Un ex coronel del Ejército y dos antiguos dirigentes de la Colonia
Dignidad fueron condenados la tarde de éste lunes a cinco años de cárcel por el
secuestro y tortura de 50 opositores a la dictadura cívico-militar que gobernó
Chile entre 1973-90
Tres sanguinarios represores, uno chileno y
dos chileno-alemanes, fueron condenados este lunes 19 a cinco años de prisión
por haber secuestrado y torturado a 50 personas durante la dictadura cívico-militar
dirigida por el chacal Augusto Pinochet. Sin embargo, como en éste país la
justicia sigue siendo “en la medida de lo posible”, los muy bellacos podrán cumplir
sus penas no en una cárcel, como se lo merecen, sino que cuentan con el
beneficio de la libertad vigilada (¡¿?!).
Se
trata del coronel de ejército y ex agente de la tristemente célebre Dirección
Nacional de Inteligencia (DINA), Fernando
Gómez Segovia, y de dos dirigentes del enclave
represor autodenominado “Colonia Dignidad”, Kurt Schenellenkamp
Nelaismischkies y Gerhard
Mücke Koshipzke.
Los
hechos ocurrieron en 1975 y las víctimas fueron llevadas a la tenebrosa Colonia
Dignidad, un enclave fundado por el ex suboficial nazi Paul
Schäfer Schneider y donde existió colaboración con la junta militar.
Fue
el juez Jorge Zepeda, de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien sentenció
al coronel y ex agente de la policía secreta de la dictadura Fernando Gómez
Segovia. Igualmente, a los dirigentes de la Colonia Dignidad Kurt
Schenellenkamp y Gerhard Mücke, todos a cinco años de prisión, pero con el
beneficio de libertad vigilada que cumplirán fuera de alguna penitenciaría.
Se
sabe hace mucho que la Colonia Dignidad, un sitio de 16 mil hectáreas y a 380
kilómetros al sur de Santiago de Chile, fungió como una suerte de campo de
concentración de la dictadura cívico-militar entronizada en 1973, en el cual
Schenellenkamp y Mücke eran parte de la directiva. Según testimonios, en aquel
recinto fueron atados de pies y manos, con la vista vendada y sometidos a
torturas por períodos que fluctuaron entre cuatro y 90 días. La mayoría
quedaron en libertad; sin embargo, otros fueron trasladados a campos de
prisioneros.
El
fallo subrayó ofreció los argumentos de que los 50 opositores entonces fueron
capturados:
"Sin
existir orden de autoridad pública, basada en causa legal en contra de ellas y
en aplicación de un plan de ataque directo a la vida, integridad física,
libertad y dignidad de las personas y a la noción de humanidad misma".
De
otro lado, el magistrado a cargo del proceso ordenó al Estado de Chile a asumir
de forma solidaria junto con los autores de estos delitos, a pagar a los
demandantes la cantidad de 20 millones de pesos (US$ 30 mil).
En
Chile son reconocidos oficialmente más de tres mil crímenes de la dictadura,
alrededor de mil 300 detenidos desaparecidos, y unas 33 mil personas víctimas
de la tortura por las huestes uniformadas.
¡NI OLVIDO NI PERDON: VERDAD, JUSTICIA Y
MEMORIA!
¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!
Colectivo Acción Directa - CHILE
Octubre 19 de 2015
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