos sanguinarios llenos de venganza y de rencor, que no entendemos que ellos necesiten salir en libertad”.

“Pues bien, el Estado que se haga cargo de ellos si están en estado de salud deplorable, debido a su edad, pero sus crímenes deben pagarlos en la cárcel y deben ser trasladados a cárceles comunes, porque son crímenes de lesa humanidad”, afirmó la activista.

Y recalcó: “así como ellos envejecieron, también, desde este lado los familiares han envejecido y hay muchas madres, esposas, hijos e hijas que han fallecido buscando a su ser querido, sin tener nunca ninguna información, porque precisamente los condenados jamás han colaborado. Esto que está ocurriendo es inaceptable”.

Finalmente, ¿por qué nuestra sociedad debe aceptar que delincuentes inveterados y contumaces como Krassnoff, Ambler, Ovalle, Fuentes, Sesnic y otros ‘viejitos’ más salgan así como así de la cárcel –una tan VIP como la de Punta Peuco y no una común, como debieran- en circunstancias que a 71 años del fin de la 2ª Guerra Mundial el criminal de las SS Reinhold Hanning –de 94 años de edad y casi paralítico- deberá permanecer en una prisión?  

¡Ni Olvido Ni Perdón: Verdad, Justicia y Memoria!
¡Sólo la Lucha y la Unidad Nos Harán Libres!

Colectivo Acción Directa CAD –Chile
Junio 17 de 2016

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