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martes, 21 de abril de 2015

LA CORRUPCION, MAS QUE CRISIS POLITICA, EVIDENCIA UNA CRISIS MORAL DE LA CLASE DOMINANTE


Y como su inmoralidad invalida el poder económico y político que detentan, los empresarios y el estrato político civil simplemente no pueden ni deben dirigir más los destinos de millones de chilenos, de aquellos que debemos lidiar diariamente con un montón de penurias, deudas, mal pagados trabajos, con una educación y una salud pauperizadas, con pésimos sistemas de transporte público, etc., etc. Por cierto que no pueden 


A raíz de todas las evidencias del último tiempo sobre la corrupción, tráfico de influencias, cohecho, sobornos, malversaciones, financiamiento ilegal de campañas políticas, exacciones, evasión tributaria, etc., existentes al interior del empresariado y del estrato político civil, delitos que se ven potenciados por el obsceno contubernio de ambas partes, diversos sectores e instancias de la sociedad civil han planteado su justo reclamo ante tanto descarado e intolerable abuso.

El jueves 16 recién pasado, cerca de 200 mil estudiantes y trabajadores se movilizaron por todo el país proclamando una clara consigna: “Ni corruptos ni empresarios, que Chile decida su educación[1]. Protestaban para demostrar su indignación con el actual escenario de crisis del sistema político chileno; exigiendo, además, que todas las reformas que pretende imponer sin más la Nueva Mayoría (NM) se construyan considerando a la sociedad en su conjunto, democráticamente, y que los cambios en la educación sean reales y no meros perfeccionamientos a un modelo de mercado claramente antipopular e insostenible.

Universitarios, secundarios, trabajadores, profesores, adultos mayores,  y distintas organizaciones sociales, del medioambiente, feminismo, sindicatos y colegios profesionales se manifestaron en contra de los enjuagues y los vínculos entre políticos y empresarios, cansados de la situación actual que vive el país. “Los actores sociales hemos dejado en claro que  no estamos para una política a la medida de los empresarios ni para acuerdos por arriba, lo que queremos es participación real de la sociedad”, manifestó la presidenta de la FECH, Valentina Saavedra[2].

En esa misma línea de pronunciamiento ante la clara descomposición del sistema de dominación, varias Agrupaciones de Derechos Humanos han manifestado[3] su repudio frente a los delincuenciales casos de cohecho-soborno. Han calificado como un acto inmoral el que dirigentes políticos y autoridades del gobierno solicitaran recursos a la empresa Soquimich, luego que el presidente de Enersis, Jorge Rosenblut[4], reconociera que había pedido dineros para la campaña presidencial de Michelle Bachelet, en 2013. Además, otro tanto hizo el también famoso Giorgio Martelli[5]. Lo que les faltó concluir a las organizaciones defensoras de los DDHH es que aquellas solicitudes de divisas no sólo presentan reparos legales, sino también morales. El pedirle plata a Ponce Lerou, el dueño de SQM, es de una bajeza monstruosa, toda vez que él fue yerno del chacal Pinochet; es decir, formó parte del entorno más íntimo de éste y se enriqueció gracias a esa relación. Pues bien, quien facilitó el enriquecimiento de Ponce Lerou, por transitividad aparece financiando la carrera presidencial de la hija del general de aviación por quien no tuvo ningún asco en ordenar que le torturasen hasta morir.  

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, señaló que los casos Penta, SQM y Caval son hechos condenables a juicio de la organización, por lo que remarcó que la justicia debe avanzar en las investigaciones y aplicar las sanciones correspondientes a los responsables. A juicio de la dirigenta, la ciudadanía valoraría que la actual administración “intentara hacer esfuerzos de verdad por transparentar y enmendar los errores cometidos”. En todo caso, Lira decolora un poco la situación, pues nos habla de “errores”, queriendo dar a entender que los culpables de tanto robo y abuso simplemente hicieron lo que hicieron por desconocimiento o quizá sin querer.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, va algo más allá y manifestó que el vínculo existente entre las grandes empresas y la política se logró gracias a la impunidad materializada en los últimos años. En ese sentido, sentenció que para poner fin a las irregularidades se debe terminar con la democracia tutelada y con los amarres heredados por la dictadura. Lamentablemente, Pizarro también guatea en su discurso, cuando acusa a la derecha de querer instalar un “desfile de declaraciones” para deslegitimar la ejecución de las reformas, cuando todos debiéramos saber que las propuestas de la NM, a la cual Pizarro apoya por ser militante PC, no son más que meros maquillajes a los engranajes del sistema heredado de la dictadura cívico-militar, por lo que no merecen ningún apoyo por parte de las mayorías nacionales.

El abogado de DDHH Héctor Salazar agregó, acertadamente, que la revelación de los casos Penta, SQM y Caval corroboran la “crisis moral”, los escollos y las dificultades que el país vivió en su transición a la democracia, lo que afectó  también el avance en temas de violaciones a los derechos fundamentales. Salazar concluye que las “platas que se descubrieron no fueron para defender la democracia como decía Rosenblut”, sino que para consolidar a “ciertos sectores políticos” dentro del aparato de poder. Y agreguemos que ello claramente se hizo con el fin de favorecer los intereses del gran empresariado. 

Como la mierda del oprobio salpica de lado a lado al estrato político civil, a peces gordos del capital financiero, a ministros, a congresales, a la ‘Gordi’ y su parentela; en fin, al conjunto de los de ‘arriba’, algunos comienzan a desesperarse ante el abismo que se les abre con el destape de la sucia olla.

El mismo incondicional acrítico de la Bachelet, ex diputado y presi del PS, Camilo Escalona[6], llegó a sugerir adelantar las parlamentarias para intentar salir al paso a las críticas y desvaloración de la política y del sistema político en curso. Claro que los que fueran socialistas y que hoy se autodenominan PS, rápidamente lo acusaron de ‘desleal’, olvidando que ser cortés no quita lo valiente. De otra parte, el ex de interior de la misma Bachelet, Edmundo Pérez Yoma, cree urgente que se cambie el gabinete[7].

No obstante, de ser realizados tales cambios en los marcos de la cuestionada legalidad actual, nada asegura que no se vuelvan a repetir hechos de corrupción. Y es que un sistema de dominación y explotación como el existente en Chile, excluyente y antidemocrático, está basado en el acuerdo de unos pocos para imponer su hegemonía sobre la amplia mayoría nacional. De tal forma, la patronal y el bloque político de Estado harán todo lo posible para mantenerlo tal cual, aunque ello les cueste infringir la misma legalidad que dicen adorar cual Baal reencarnado.   

Al pueblo y a los trabajadores nos debiera quedar más que claro que toda esa jauría de empresarios y politicastros no sólo son un montón de delincuentes, sino que ya no tienen ninguna moral, si es que la tuvieron alguna vez, para decidir nada en este país. El movimiento popular les debe pasar la cuenta para que respondan por sus actos, pero, estratégicamente, debe desde ya construir el poder alternativo que le permita disputar el poder de manos de sus enemigos de clase y pasar a la ofensiva.    


¡SÓLO LA LUCHA Y LA UNIDAD NOS HARÁN LIBRES!


Colectivo Acción Directa –Chile
Abril 21 de 2015

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