Corte
de Apelaciones de Santiago confirma penas para 33 esbirros de la Central Nacional
de Informaciones -CNI, quienes detuvieron y desaparecieron a cinco integrantes
del FPMR en 1987. Fueron, en rigor, los últimos detenidos desaparecidos de la dictadura
cívico-militar
Hoy, 11ª Sala del tribunal de alzada, en forma
unánime, mantuvo[1]
la sentencia que había dictado el ministro en visita Mario Carroza en contra de
33 ex agentes de la siniestra CNI como responsables de los secuestros
calificados de JULIÁN
PEÑA MALTÉS, ALEJANDRO
PINOCHET ARENAS, MANUEL
SEPÚLVEDA SÁNCHEZ, GONZALO FUENZALIDA
NAVARRETE y JULIO
MUÑOZ OTÁROLA, todos perpetrados en Santiago, entre el 7 y el 10 de septiembre
de 1987.
No
obstante, la instancia judicial modificó la carga de las penas aplicadas, así como
la participación de algunos de los sentenciados por los secuestros de los integrantes
del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), los últimos Detenidos-Desaparecidos
del período dictatorial, comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10
de marzo de 1990.
El
tribunal ratificó las condenas de 15 años de presidio para el ex director de la
CNI Hugo
Salas Wenzel y para Álvaro
Corbalán Castilla, asesinos que purgarán en calidad de autores de los
ilícitos. En la misma calidad, se confirmaron las penas de 10 años y un día de
presidio para Iván
Quiroz Ruiz y Gonzalo
Maass del Valle.
En
los casos de siguientes y por tener también la calidad de autores[2], se elevó
la pena de 5 a 10 años a: Raúl Durán Martínez, Luis Santibáñez Aguilera, Víctor
Ruiz Godoy, Juan Jorquera Abarzúa, Hernán Vásquez Villegas, Sergio Mateluna
Pino, José Fuentes Pastenes, Juan Carlos Orellana Morales, Roberto Rodríguez
Manquel, Alejandro Astudillo Adonis, José Salas Fuentes, Heraldo Velozo
Gallegos, Marco Antonio Pincheira Ubilla, Jorge Ahumada Molina, José Morales
Morales, Ema Ceballos Núñez, Patricio González Cortez, César Acuña Luengo y
René Valdovinos Morales.
En
tanto, al sicario Luis Sanhueza Ross, el tribunal le mantuvo la pena de 5 años
y un día de presidio por su responsabilidad como autor de los ilícitos. A Manuel
Morales Acevedo y Manuel Ramírez Montoya se les elevó la pena de 3 años y un día
a 5 años y un día, en calidad de autores de los ilícitos. Para los ex agentes
Aquiles Navarrete Izarnotegui, Fernando Rojas Tapia, Julio Cerda Carrasco,
Marco Antonio Bustos Carrasco y Hugo Prado Contreras, se dictó condena de 5
años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplices de los
ilícitos, modificando su participación inicial de encubridores y,
consecuencialmente, se les elevó la pena inicial de 3 años y un día de
presidio.
En
el caso de Rodrigo Pérez Martínez y Víctor Campos Valladares se dictó pena de 3
años y un día de presidio –con el beneficio de la libertad vigilada– por su
responsabilidad como cómplices, cambiándose la participación inicial de
encubridores y elevando la pena inicial de 541 días de presidio.
Finalmente,
se absolvió a Rodrigo Barría Roger, condenado inicialmente -como encubridor- a
541 días de presidio.
Además,
en el aspecto civil, la Corte confirmó las demandas de indemnización
presentadas en contra del Estado que ahora deberá pagar 380 millones de pesos,
a repartir entre 13 familiares de las víctimas
LOS
ZARPAZOS DE LA CNI
El
retirado general Hugo Salas Wenzel estuvo a cargo de la CNI entre octubre de
1986 y noviembre de 1988. Antes de los secuestros y desaparición de los cinco compañeros
frentistas mencionados, ya ese criminal uniformado había sido determinante en otra
acción genocida llamada Operación Albania (o Matanza de Corpus Cristi), llevada
a cabo por el organismo terrorista entre el 15-16 de junio de 1987. En esta
razzia doce personas, también pertenecientes al FPMR, fueron asesinadas a
sangre fría en distintos lugares de Santiago.
Según
las versiones oficiales de la dictadura militar, estas personas murieron en
"enfrentamientos con las fuerzas de seguridad", pero las autopsias demostraron
que los disparos fueron hechos cuando las víctimas se encontraban tendidas en
el piso.
Los
secuestros de Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio
Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas se dieron
conjuntamente con una serie de operativos tipo rastrillo llevados a cabo por la
CNI y fuerzas de seguridad que actuaron conjunta y coordinadamente con
efectivos policiales, a fin de dar con el paradero del Coronel de Ejército,
Carlos Carreño, ingeniero de la Fábrica de Armamentos y Maestranza del Ejército
(FAMAE), secuestrado con fecha 1° de septiembre de 1987 desde su domicilio en
la comuna de La Reina, en Santiago, por un grupo del Frente, quienes lo
liberaron posteriormente en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.
El
21 de septiembre de 2006[3], el
ministro en visita Haroldo Brito instaló por primera vez el delito de secuestro
calificado (conocido también como permanente) en el proceso que seguía contra
ex agentes de la CNI por la desaparición de estos cinco miembros del FPMR en
1987. Por este delito encausó a los ex agentes Víctor Ruiz Montoya, Luis Arturo
Sanhueza Ros y Luis Santibáñez Aguilera.
En
la resolución dictada por Brito se estipulaba que se podía acreditar que a raíz
del secuestro del comandante del Ejército, señor Carlos Carreño Barrera,
acaecido en esta ciudad (Santiago) el 1 de septiembre de 1987, funcionarios de
la CNI resolvieron secuestrar a Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida
Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas.
Por
los mismos hechos, el magistrado, quien asumió la investigación de su colega
Hugo Dolmestch -hoy supremo-, encausó en calidad de coautores del secuestro al
ex director de la CNI general (R) Hugo Salas Wenzel y sus dos colaboradores,
Álvaro Corvalán y Krantz Bauer. Les siguen por el mismo delito Manuel Morales,
César Acuña y René Valdovinos.
En
tanto, como encubridores de los ilícitos están los oficiales (R) del Ejército
Gonzalo Asenjo Zegers y Rodrigo Pérez.
La
elección de los frentistas se realizó entre los días 8 y 9 de septiembre con la
finalidad de cambiarlos por el comandante secuestrado, por lo que de forma
inmediata los detenidos fueron trasladados al Cuartel Borgoño del servicio de
inteligencia.
HELICÓPTERO
Según
constaba en la resolución, al concretarse la libertad del militar fueron
retirados por funcionarios de la CNI cinco cadáveres desde el recinto de
seguridad para ser lanzados al mar desde un helicóptero del Ejército.
De
las mismas probanzas también resulta acreditado que la participación del
helicóptero militar y de sus pilotos fue dispuesta por las personas que estaban
al mando de las operaciones de investigación del secuestro de Carlos Carreño,
señala la resolución.
Estas
conclusiones se debieron a que el 20 de julio de 2006 el ministro Dolmestch
recreara junto a efectivos del Ejército el lanzamiento de los frentistas en el
puerto de San Antonio. En la diligencia se llegó a la certeza de que los
cuerpos fueron lanzados en sacos con pedazo de rieles atados a sus pies, con la
finalidad de que éstos no salieran a flote.
En
julio de 2006[4]
se supo que el ex piloto de Augusto Pinochet, apodado “El Chino Campos”,
declaró a Dolmestch cómo en septiembre de 1987, su jefe, el coronel Mario
Navarrete, le ordenó usar uno de los helicópteros institucionales para viajar
hasta la zona de Peldehue a buscar unos paquetes, los cuales contenían los
cuerpos.
El
“Chino Campos” relató que para dicha operación viajó junto a su copiloto, un
oficial que pasó a retiro recientemente y que hasta hace pocos meses era el
jefe de una agregaduría militar en Europa. Incluso, el jefe de la Brigada de
Asuntos Especiales y Derechos Humanos, Rafael Castillo y su colega Mario
Zelada, recorrieron el viejo continente buscando a un testigo clave para este
proceso.
UN ATISBO
DE JUSTICIA
Mucho
tiempo y diversos jueces debieron pasar hasta que, el 13 de octubre de 2013[5], el juez
Mario Carroza dictara sentencia de primera instancia en la investigación por
los secuestros calificados de los cinco frentistas.
El
magistrado, entonces, sentenció a 34 ex agentes de la CNI por los secuestros.
Además, determinó las sanciones que se detallan en contra los integrantes por
su responsabilidad en 1 o los 5 delitos antes mencionados. Entre los ex agentes
del aparato represor se encuentran: Hugo Salas Wenzel con 15 años de presidio,
Álvaro Corbalán Castilla. 15 años de presidio, Iván Quiroz Ruiz. 10 años y un
día de presidio, Gonzalo Maass del Valle. 10 años y un día, Luis Sanhueza Ross.
5 años y un día más, otras 29 personas imputadas en estos casos.
¡NI OLVIDO NI PERDON: VERDAD, JUSTICIA Y
MEMORIA!
¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!
Colectivo Acción Directa - CHILE
Junio 12 de 2015
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