RAZONES PARA TERMINAR CON LA LEY DE PESCA-‘LONGUEIRA’

La Ley de Pesca legitima la depredación del mar ‘chileno’ por parte del gran capital. Tampoco lo hacía bien la legalidad anterior, que igualmente asignaba cuotas asimétricas, perjudicando a los artesanales. Por ello, será tarea de los sectores afectados y del movimiento popular imponer una solución a tanto desastre 

El gris ministro (s) de economía del gobierno de la Nueva Mayoría (NM), Raúl Súnico, acaba de afirmar que no se requiere anular la actualmente vigente Ley de Pesca, también conocida como “Ley Longueira”, ya que ello sería “poner en vigencia la ley del año 1991, que llevó al colapso de las pesquerías“. ¿Es verídica dicha afirmación?

Aquel cuerpo legal, nacido en julio de 2012 y vigente desde el 1/1/13, se denomina como el coimero y depresivo politicastro de la UDI, Pablo Longueira, pues era éste quien fungía en el cargo que ahora subroga el “socialista” Súnico, pero en tiempos de la regencia de Tatán Piraña (2010-2014) y fue él quien llevó adelante con mucho encomio –aceitado con buen billete empresarial, así como lo fueron algunos de los parlamentarios que la aprobaron- la discusión y beneplácito en tiempo record del proyecto que hoy beneficia a los grandes grupos económicos dueños de los mares y las pesquerías chilenas.

Por si quedaban dudas sobre las manos que metió Longueira en su engendro legal homónimo -a nombre del empresariado, por cierto- (en conjunto con el sub de pesca de entonces, Pablo Galilea), éste martes 9 se anuncia que  a mediados de marzo deberá prestar declaración como testigo ante la Fiscalía en el marco de la investigación del caso Corpesca. El objetivo del Ministerio Público es que el otrora abanderado presidencial derechista explique el papel que los parlamentarios investigados cumplieron en la tramitación de la Ley de Pesca impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera, testimoniando como un testigo, pero en donde su connivencia es más que obvia.  

Volviendo a Súnico, subsecretario de pesca en su labor habitual, éste se refugió en una patraña legalista para no dar término a la cuestionada ley, aseverando que es inconstitucional anularla y que sólo se le deben aplicar reformitas, “para que se perfeccione. Algunos de esos perfeccionamientos ya los estamos haciendo, se han traducido en proyectos de ley que están en el congreso. Otros los estamos preparando y hay adicionalmente otros cambios”. Por cierto, ya llevamos 2 años de gobierno de la NM y recién sus astutos tecnócratas se están dando cuenta que la famosa ley deja bastante que desear. Así, el subrogante ministro se hace el buena onda y agrega, “Somos críticos de la Ley de Pesca, creemos que mantiene un conjunto de deficiencias, de temas que no se abordaron y que requiere de una evaluación y de modificaciones”.

Respecto de sus muy substanciales ‘perfeccionamientos’ a la mentada Ley ‘Longueira’, el subrogante de economía (que no cumplió con las expectativas de sus electores para continuar siendo diputado, pues se desempeñó solamente un período como tal y no fue reelecto en las parlamentarias de 2009) aportó que ya se aprobó un proyecto “para crear el Instituto de Desarrollo Sostenible de la Pesca Artesanal; generamos otro proyecto para bonificar el repoblamiento de algas y para tipificar como delito la cadena de transporte, procesamiento y distribución de la pesca ilegal”. Es decir, los aportes de su cartera no modifican el fondo de la retorcida legalidad en cuestión. Es más, agravan sus funestos efectos, precisamente para los pescadores artesanales. Ello se puede constatar en el caso de uno de estos, Gerardo Díaz, el que inició el 8 de diciembre pasado una marcha desde Chiloé hasta La Moneda como una forma de protestar contra la Ley de Pesca, ya que el trabajador, luego de perder a tres de sus cuatro compañeros en plena faena en altamar, recibió una demanda por casi 19 millones de pesos por parte del Estado. ¿La razón? Su embarcación estaba en una zona destinada, arbitraria, ahistórica y exclusivamente, a la extracción industrial. 

Fue frente a tanto abuso, y a su evidentemente ilegítima génesis y aprobación, que un grupo de parlamentarios de la NM -del PC y la IC- despertaron  y presentaron en enero una moción para anular la tantas veces referida Ley de Pesca/Longueira, la que fue declarada admisible el 19/1/16 por la cámara baja. Apoyan sus argumentos en que durante la tramitación de ésta, aprobada mientras el venial líder UDI era ministro –apadrinado también por entonces por SQM-, hubo “presión indebida” de parte de distintos grupos económicos que habrían pagado a parlamentarios para que la ley les fuera favorable. “Es una ley que se ha obtenido bajo soborno y lobby indebido del empresariado pesquero, y es una ley viciada, que carece de toda legitimidad y legalidad ante la ciudadanía”, apuntan en el documento que presentaron en la Cámara. La justicia actualmente investiga al senador Jaime Orpis y a la ex diputada Marta Isasi, ambos de la UDI, los que claramente fueron cohechados por la industrial Corpesca, propiedad de la familia Angelini, una de las dueñas del país. De hecho, Orpis fue desaforado por la justicia por su implicación en el caso. En este marco, la cámara acogió a trámite el proyecto para anular la legislación y de inmediato, el gobierno, parte de la Democracia Cristiana, la derecha y la industria pesquera reprocharon la medida, demostrando con ello que sólo intentan proteger los intereses de las 7 familias que se han adueñado del mar ‘chileno’: Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz.

Penosamente, también se ha hecho parte de la defensa de la antipopular ley de pesca/Longueira la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales Conapach, dirigida por Zoila Bustamante. Estos pescadores artesanales han logrado ser cobijados por algunos armadores, por lo que no han resentido los efectos de las cuotas asignadas a dicho sector, pero igualmente critican que, dentro del esquema del cuerpo legal, el Estado, en vez de llamar a una licitación, decida entregar las cuotas industriales a los actores que históricamente habían desarrollado esta actividad en el sector: las anteriormente nombradas “siete familias“, que tienen las cuotas por 20 años y pueden renovarlas.

Chile es el séptimo productor mundial de pescado. La gran industria de arrastre se queda con el 92% de este recurso, el 7% restante se lo reparten los más de 60 mil pescadores artesanales, que abastasen al 95% de los chilenos. O sea, la crisis económica y de recursos marinos del gremio de pescadores artesanales, será también una crisis alimentaria marina que afectará a todo el país.

Poner fin a la Ley de Pesca/Longueira es un imperativo democrático, jurídico, moral y científico. De todas maneras, requerirá ser reemplazada por una legalidad orientada a satisfacer las necesidades alimentarias de la población chilena, consultar las necesidades de los pescadores artesanales, ordenarse según los parámetros de resguardo pesquero internacionales y relegar al olvido los mezquinos intereses del capital monopólico-financiero entrometido en éste ‘nicho de negocios’. Ello, antes que nos quedemos sin pescado ni pedazo.

¡Ah! A Súnico y a todos los que nos quieren convencer que las leyes son inamovibles y para siempre, cabría recordarles que si bien se dificulta hablar de ‘anulación’ de una ley en estos tiempos de democracia gorila, es su propio gobierno, el de la Nueva Mayoría, que dice representar a la mayoría nacional y que ahora se hace a un lado (o se fisura, aflorando la esencia burguesa del PDC), es él quien debe realizar un gesto democrático y proponer al congreso una nueva y mejor legalidad pesquera. Y como no lo hará por las buenas, lo tendrá que hacer a la fuerza, con la potente presión de todo el movimiento popular.   

¡A TERMINAR CON LA LEY DE PESCA/LONGUEIRA/INDUSTRIALES PESQUEROS!

¡SÓLO LA LUCHA Y LA UNIDAD NOS HARÁN LIBRES!

Colectivo Acción Directa –Equipo Sindical

Febrero 9 de 2016