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jueves, 20 de agosto de 2015

EL “MILICOGATE” NOS OBLIGA A PONER FIN A LA LEY RESERVADA DEL COBRE Y A LA INSUBORDINACION MILITAR


Millones de dólares desaparecieron de los fondos reservados del cobre a través de cientos de operaciones fraudulentas que comenzaron en 2010, según prueban inéditas conversaciones grabadas en secreto por oficiales del Ejército, además de numerosos documentos en poder de la justicia militar a los que accedió y luego públicó[1] el medio The Clinic

El llamado “Milicogate” corresponde al desfalco realizado por miembros del ejército de fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyas primeras luces de alarma estallaron el 2 de abril de 2014. Entonces, fueron descubiertos los primeros indicios de la defraudación. Estas operaciones, que inicialmente involucraron $ 103 millones, ascenderían en la actualidad a ¡Miles de millones de pesos! y ahora se supone que la ¿justicia? militar le está siguiendo la sigue la pista.

La mayor dificultad hasta ahora es cerrar el cerco sobre todos los implicados en el caso, determinar las verdaderas cifras escamoteadas y asignar las responsabilidades y penas correspondientes, todo lo cual, lamentablemente, se encuentra bajo investigación de la abogada Paola Jofré de la VI fiscalía militar. Y decimos ‘lamentablemente’, por cuanto nada asegura que entre jefes y subordinados no vayan a existir nuevos pactos de silencio, ocultación de los peces gordos y patos de la boda que paguen por las culpas de los de ‘arriba’; todo ello muy típico en los anales de la tal “justicia” militar.

En la investigación reservada que llevaba la mentada fiscalía, y que estalló el pasado miércoles 12[2], un coronel a cargo de la Tesorería del Estado Mayor, Clovis Montero, principal imputado y detenido en el caso, se declaró principal responsable de la substracción de dineros públicos de dimensiones aún desconocidas. Junto con este oficial, también se encuentra detenido por los robos el cabo Juan Carlos Cruz.

Tras admitir sus faltas, Montero dijo que lamentaba la actitud de sus superiores, pues muchos se habían beneficiado con las platas que se desviaban ilegalmente. Por ejemplo, le pedían favores monetarios desde la Casa Militar “de Lo Curro, por seis o siete millones”

La primera versión de los ilícitos, recogida en abril de 2014 y admitida por los propios involucrados, apuntó a que existía una defraudación ocurrida solo entre enero y marzo de 2014. La irregularidad correspondía a compras falsas de repuestos para autos militares efectuadas a través de la empresa Frasim, representada por Francisco Javier Huincahue, un proveedor habitual de la institución en el rubro “material de guerra y repuestos”. 


Frasim, emitió diez facturas por repuestos de autos militares que jamás fueron entregados. Sólo por ésta operación, el cabo Cruz, quien solicitó al Tribunal Constitucional en febrero que se pronuncie sobre la legalidad de que la causa sea investigada simultáneamente en tribunales civiles y militares, admitió además haber recibido 15 millones de pesos en sobornos.

Descubiertos, Montero contactó urgente a Huincahue y le pidió que Frasim devolviera el último pago recibido, por $ 53 millones; es decir, una bicoca comparada con lo defraudado. El último accedió y le pasó a Montero un vale vista del BCI, el que éste, a su vez, entregó al tesorero del Ejército, su amigo el general Samuel Poblete, en el estacionamiento del Edificio Bicentenario. Así de caraduras son nuestros valientes soldados. Y es debido a esa desfachatez, algo estólida digámoslo, que nadie cree que sólo un cabo y un coronel pudieran cometer por sí solos esta defraudación fiscal de dimensiones monstruosas.

Demás está decir que se burlaron los controles y auditorías internas por el simple expediente de ordenar la dirección del Comando de Apoyo a la Fuerza que ellos no se realizaran, exigiéndose sólo la toma de razón. Ello debiera haber despertado las sospechas de alguna oficialidad algo más honesta, pero el sistema siguió la ruta orientada al delito. Da la casualidad que es aquel estado mayor el que revisa los saldos que quedan de los decretos supremos que autorizan los giros de los fondos reservados del cobre, y es con estos remanentes que se pagaban operaciones como las vinculadas a las defraudaciones conocidas ahora como “Milicogate”.

La Ley Reservada del Cobre o Ley N° 13.196, de 1958 

¿Y por qué no hicieron nada en su momento la Contraloría General de la República o el venal congreso? Por la sencilla razón de que esos dineros que se estaban robando se encuentran dentro de la bolsa de lo que se llama ‘fondos reservados’ y, ante ello, dichas instancias carecen de autoridad para fiscalizar las operaciones en que esos fondos se utilicen. Así de sencillo y así de irrespetuoso hacia la manida ‘soberanía popular’ por la que rasgan vestiduras los que defienden el actual sistema de dominación.

Si ustedes buscan ‘Ley Reservada del Cobre’ en internet, encontraran[3] lo siguiente: “LEY Nº 13196, DE 1958.  LA PRESENTE LEY TIENE EL CARÁCTER DE RESERVADA Y POR CONSIGUIENTE, SU TEXTO HA SIDO PUBLICADO EN UNA EDICIÓN RESTRINGIDA DEL DIARIO OFICIAL.”

De lo anterior, es fácil darse cuenta que tanto secretismo, con grandes sumas de verdes billetes en manos de inescrupulosos uniformados y civiles de los cuerpos armados, da para todo. Para la compra de armas modernas que nadie necesita o pidió, pero que hace más ricos a los fabricantes y traficantes de armas; para engrosar los sueldos y beneficios para la oficialidad de las diversas ramas de las FF.AA., y de paso para sus familias; para pagarle la defensa legal a tantos infelices que mataron, desaparecieron y torturaron a buenos chilenos; para la riqueza de Pinochet y su bastarda familia; para pagar favores a los civiles amigos de los milicos, y un largo etc.  

El problema de fondo no es solo la millonaria defraudación fiscal, probablemente la mayor en lo que va de esta falsa democracia, sino la absoluta falta de control de la sociedad civil y sus instancias sobre lo que hacen las FF.AA. con las entradas provenientes de la Ley Reservada del Cobre.

Esta norma, de hecho, establece que un 10% de las ventas de Codelco deben ir a la compra de armas, con un piso anual de US$ 150 millones. Los recursos deben ser gastados en partes iguales entre las tres ramas de la defensa, bajo estricta reserva.

Por ello, la mayoría de la población ignora que pese a gastar unos US$ 600 a 900 millones anuales en los últimos gobiernos, las FF.AA. poseen un excedente de unos US$ 4.500 millones sin gastar y que las autoridades no pueden destinar a proyectos sociales.

Hasta 2025, Chile destinará otros US$ 700 a 900 millones anuales a la compra de armas, unos 5.000 a 6.000 millones pesos al cambio actual. A ese monto hay que agregar otros US$ 500 millones para adquisición de municiones. Es decir, unos US$ 5.500 millones en cada período presidencial, en promedio.

Con esos fondos se podría financiar completamente la reforma educacional o construir 20 hospitales, totalmente equipados. También construir 300 mil viviendas de 1000 UF para familias de bajos recursos en dos gobiernos, acabando con los campamentos en el país.

Las nuevas adquisiciones, por cierto, se suman a los US$ 9.136 millones gastados ya entre 1990 y 2012, que permitieron adquirir cazabombarderos F-16, submarinos Scorpene y cientos de tanques Leopard, entre otros equipamientos de guerra. A futuro, los planes de compras de las innecesarias armas buscan mejorar la movilidad y la capacidad de fuego de las distintas ramas de la defensa, sobre todo tras las enormes fallas operativas de los ‘valientes soldados’ frente al terremoto del 27F de 2010.

Para finalizar y para que no digan que en esto sólo tocan el pito los de la derecha política y todos los mojados por el billete derivado de la famosa ley 13.196, digamos que hoy se supo[4] que en los gobiernos de Lagos, el 1° de Bachelet y el del Tatán Piraña se autorizaron inversiones secretas en armas por, al menos, US$ 1.458 millones, entre 2005 y 2014, a favor del ejército chileno con fondos de la Ley Reservada del Cobre. Se abre también todo un capítulo sobre las bárbaras cifras invertidas en armas y equipamiento militar que evidencian que, sin tener conflictos bélicos potenciales ad portas, Chile se ha embarcado en una carrera armamentista desenfrenada, restándose con ello aportes substanciales a lo que debiera haber sido una política de inversión en un desarrollo económico nacional orientado a resolver las necesidades de las grandes mayorías nacionales.

¡A LUCHAR POR NUESTROS DERECHOS Y NUESTRA DIGNIDAD!
¡SÓLO LA LUCHA Y LA UNIDAD NOS HARÁN LIBRES!

Equipo Sindical CAD –Chile
Agosto 20 de 2015

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