La iniciativa, presentada
por Felipe Harboe (PPD), Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN) –a insertarse
en la “Ley Corta Antidelincuencia”- obliga a toda persona a entregar todos los
antecedentes y material gráfico y audiovisual de que disponga, a fin de facilitar
la labor de inteligencia y represiva de las policías
El Colegio de Periodistas de Chile fue claro
para definir las implicancias de ésta lindeza de los mencionados politicastros:
“un paso en contra de los derechos de la
ciudadanía y del ejercicio del periodismo”.
Supuestamente,
la
indicación de los senadores Felipe Harboe (PPD), Hernán Larraín (UDI) y
Alberto Espina (RN), que presentaron en la comisión de constitución de la cámara
alta en el marco del trámite de la llamada ‘Agenda Corta Antidelincuencia’, la
cual será discutida éste martes 19, “facilita la aplicación efectiva de las
penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la
persecución penal en dichos delitos”. Pero lo que se deriva de ella es que toda persona, natural y jurídica, “que
tenga información o antecedentes que permitan identificar a los responsables de
una infracción o delito que se haya producido con motivo u ocasión de la
realización de un crimen o simple delito, tales como grabaciones o fotografías,
deberá entregarla, a la mayor brevedad, a las policías o Ministerio Público,
cuando les serán requeridos por éstos”.
Es
decir, los réprobos senadores se están pasando por el forro el derecho de la
prensa a resguardar sus fuentes informativas, sentando todo un precedente para terminar
de liquidar en Chile el pichicho de libertad informativa existente. A más
abundamiento, el reaccionario proyecto de marras agrega que, “el requerimiento de información y
antecedentes efectuados por las policías podrá realizarse en el marco de las
primeras diligencias practicadas por aquellas y, en todo caso necesitará
instrucción previa del fiscal competente, la que se podrá otorgar por cualquier
medio y de la manera más expedita posible”. De negarse en forma injustificada a
la entrega, “se castigará con la pena señalada para el delito establecido en el
artículo 269 bis del Código Penal”.
Como
indicábamos, éste martes 19 se votaría la indicación en la comisión de constitución
del senado. Además, integran dicha instancia los senadores Alfonso de Urresti
(PS) y Pedro Araya (independiente).
Conocida
la propuesta, la mesa directiva del Colegio de Periodistas, presidida por
Javiera Olivares e integrada por Patricio Martínez, Patricio Segura, Vanessa
Sabioncello, Héctor Cárcamo e Igor Mora, llamó a los parlamentarios a retirarla,
ya que en su opinión involucra demasiados aspectos que serían perjudiciales
para el derecho a la libertad de expresión y la garantía de acceso a la
información de la ciudadanía.
En
este sentido, el
abogado de la orden Luis Cuello explicó que, “aunque por el principio de la
especialidad de la ley, donde una norma que regula una actividad específica
está por sobre una ley general, el secreto de la fuente establecido en la Ley
de Prensa tendría primacía sobre la nueva norma, podría ser malinterpretada por
los órganos persecutores y complicar el trabajo periodístico e informativo,
exponiendo a las fuentes a su identificación por parte de terceros”. Agregó que
“pero más allá de eso, la indicación sigue siendo lesiva con relación a los
derechos de los ciudadanos en general”.
La
Ley de Prensa establece en su artículo séptimo que “los directores, editores de
medios de comunicación social, las personas a quienes se refieren los artículos
5° y 6° y los corresponsales extranjeros que ejerzan su actividad en el país,
tendrán derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa, la que se
extenderá a los elementos que obren en su poder y que permitan identificarla y
no podrán ser obligados a revelarla ni aun judicialmente”.
Ante
esto en la mesa directiva puntualizaron que “aunque entendemos que la Ley de
Prensa tiene una jerarquía superior, de todas formas sometería a los
trabajadores de la comunicación al rechazo, e incluso violencia, cuando cubran
situaciones de alta complejidad, ya que podrían ser vistos como una especie de
agentes encubiertos o colaboradores de la justicia, como han denunciado en las
organizaciones de reporteros gráficos. En concreto, pone en riesgo un derecho
ganado hace muchos años por los periodistas y quienes se desempeñan en el
sistema informativo”.
Todo
esto, “redundaría en la autocensura, el evitar registrar hechos de alto impacto
informativo por las represalias en esta acción. Y, por último, como está
redactada la indicación permitiría a las policías requisar el material, ya que
no habla de copia sino de antecedentes. Y esa es una atribución administrativa
que vulnera los derechos ciudadanos e, incluso, se podría decir que el derecho
de propiedad por lo cual tendría vicios de inconstitucionalidad”.
Por
último, plantearon, que “en concreto se expondría a la ciudadanía y a los
periodistas a un control discrecional y exacerbado de parte de las fuerzas
policiales, avanzando a una especie de Estado policial, lo cual amedrenta la
libre acción en el espacio público” indicaron.
¡SÓLO LA LUCHA Y LA UNIDAD NOS HARÁN LIBRES!
¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!
Colectivo Acción Directa – Chile
Enero 18 de 2016
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