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| Desalojo en Merlo -Pvcia. Bs As |
BOLETIN
INFORMATIVO DE LA COORDINADORA CONTRA LA REPRESION POLICIAL E INSTITUCIONAL
CORREPI (fragmentos)
En CORREPI
–Public. 21/02/16
GENDARMERÍA, LA
MURGA, LOS PIBES Y LOS MEDIOS
En
la noche del viernes 29 de enero, la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo,
compuesta en gran parte por jóvenes, niños con sus madres y otros vecinos de la
Villa 1-11-14 de CABA, ensayaban en la calle mientras una patota de la
gendarmería pretendía transitar durante un supuesto operativo. Y es historia
conocida: cuando se trata de jóvenes de los barrios, que bailan, cantan o
simplemente se juntan en la calle, es cuando los de uniforme se apresuran en su
misión de aleccionar tan “irreverente” reunión. Fue así que mientras un
patrullero intentaba atravesar la calle, el director de la murga les pidió a
los gendarmes que esperaran un rato o que dieran la vuelta. Pero no hubo caso,
siguieron su camino rozando con el patrullero a los chicos y chicas que
bailaban y, una vez que pasaron, a manera de amedrentamiento, abrieron fuego a
balazo limpio contra los más de 80 integrantes de la murga que estaban en la
calle. Once integrantes de la murga, entre ellos varios niños, resultaron
heridos por balas de goma y dos de ellos por balas de plomo.
Los
medios masivos (Clarín, La Nación, Perfil, Infonews), tomando un comunicado de
la propia fuerza, afirmaron que dos gendarmes sufrieron heridas en un operativo
en la 1-11-14 al ser rodeados por personas que los amenazaban y tiraban contra
ellos cuando querían recuperar dos automóviles robados en las inmediaciones del
barrio. En un intento de bañar de heroísmo el accionar de la gendarmería, la
ministra de Seguridad Patricia Bullrich, imitando a su antecesor Sergio Berni,
subió fotos a las redes sociales, que luego fueron replicadas por los medios,
visitando a los gendarmes heridos en su labor en el Operativo Cinturón Sur
(operativo lanzado en junio del 2011 por la ex ministra de seguridad Nilda
Garré para militarizar los barrios y que se mantiene vigente durante el actual
gobierno). Los días siguientes, a fuerza de denuncias, imágenes y videos que
revelaron lo sucedido, echaron por tierra las versiones oficiales y las
noticias de los medios afines que quisieron encubrir la violenta represión
estigmatizando a los jóvenes del barrio e inventando un valeroso accionar de
las fuerzas de seguridad.
Y
las murgas salieron a la calle. El 17 de febrero, en simultáneo con otras ciudades del país, los redoblantes tronaron
en los edificios de la Av. De Mayo y cientos de murgas bailaron hasta el
Congreso. Fue una multitudinaria marcha donde las murgas, junto a otras
organizaciones políticas y de la cultura popular, repudiaron no sólo la
represión sufrida por los Auténticos Reyes del Ritmo sino también las
detenciones y el hostigamiento policial que padecieron los soñadores de San
Juan, Los Chiflados de Catán, los Mata Mufa y otras murgas que, además de
persecución, pierden espacios de ensayo en los espacios públicos y escenarios
en los municipios, denunciando así a un Estado que quiere barrer de las calles
todo expresión que provenga de las redes sociales que emergen de los barrios.
Este
suceso en el Bajo Flores, como las detenciones en la puerta del recital de los Stones,
como las balas de goma en el corso de Quilmes o como la justificación
parapolicial de los medios hegemónicos no son hechos fortuitos o aislados: son
la puesta a punto del incremento represivo y la criminalización de la cultura
popular que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri, que busca mantener a
la juventud de los barrios en sus casas o encerrados; naturalizando palos,
balas y detenciones donde se junten un par de pibes o pibas en la calle.
Especialmente, en tiempos en que el ajuste comienza a apretar más fuerte.
BALAS Y CHALECOS:
UNA DEMANDA CRECIENTE
La
ola de despidos llegó a Fabricaciones Militares a fines de enero, cuando se
informó a cerca de 140 trabajadores que formaban parte de la lista de
cesanteados. La lista incluye ingenieros mecánicos, químicos e industriales,
contadores, economistas y otros profesionales que coordinaban proyectos.
Martín
Harraca, ahora ex jefe de la Unidad de Planeamiento y Control de Gestión,
explicó a Página/12 que “La nueva dirección confirmó que no le interesa ningún
proyecto relacionado con el desarrollo nacional y la producción local”. Además,
enumeró algunas de las explicaciones recibidas: “Es mejor comprar radares que
desarrollarlos (…) los vagones son antieconómicos (…) las plantas nuevas son un
costo hundido que nunca se va a recuperar”.
En
una grabación difundida en el programa “Minuto uno”, puede escucharse cómo
Cristian Fernández, subinterventor de la Sede Central de FF.MM., explicó a los
trabajadores que a la nueva dirección no le interesa la fabricación de vagones
Tolva granero. Los dichos de subinterventor Fernández, adquieren un carácter
funesto cuando plantea: “Todavía no hay una definición de hacia dónde va a ir
Fabricaciones Militares con mi gestión. Por ahora, las instrucciones que recibí
es seguir produciendo balas, chalecos, y munir a la fuerza con lo que tenemos.
Tenemos una demanda que va a ser creciente”.
Uno
de los empleados le preguntó entonces atinadamente: “¿Cuál es exactamente el
plan de las nuevas autoridades?”, a lo que Fernández contestó: “Cuando es un
gobierno que cambia, seguramente viene con un plan distinto… el plan puede ser
el ‘no plan’ también”.
Las
cesantías dejaron en claro la decisión de vaciar FF.MM. al dejar sin personal
áreas completas como Planeamiento y Control de Gestión, la dirección de
Producción (que coordinaba las cinco fábricas), Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente (garantizaba la salubridad de la producción, imprescindible tratándose
de químicos y explosivos), Comunicaciones y RRII, Inversiones (ejecutaba proyectos
para recuperar capacidades y actualizar equipos) o Calidad (responsable de
actualizar normativas y garantizar la calidad). Entonces, ¿qué tipo de
producción importa hoy? El “no plan” es claro: importan las balas para los que
impidan la normal circulación del tránsito y la represión de la protesta.
RIENDA SUELTA A LA
REPRESIÓN
A
pocos meses de la asunción del gobierno macrista, es inobjetable la
profundización y el recrudecimiento de la represión estatal en sus diferentes
variantes, que se despliegan en una misma linea: rienda suelta y sin filtro al
accionar de las fuerzas represivas, con explícito y formal aval.
En
un contexto en el que el gobierno declara la “emergencia en seguridad
nacional”, es de esperar que la tarea de reprimir y encarcelar a los que luchan
por sus derechos se haya multiplicado exponencialmente. El modus operandi es
bastante claro, y no es nueva la receta: ante la organización y el reclamo
popular, la respuesta es bastón, cárcel y balas indiscriminadas.
El
caso de Milagros Sala, referente de la organización jujeña Tupac Amaru,
inicialmente detenida bajo el cargo de “sedición” e “instigación a cometer
ilícitos y tumulto” da cuenta de cómo estas figuras penales resultan un gancho
perfecto entre la ley y las fuerzas policiales, en detrimento del derecho a la
protesta. Si bien fue paradigmático, no es el único caso de represión y
criminalización del conflicto social y la protesta en este corto pero duro
tiempo:
En
Salta, detuvieron a 10 empleados municipales de Cerrillos, que tras ser
despedidos y luego de varios días de acampe, tomaron la intendencia de dicha
ciudad para pedir por su reincorporación. Después de 15 días de detención,
fueron liberados, imponiéndoles con duras condiciones para recuperar su
libertad.
En
Villa Sauce y Sansinena, pueblos bonaerenses en el límite con La Pampa, la
policía de esta provincia reprimió con balas de goma a una veintena de vecinos,
entre ellos una nena de seis años, que se estaban manifestando para impedir la
apertura de una brecha en la ruta 188 para escurrir hacia el lado bonaerense
las aguas del Río V, aumentando las inundaciones en la zona.
También
fueron reprimidos los pibes del Bachillerato Popular Raíces (CEIP-CTA) en
Tigre, con el resultado de heridas de todo tipo, desde fracturas de brazos
hasta marcas en todo el cuerpo por balas de goma.
Sin
dudas, el más grave episodio reciente fue el intento de homicidio contra el
compañero Iki del Movimiento Popular la Dignidad, baleado por un puntero del
PRO, ligado al Instituto de la Vivienda, durante una asamblea en el barrio
Vicente López, de Villa Celina, La Matanza.
Iki
ya había recibido amenazas de la patota amarilla por su participación en la
defensa, junto a los demás vecinos del barrio, de unos predios ambicionados
para grandes emprendimientos inmobiliarios. El viernes 12 de febrero recibió un
disparo en el pecho. Luego de varios días en terapia intensiva, rodeado por la
solidaridad de sus compañeros y vecinos, y de todas las organizaciones que
acompañamos una gran movilización en el barrio, el compañero se va recuperando
lenta pero firmemente.
Es
claro que la represión de la protesta es una política de estado, especialmente
descargada sobre los sectores más marginados de la población para silenciar sus
reclamos. Sólo con unidad, organización y lucha podemos defendernos.
TOPADORAS EN MERLO
En
la madrugada del 17 de febrero, los vecinos del barrio Nueva Esperanza, en la
localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires, amanecieron alrededor de las
4:00 con el sonido de topadoras. Más de 1.200 efectivos de la policía
bonaerense tenían la orden de la provincia y del municipio de desalojar el
predio, ocupado desde octubre de 2015 por más de 2.000 familias en situación de
calle.
Las
topadoras arrasaron con todo en compañía del fuego. No sólo destruyeron las
casas, sino también los bienes y enseres que se encontraban dentro de ellas,
desde heladeras hasta documentos. La única “contención” que mostró el Estado a
lo largo del proceso fue, cuando casi todo el barrio ya había sido destruido y
miles de personas lo habían perdido todo, mandar dos camiones que cargaron
algunos objetos y muebles y partieron con rumbo desconocido.
El
desalojo, además de violento, y de costar seis detenciones, no respetó la
prórroga judicial que habían conseguido los vecinos por 180 días, para avanzar
en la mesa de negociación que mantenían con Gustavo Menéndez, intendente de
Merlo (FPV), para acordar la compra de tierras y urbanizarlas.
Menéndez
pretendió justificar el desalojo escudándose en la imagen de Oscar, un niño de
8 años que murió cuando lo alcanzó una bala perdida durante un tiroteo que se
produjo cerca del barrio Nueva Esperanza entre bandas narco con zona liberada
por la policía. Más que clara fue la intención del intendente de estigmatizar a
todos los habitantes del barrio, familias humildes y trabajadoras que buscan
realizar su derecho a la vivienda, como delincuentes o narcos.
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Dos
días después, los vecinos se concentraron frente a la municipalidad de Merlo.
Lograron reunirse con representantes del municipio, que se comprometieron a
gestionar una nueva mesa de diálogo con las autoridades provinciales, y
ofrecieron, como única “ayuda”, dar albergue provisorio a los niños por 15
días, sin el acompañamiento de sus padres.
Se
programó una nueva reunión el día martes 23 de febrero, en la subsecretaria de
Tierras y Viviendas. Tierra que está desocupada, tierra que tienen derecho a
ocupar esos miles de personas se encuentran luchando por una vivienda digna.
(…)
Colectivo Acción Directa Chile -Equipo Internacional
Febrero 22 de 2016
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