Al cumplirse
un nuevo año de la muerte del sindicalista, el movimiento de trabajadores aún
no logra presionar con la fuerza suficiente para que por fin se haga verdad,
justicia y castigo en éste emblemático caso represivo. ¿O es que alguien aún
cree en la teoría de la "bala loca"?
Hace tres años, exactamente el 21 de febrero
de 2013, nos indignábamos con el crimen de Juan
Pablo Jiménez Garrido, quien hasta ese fatídico día cumplía labores
como presidente del Sindicato n°1 de la empresa ‘Ingeniería Eléctrica Azeta’,
una contratista de Chilectra.
Aquella
jornada, mientras Juan Pablo se encontraba dentro de la empresa preparando una
denuncia contra los abusos de la patronal a los trabajadores, cae asesinado de
un balazo en la cabeza. Hasta el presente, sus asesinos gozan de total
impunidad garantizada por las policías y por los tribunales de justicia.
En
libertad quedaría el menor de edad, de iniciales JBPM, de 17 años, a quien se
imputó por el disparo que causó la muerte al joven dirigente sindical. El muchacho
fue reformalizado por cuasidelito de homicidio y porte ilegal de armas y se solicitó
al juez del caso la realización de un juicio simplificado. El magistrado aceptó
y el adolescente fue condenado a 540 días de libertad asistida, sentencia que
se dio “por cumplida”, ya que estuvo en internación provisoria desde abril de
2013.
La
abogada de la familia, Margarita Peña, sostuvo
en su oportunidad que esto fue fruto de un acuerdo entre los intervinientes
y sin considerar mayormente a los querellantes. Además, dijo que aportaron
importantes antecedentes a la Fiscalía para que se continuara una nueva línea
investigativa, a la que según manifestó el fiscal, se le daría curso (¿?).
“Por
una parte se acepta la teoría de la bala perdida. Se condena a un menor de edad
como el autor de un disparo y, por otra parte, se sigue investigando una
segunda hipótesis”, explicó Margarita Peña.
La
abogada añadió que la tesis que defiende la Fiscalía es inverosímil, porque se
plantea que una bala loca viajó por más de un kilómetro e impactó al dirigente
sindical, quien luego fue encontrado por sus colegas en su lugar de trabajo.
Un
día antes el dirigente había denunciado despidos injustificados y se le había
dado hora para una audiencia judicial. Vale señalar que en noviembre del 2013
la empresa solicitó su propia quiebra, pero sus gerentes están siendo
investigados por delitos de estafa.
La
mencionada abogada expresó su preocupación y afirmó que si bien el asesinato de
Juan Pablo Jiménez ocurrió durante el gobierno del derechista y empresario
Sebastián Piñera, en la actualidad los abogados del Ministerio del Interior
siguen siendo casi los mismos, dándole continuidad a una política que apunta a
consolidar la impunidad y a mostrar que es fácil cometer crímenes. “Es muy
fácil matar en Chile. Se está construyendo, reafirmando un camino hacia la
impunidad absoluta”. Lamentablemente, ello se vería refrendado con los casos de
Marco
Antonio Cuadra, junio de 2014, y de Nelson
Quichillao, en julio de 2015.
Es
más que lamentable que a tres años del crimen de Juan Pablo Jiménez aún no sea
el pueblo trabajador capaz de movilizarse activamente para obtener Verdad,
Justicia y Castigo para él, su familia y sus compañeros.
Sin
duda que la Protesta Nacional y Popular
convocada para el próximo 11 de marzo, tendrá como una de sus banderas de
lucha tales legítimos objetivos.
¡NI OLVIDO NI PERDON: VERDAD, JUSTICIA Y
MEMORIA!
¡SÓLO LA LUCHA Y LA UNIDAD NOS HARÁN LIBRES!
Colectivo Acción Directa –Equipo Sindical
Febrero 26 de 2016
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