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| Leopoldo López en lo suyo |
Mientras
la justicia venezolana condena a uno de los causantes de muertos, heridos y
destrozos en su ardor por derribar el legítimo proceso popular de la revolución
Bolivariana, los poco democráticos gobierno y congresales chilenos se atreven a
cuestionar esa judicatura y, por extensión, al gobierno democrático de Nicolás
Maduro
El pasado jueves 10 fue sentenciado
a 13 años de prisión el opositor ultraderechista venezolano Leopoldo López.
La medida fue dictada por el Juzgado 28° de Primera Instancia del Circuito
Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que con un claro y amplio
respaldo legal estableció que López es responsable de la comisión de los
delitos de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad
pública y asociación para delinquir. El sujeto permanecía arrestado desde
febrero de 2014 y fue imputado como responsable
de las protestas con fines golpistas que dejaron un saldo de 43 personas
fallecidas, agitación sediciosa que dura ya más de un año y medio y que es
desplegada por la reacción interna, apoyada por EE.UU. y atizada por los gobiernos
derechistas y seudo democráticos de América Latina.
En
concreto, el instigador de la violencia derechista deberá cumplir una sentencia
de 13 años y nueve meses por su papel en el plan conspirativo “La Salida”, que
pretendía derrocar al Gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.
Pues
bien, el gobierno chileno, electo “democráticamente” con apenas un 25%
del electorado y cuya gestión, según las últimas encuestas, el 72% de los chilenos desaprueba,
se ha hecho eco de la
crítica imperial a lo legítimamente obrado por la justicia venezolana.
Así,
el ministro de RR.EE. Heraldo
Muñoz sostuvo el viernes 11 que su gobierno sigue “con mucha atención” la
condena del cabecilla reaccionario venezolano y agregó que es “importante el
debido proceso”. Claro, cómo si ésto fuera lo común en los juicios del Estado chileno
en contra de los comuneros Mapuche, que defienden sus ancestrales derechos o en
los recientes casos de combatientes anticapitalistas, condenados a penas que no
tienen proporción con los delitos cometidos. Qué decir sobre el nulo avance en
materia de verdad y justicia a lo largo de estos 25 años de democracia de baja
intensidad, respecto de los atropellos a los DD.HH. y de lesa humanidad cometidos
durante la dictadura cívico-militar y en éste mismo último período.
Y
hasta nuestro corrupto congreso, que cuenta con un tercio de sus miembros
financiados/comprados por el empresariado, se ha atrevido a cuestionar la pena
impuesta al antipopular conspirador. Y lo fue nada menos que desde la bancada
del partido demócrata cristiano (PDC), golpista por antonomasia y que no
tuvo ningún empacho en dar cobertura política al golpe allá en Venezuela en 2002,
el que fuera impulsado
por EE.UU. y España. Fue el diputado DC Iván Flores, miembro de la comisión
de Relaciones Exteriores de la Cámara, el que manifestó “su más profundo
rechazo y desazón” tras conocer la condena, agregando que su bancada ingresará
un proyecto de resolución, para que el gobierno chileno exprese formalmente su
preocupación ante el gobierno de Nicolás Maduro, debido a “una condena que
realmente nadie entiende y apoya, escapando de toda lógica, justicia y razón”.
Pero
la crítica menos esperada (bueno, no tanto a estas alturas de la vida), provino
de la presidenta del partido que fuera socialista e hija -parece que putativa-
del gran Salvador Allende, Isabel
Allende. Esta, haciéndose la de las chacras, señaló que, "no comparto
que se pueda encarcelar a personas que se están manifestando, sobre todo si lo
hacen pacíficamente. Lo condeno absolutamente y me parece desproporcionado, por
supuesto no puedo estar de acuerdo". Agregó que, "la gente tiene que
expresarse libremente, y las calles por supuesto son para que opositores puedan
expresarse. Espero y corresponde que tenga un debido proceso, pero me parece
exagerado a un opositor que no ha ocupado la violencia una condena a 13 años no
es aceptable en democracia". Hasta se atrevió a calificar al peón del
imperio de “preso de conciencia”.
Lo
que el PDC quiere desconocer y lo que la Allende pretende soslayar es que Leopoldo
López es un falsario inhabilitado por hechos de corrupción, vinculado a
instituciones financiadas por la CIA de EE.UU. y responsable de acciones
desestabilizadoras. López se exhibía como un aliado del ex presidente
colombiano Álvaro Uribe, un político ligado al paramilitarismo en su país, y el
mismo es autor intelectual de acciones violentas en Venezuela que han dejado
decenas de muertos.
El
periodista canadiense Jean-Guy Allard relata que, en la década de 1990, López
estudió en una institución estrechamente vinculada a la CIA, el Kennedy School
of Government de la Universidad de Harvard, “pues de allí reclutan a muchos de
sus agentes de inteligencia”. López habría conocido en aquellos años al general
David Petraeus, ex jefe de la CIA y hombre de confianza de Barack Obama en
materia de inteligencia, y a Paula Broadwell, especialista en contrainsurgencia
y análisis geopolítico de la inteligencia militar.
En
el 2002, López encabezó
la marcha de oposición al Palacio de Miraflores, en Caracas, que provocó la
muerte de decenas de personas, propició el golpe de Estado y el secuestro del
entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013). Años después, lideró acciones
desestabilizadoras en el país, llamadas “guarimbas”. La estrategia consistía en
atentar de manera violenta y sistemática contra la paz y tranquilidad pública y
provocar una actuación "represiva" de las fuerzas del Estado, para
incentivar una sublevación cívico-militar, deslegitimar al Gobierno y forzar
una intervención extranjera. En 2008, fue inhabilitado políticamente por la
Contraloría General, por un caso de conflictos de intereses de 1999, era asesor
de la estatal “Petróleos de Venezuela”, justo cuando su madre, Antonieta
Mendoza, era Directora de Asuntos Públicos de la empresa. En 2011, la
Contraloría lo inhabilitó nuevamente por tres años, hasta 2014, por el desvió
de recursos públicos cuando era alcalde Chacao (2000-2008). El famoso López es
primo de Thor Halvorssen, autoproclamado jefe de la Human Rights Foundation,
organización no gubernamental financiada por la CIA que orquestó el fracasado
golpe de Estado contra el presidente boliviano Evo Morales, en 2009.
Volviendo
a los preocupados demócratas chilenos, si hacemos memoria podremos recordar que
lobos con piel de oveja de Chile ya se habían afanado a fondo para intervenir
en los asuntos internos de Venezuela. Ocurrió en
aquel fallido golpe cívico-militar del 12 de abril de 2002. Tan sólo unas
horas después que Hugo Chávez fuera sacado violentamente del poder -el que
recuperó posteriormente con el pueblo movilizado en las calles-, el gobierno chileno
de Ricardo Lagos emitió un comunicado acusando de los hechos de violencia y
alteración de la institucionalidad a Chávez. El gobierno de Lagos fue uno de
los 3 de Latinoamérica (Chile, Colombia y El Salvador) que reconocieron al efímero
régimen de los golpistas. Por ello no nos sorprende que ayer se haya atrevido a
comparar a Nicolás Maduro con el dictador Pinochet. Parece que es buen negocio
atacar el proceso bolivariano que vive Venezuela.
Asimismo,
a
mediados de 2013, el opositor López (a la cabeza de Voluntad Popular) se reunió
con la entonces candidata a un 2° gobierno Michelle Bachelet durante un
foro de la Internacional Socialista -¿?-, que tuvo lugar en Santiago. Allí,
López le lloriqueó a la actual mandataria sobre la situación social y política
que atravesaba Venezuela, según su visión, luego de la “asunción ilegítima” de
Nicolás Maduro. Por cierto que ocultó que como la oposición derechista con
apoyo imperial no lograría ganar jamás por la vía electoral, le restaba sólo la
asonada golpista, en un símil con la estrategia impulsada por la derecha y la
CIA en Chile en contra del gobierno popular en 1973.
Y
la historia se sigue repitiendo. Hace
13 años, en los días del golpe contra Chávez y la revolución Bolivariana, la
Cancillería chilena expresaba su preocupación por el “clima de creciente
polarización“, y ponía en duda el carácter democrático del legítimo gobierno
venezolano, agregando su esperanza en que la administración Chávez “mantenga
los cauces institucionales vigentes con apego a la Constitución“. Nuestros
prohombres y promujeres insisten hoy día en su cinismo y su descaro; ¿por qué
no se fijan en la viga en el ojo propio y dejan de intervenir en los procesos internos
de otro país?
Equipo Internacional –CAD CHILE
Septiembre 14 de 2015
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