Declaración
de la Unión Nacional de ex Presos Políticos:
“EL ESTADO, LOS EX
PRISIONEROS POLÍTICOS Y LOS DERECHOS HUMANOS”
Publicado
7/01/16
Durante el año 2015,
los movimientos sociales en materia de DDHH, particularmente los ex Prisioneros
Políticos estuvieron muy activos y marcaron el fin de un ciclo político en esta
materia.
Pese
a una huelga de hambre de 90 días en Punta arenas y de 73 días en Osorno, la
presidenta Bachelet no estuvo dispuesta a recibir a los ex PP en la Moneda y
escucharlos, como sí lo hizo con los representantes de los camioneros de
Cautín, que organizaron una marcha de camiones de corte subversivo que buscó
desestabilizar su gobierno. Tampoco invitó a la Moneda a la madre de Rodrigo
Rojas.
Los
ex PP no tienen el peso político o como dijo un diputado “están fuera de la
sociedad” y por tanto nunca serán considerados, más allá de lo que el Derecho
Internacional humanitario diga, o de los compromisos firmados por el Estado de
Chile en DDHH.
Pensamos
que es necesario hacer una reflexión, poner al día nuestra plataforma y
proponer nuevas formas de acción.
I. EL
ESTADO
1- PARLAMENTO
Si
examinamos el programa de Derechos Humanos de la Nueva Mayoría, en particular
la nueva ley de reparación propuesta que dice: “Adoptaremos medidas,
legislativas si fueren necesarias, para reconocer el derecho de las víctimas de
las graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares, a obtener
reparaciones civiles de los victimarios y, en su caso, del Estado. Revisaremos
las actuales leyes reparatorias. Asignaremos a una entidad estatal permanente
que se haga cargo del reconocimiento, acogida, asistencia jurídica, social y de
reparación para las víctimas de Crímenes de la Dictadura.”
Los
ex PP podíamos concluir que al fin nuestras demandas de reparación e indemnización
se verían materializadas por el gobierno de Bachelet. Al tercer año de iniciado
el gobierno nada está más alejado de la realidad.
Nuestra
UNEXPP, durante 2013 y 2014, recorrió el congreso tratando de lograr mayoría parlamentaria
para nuestro proyecto de ley de indemnización. En 2014 lo logramos y obtuvimos
mayoría para un preacuerdo de legislar en ambas cámaras y nuestro preacuerdo
fue enviado al Ejecutivo para que éste lo enviara a tramitación al Congreso en
calidad de proyecto de ley.
El Ejecutivo, es decir la presidenta a través de la
ministra de la SEGPRES nos respondió con la negativa a tramitar nuestro
proyecto. Peor aún, el oficio enviado al Senado establecía que: “Respecto de la
solicitud de un proyecto de ley reparatoria para víctimas de tortura, le
informo existen leyes de reparación específica para víctimas de tortura. Tales
son la Ley 19.992 de Prisión Política y Tortura; y la Ley 20.405 que modificó
aquella.” (Carta respuesta ministra Mónica Rincón del 7 de mayo 2014)
Ante
esta respuesta permanecimos perplejos y en espera de una explicación, pues nos
pareció tan insólita que preferimos no responderla ni publicitarla. Además el
gobierno recién comenzaba su período.
2- LA SUBSECRETARÍA
DE DERECHOS HUMANOS
Durante
la tramitación del proyecto de ley de esta Subsecretaría, nosotros participamos
en las discusiones previas junto con otras organizaciones de DDHH y planteamos
que si bien esta SS respondía a las condicionantes del gobierno de Piñera en
cuanto a responder de mejor manera los ataques que en materia de DDHH Chile
recibía ante los Organismos Internacionales, nos parecía oportuno incluir una
cláusula que la dotara de un órgano de carácter permanente que contara con la
capacidad de recibir, calificar y responder jurídicamente a las denuncias de
violaciones a los DDHH, no solamente durante la dictadura, sino también a las
que ocurrieron después de la transición a la democracia.
Nuestra
iniciativa por supuesto que no fue tomada en cuenta por Piñera y su ministra
Pérez, y el proyecto fue enviado tal cual al Congreso. Este mismo proyecto es
el que se ha aprobado y si bien puede ser eficaz en la defensa del Estado
chileno ante las acusaciones de no respetar los tratados de DDHH ante
instancias internacionales, no cuenta con la calidad de acoger denuncias de las
víctimas de la dictadura que aún no lo han hecho, ni menos con las de calificar
y reconocerlas como víctimas de violaciones a los DDHH. La adscripción del
programa de DDHH del Ministerio del Interior solo permite a los abogados de
este programa continuar con su labor limitada a enjuiciar a los violadores de
los DDHH respecto a los desaparecidos y ejecutados políticos. En otras palabras
esta SS de DDHH no implica mayor avance para las víctimas de violaciones a los
DDHH durante la dictadura ni tampoco después.
II.
JUSTICIA
Nuestra
UNEXPP ha presentado 6 demandas civiles de indemnización para los ex PP,
totalizando un universo de más de 3.100 prisioneros y prisioneras.
Cinco
de estas demandas fueron rechazadas por los tribunales aplicando la
prescripción de los derechos. Ellas continuaron su acción en el plano
internacional y fueron acogidas por la Comisión Interamericana de DDHH y están
prontas a pasar ante la Corte Interamericana de DDHH.
Por
otro lado, la ONG Dawson 2000 presentó una demanda en representación de 31
compañeros de Magallanes, patrocinados por nuestro compañero Vicepresidente y
abogado Víctor Rosas, que fue exitosa y logró sentencia favorable y definitiva
ante la sala correspondiente de la Corte Suprema. La sentencia es histórica
porque el Estado chileno reconoce la calidad de prisioneros a este grupo de
chilenos y que sus derechos como persona fueron violentados por agentes del
propio Estado y, además, condena al Estado a pagar una indemnización de
$150.000.000 a cada uno de los 31 prisioneros.
La
quinta demanda llegó a trámite ante la Corte Suprema, pero el fallo no fue
inmediato, como en el caso de los prisioneros de Dawson y se llamó a una
audiencia de conciliación de las partes. El fallo sigue pendiente, después de
una conciliación fallida por responsabilidad del CDE.
III.
MOVIMIENTO SOCIAL
1- HUELGA DE HAMBRE
En
diciembre de 2014, los ex PP de Rancagua iniciaron una huelga de hambre por
reparación que duró un poco más de 24 horas, concluyendo con la promesa de ser
recibidos por el Ejecutivo. Esta reunión se hizo en Valparaíso y asistimos como
UNEXPP, pues formábamos parte del Secretariado Nacional de ex PP, que agrupaba
a varias regiones de ex PP, entre ellas Rancagua y San Felipe, y a los
familiares de ex PP fallecidos.
La
ministra Rincón se comprometió a organizar una nueva reunión en la que
discutiríamos nuestro proyecto de ley de indemnización en una mesa tripartita
conformada por el Ejecutivo, los ex PP y parlamentarios. Esta promesa resultó
fallida y esta mesa tripartita jamás se constituyó.
La
idea de una huelga de hambre como herramienta de lucha se abrió paso con gran
celeridad en las organizaciones de ex PP y pronto se convocaron reuniones
dedicadas a organizar una nueva huelga de hambre por diversos sectores de ex PP.
Nosotros,
formando parte del Secretariado Nacional, apoyamos la idea, visto que los
plazos fijados por la propia ministra para la mesa no fueron respetados y sólo
fuimos recibidos por personeros de segunda categoría que no representaban al
gobierno.
Fue
así como se lanzó una huelga de hambre tomando la iniciativa las ciudades de
San Felipe, Rancagua y Osorno. Rancagua, en tanto fue portavoz de la primera
huelga mantuvo esa calidad, en coordinación con el Secretariado Nacional.
Hoy
día podemos decir que el movimiento de huelga fue exitoso. Convocó alrededor de
20 ciudades a lo largo y ancho del país, llegando a estar en huelga más de un
centenar de ex PP, hombres y mujeres. La opinión pública se hizo eco del
movimiento y un vasto movimiento de solidaridad apoyó nuestro movimiento, tanto
en Chile como en el exterior. La huelga se prolongó por más de 80 días en todo
el país, pese al retiro de Rancagua y otros lugares al completar 41 días.
El
gobierno se vio sorprendido y no tuvo contrapropuesta alguna durante los
primeros 15 días, pues Aleuy apostó por el agotamiento de los huelguistas. Sus
primeros planteamientos solo hacían sonreír a los huelguistas, pues ofrecían
algunos pesos para terminar con la huelga. Finalmente se jugaron por dividir a
los huelguistas ofreciendo dinero u otra solución a alguna necesidad de cada
uno por separado, para salirse del movimiento. Alargaron artificialmente el
conflicto, agravando el riesgo vital para cada uno de ellos, pues eran todos de
avanzada edad.
Finalmente,
apareció un mediador en la figura del obispo Goic, y el gobierno redactó un
preacuerdo para terminar con la huelga. Este preacuerdo fue rechazado por el
Secretariado Nacional y la inmensa mayoría de las huelgas en regiones, por la
sencilla razón que no entregaba respuesta concreta alguna ni un real compromiso
del gobierno para negociar. Respondimos redactando un nuevo preacuerdo que
nunca fue aceptado por el gobierno (1).
Finalmente,
al llevar 80 días de huelga, en reunión nacional de los huelguistas acordamos
suspender el movimiento. Resultaba evidente en ese momento que el gobierno
había logrado dividir el movimiento, que no se inmutaba ante el estado físico
de los huelguistas y habían logrado incorporar sectores de ex PP contrarios a
la huelga en la mesa de alto nivel. Tal es el caso del Comando Unitario, quién
se había opuesto a la huelga de hambre desde un principio, sin embargo, ahora
aparecía como invitado especial del gobierno en la Mesa de Alto Nivel.
Esta
suspensión de la huelga se acompañó con una denuncia ante el Consejo
Internacional de DDHH en Ginebra en contra del Estado de Chile por no respeto a
sus compromisos internacionales en materia de DDHH y el envío de una misión de
observadores a Chile próximamente.
2- MESA DE ALTO
NIVEL
El
resultado final de esta mesa instalada por Mahmud Aleuy y Patricia Silva, con ex
PP proclives al gobierno, todos militantes de la Nueva Mayoría, más algunas
orgánicas de ex PP sin militancia que fueron cooptadas, se conoció hace pocos
días.
Lo
que comenzó como un adelanto del aumento de la pensión Valech, $1.200.000 para
cada ex PP por el año 2015, para detener la huelga, terminó en la suma de
$1.000.000 para los ex PP “vigentes” y $600.000 para las viudas con libreta.
Todas las reivindicaciones fueron rechazadas, todo lo que figuró en el
preacuerdo no fue considerado: aumento de la pensión, tramitar un proyecto de
ley de indemnización u otros elementos como terminar el secreto de 50 años y
mejoramiento en atenciones de salud, educación o vivienda.
El
monto de las reparaciones económicas por sector etario y pagadero en 10 años
fue rechazado por el conjunto de los ex PP presentes, por irrisorio. Demás está
decir que en 10 años más la población actual de ex PP se reducirá a la mitad.
La ironía de la historia nos dice que el Poder Ejecutivo propone una
indemnización miserable a los ex PP y el Poder Judicial, a través de la Corte
Suprema, entrega una indemnización digna en el caso Dawson.
Como
los mismos protagonistas lo reconocen:
“La
conclusión unánime de los dirigentes que participaron en esta instancia, es que
nadie nos “regalará” nuestros derechos, que debemos fortalecer las
organizaciones y la unidad, para alguna vez lograr que se nos entregue lo que
en derecho corresponde.” (Declaración del CU del 18 de diciembre de 2015)
Resulta
doloroso tener que reconocer la derrota del movimiento de los DDHH a la que lo
llevaron estos sectores de ex PP oficialistas y nos resultará muy difícil
alcanzar los niveles de unidad y movilización alcanzados durante los meses de
abril a julio de 2015. Sin embargo, como lo establecimos en nuestro Encuentro
Nacional de agosto de 2015, debemos renovar nuestra estrategia y continuar el
movimiento.
IV. LAS
LECCIONES
Hoy
día podemos afirmar sin prejuicio alguno que el gobierno y su aparato
administrativo, en particular las SS de Interior, de la SEGPRES, de Hacienda,
de Justicias y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), operaron en total
sincronía para oponerse a las reivindicaciones de los ex PP.
Los
propios parlamentarios se estrellaron con esta muralla cada vez que trataron de
buscar una salida a la huelga de hambre. En particular la bancada DC tuvo una
positiva actitud y nos manifestó su apoyo en todo momento. Reconocen la justeza
de nuestra lucha y la consistencia de nuestro derecho a ser indemnizados.
Escapa
a esta superestructura una parte significativa del Poder Judicial. La Corte
Suprema hasta donde pudo resistió las presiones del Ejecutivo para no emitir
sentencias favorables a las indemnizaciones a las víctimas de DDHH. Sin embargo,
durante la presidencia de Rubén Ballesteros, la propia Corte Suprema en un
fallo histórico estimó conveniente proponer que sea por la vía legislativa por
donde se debe buscar una solución definitiva a las causas de DDHH (2).
Esta
acción coordinada demuestra la mala fe del gobierno, que por una parte intenta
demostrar que busca generar avances en materia de DDHH, como legislar para que
los crímenes de lesa humanidad sean declarados imprescriptibles en la
legislación chilena, definir el concepto de tortura e incorporarlo a nuestro
Código Penal, entregar recursos a instituciones de DDHH como el INDH o el Museo
de la Memoria, – de las cuales nunca se ha hecho un balance real como
instituciones eficaces para el avance de los DDHH en Chile-, o la misma SS de DDHH
que no es más que la concreción del proyecto del gobierno de Piñera en esa
materia y por otro lado entrega instrucciones al consejo de Defensa del Estado
para oponerse en nombre del Fisco a reparar a las víctimas de violaciones a los
DDHH en los juicios civiles ante los tribunales.
Como
se entiende, que por un lado se proponga avanzar en terminar con la impunidad,
y se mantenga el penal de Punta Peuco, no se entregue más recursos al Programa
de DDHH del Ministerio del Interior para perseguir en justicia a los violadores
de los DDHH y no se levante una política clara en derechos Humanos de presentar
querellas criminales por tortura en contra de los agentes civiles y militares
que reprimieron a los chilenos durante toda la dictadura militar y que todavía
gozan de la impunidad que les otorga el Decreto Ley de Amnistía dictado por
Pinochet en 1978.
La
respuesta es clara. El gobierno de Bachelet busca perpetuar los acuerdos y
leyes de amarre del principio de la transición y que ya son de público
conocimiento y, además, a nuestro entender busca proteger a la familia militar
a la que ella pertenece (3).
En
justicia, queda pendiente nuestra 5ª demanda civil, que reúne más 700
prisioneros, algunos de ellos ya fallecidos. Existe una política en el Poder
Judicial de “revisionismo” del Derecho Civil en cuanto a reconocer el daño
moral. Según esta tesis este daño moral solo afecta a la persona que padeció
las violaciones a sus derechos humanos y no a su grupo familiar directo.
Esta
tesis es defendida por el CDE y por algunos ministros de la Corte de
Apelaciones y de la Corte Suprema, con el resultado de que así se excluye de
todo derecho a indemnización a los herederos: la muerte de la víctima exime de
toda responsabilidad al Estado.
En
particular, después del fallo de Dawson, el gobierno y todos sus agentes
(operadores políticos) presionaron al Poder Judicial, el CDE presentó objeción
tras objeción para impedir que su abogado perdedor en el caso Dawson volviera a
alegar y preparó durante meses a un nuevo abogado. Es por ello que se debió
“armar” una nueva sala penal en la Suprema, con ministros designados a dedo y
que puedan fallar a favor del CDE y del Gobierno.
Sabemos
que la sentencia que viene será contraria a los intereses de los 700
prisioneros políticos, que se mantendrá la rebaja de indemnización de
$50.000.000 a $3.000.000, lo que resulta una burla para todos los ex PP de
Chile. Esperamos esta sentencia y, desde ya podemos decir, que llevaremos este
caso a la Comisión Interamericana de DDHH por denegación de justicia una vez
más.
El
gobierno está dispuesto a pagar el costo político de esta sentencia, pues su
lógica absurda determina que en el mismo momento en que propone medidas a favor
de los DDHH, por otro lado, a través de su propio instrumento, el CDE, nos
niega el derecho a una justa indemnización por el daño causado (4)
Nosotros
hemos definido nuestro camino. Si el gobierno se niega al diálogo con los ex PP,
recurriremos a las instancias judiciales nacionales e internacionales. Si
Ricardo Lagos en su acuerdo con el general Cheyre pensó en desarmarnos al
mantener el secreto de 50 años y así impedir el juzgamiento de los militares
involucrados en los crímenes de tortura y de lesa humanidad, nosotros
reconstruiremos las fichas de los ex PP y levantaremos querellas por tortura en
todas las regiones de Chile en contra de los militares de los centros de
tortura de cada localidad. En el proceso penal levantaremos las demandas de
indemnización que corresponda en contra del Estado.
Nosotros
insistimos: Que el gobierno se decida a terminar con la impunidad de los
crímenes de la dictadura y presente querellas por tortura en los 4 rincones de
Chile y se castigue a los culpables y que el gobierno legisle nuestro proyecto
de ley de indemnización y se termine con esta herida permanente que no termina
de supurar en nuestra sociedad.
¡La lucha por la verdad, justicia y
reparación justa y digna continua!
UNEX PP DE CHILE
Santiago,
29 de diciembre de 2015
(1)
Finalmente, el preacuerdo presentado por nosotros fue definitivamente rechazado
por el gobierno el 20 de mayo, cuando Patricia Silva notificó personalmente a
los huelguistas de Rancagua: “que el gobierno no estaba dispuesto a subir el
monto de nuestras pensiones Valech a la Rettig, ni tampoco a legislar nuestro
proyecto de indemnización y que si queríamos indemnización no teníamos más que
recurrir a tribunales en contra de nuestros torturadores.” Esta firmeza del
gobierno terminó con la resistencia de los huelguistas de Rancagua que
capitularon completamente y se decidieron a firmar el preacuerdo inicial
presentado por el gobierno, prácticamente sin ninguna modificación. Esta firma
se realizó el sábado 23 de mayo en Rancagua.
(2)
“sin perjuicio de lo anterior es importante señalar que la materia del caso en
autos, así como muchos de similar naturaleza, debe encontrar una solución
definitiva, eficaz y eficiente por la vía legislativa, esto es, mediante la
dictación de una ley que otorgue a las víctimas de violaciones de los derechos
humanos un resarcimiento patrimonial acorde con los daños causados a raíz de
los hechos acontecidos en la época del gobierno militar”. (Considerando final
(11°)”Salgado y Otros con Fisco de Chile” por aplicación de la prescripción
extintiva de la acción civil).
(3) Ver “Chile una Democracia tutelada”, Felipe
Portales; Ed. Sudamericana.
(4)
Otra lección importante es que para evitar los contubernios con organizaciones
supuestamente representativas de los ex-presos/as políticos en negociaciones
con el gobierno, debemos exigir que cualquier acuerdo sea refrendado
directamente por las bases afectadas. Estamos hablando de un universo de más
35.000 personas, distribuidas en todas las ciudades del país y en el
extranjero. Un referéndum público en estos días de avances computacionales, de
redes nacionales e internacionales, no debería ser un imposible y sería una
muestra excepcional de democracia directa por la base.
¡NI OLVIDO NI PERDON: VERDAD, JUSTICIA Y
MEMORIA!
¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!
Colectivo Acción Directa – Chile
Enero 15 de 2016
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