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jueves, 30 de octubre de 2014

EN CHILE, EL ESTADO, SUS INSTITUCIONES Y LOS SECTORES DOMINANTES, NO RESPETAN LOS DERECHOS HUMANOS

NO LO DECIMOS NOSOTROS. INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS, DE LA U. DIEGO PORTALES, NOS RECUERDA QUE AÚN FALTA MUCHO PARA ASEGURAR QUE EN CHILE SE RESPETAN TALES DERECHOS POR PARTE DEL ESTADO Y DEL BLOQUE EN EL PODER


Este martes 28 fue dado a conocer el INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2014,[1] elaborado por académicos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Es éste su duodécimo informe anual y en él se puede cotejar que los avances en materia de DDHH, a 41 años del golpe del “73 y a casi un cuarto de siglo de democracia de baja intensidad, aún distan de hacernos merecedores a una palma sobre la materia.

Por ejemplo, allí se describe como “bastante desolador” el panorama respecto de los derechos de los trabajadores, especialmente en lo que se refiere a la huelga como un derecho fundamental, hasta ahora “incumplido por el Estado de Chile”. El tema ocupa un capítulo completo del mismo y recomienda una reforma global a los Libros III y IV del Código del Trabajo (la CUT sólo ha centrado sus enanas expectativas en torno al Libro IV).[2] Además solicita  consagrar el derecho de huelga entre las garantías del artículo 19º de la Constitución Política, salvo en el caso de servicios esenciales, de acuerdo a estándares definidos por la OIT. Por otro lado acusa una deuda en materia legislativa y también en el ámbito institucional y comunicacional, “principalmente por la escasa y en algunos casos nula intervención del Estado para los efectos de dar una adecuada protección frente a los actos ejercidos por empleadores tendientes a mermar o anular el derecho de huelga, y por el tratamiento que recibe el ejercicio de este derecho por parte de los medios de comunicación social: resaltando situaciones puntuales de violencia e invisibilizando el conflicto laboral de fondo que está detrás”.


La publicación cuenta con 12 capítulos, en los cuales se revisa el estado de los DDHH en el país, de acuerdo a los estándares internacionales en la materia y a las obligaciones contraídas por Chile. En esta oportunidad, dos capítulos fueron dedicados al tema laboral –al de la huelga se suma una investigación inédita sobre las trabajadoras de casa particular-,  y otros dos a aspectos centrales de la política pública respecto de los pueblos indígenas, como son la entrega de tierras y la consulta previa. Sobre la primera se indica que “se trata de una política pública fuertemente expuesta a presiones políticas, poco transparente, que no permite un control sobre los recursos públicos invertidos ni sobre los procedimientos utilizados para la restitución de territorios reivindicados por los pueblos indígenas”.

En tanto, tres capítulos se abocan el estudio de la vulnerabilidad de la infancia y adolescencia en Chile, en los ámbitos del derecho  a  la salud mental;[3] a una educación inclusiva por parte de aquellos que sufren discapacidad, y a una institucionalidad pública que a juicio del Informe no garantiza la protección de los derechos fundamentales este sector de la población.

Otros capítulos reiteran líneas investigativas de años anteriores, como el de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura -el único presente desde la primera edición-  que examina los temas de verdad, justicia, memoria y reparación. En ésta arista, un ejemplo de desidia política (mejor decir intento de olvido, por parte de la ex Concertación) lo tenemos en que a pesar que su existencia y aplicación nos golpea la conciencia colectiva desde hace 36 años y de ser una normativa contraria a la legislación universal sobre derechos de las personas, recién en septiembre pasado, luego de 24 años de pseudo-democracia, la Nueva Mayoría accedió a presentar un proyecto para derogar la ley de (auto) amnistía impuesta en 1978 por la dictadura cívico-militar.[4]

El capítulo sobre las condiciones carcelarias, en tanto, aborda la situación de los derechos humanos en el sistema penitenciario de Chile durante  el último lustro, desde la perspectiva de las propias personas privadas de libertad, tanto en las cárceles públicas como concesionadas, mostrando que aún se está lejos de alcanzar condiciones satisfactorias desde el punto de vista de los derechos humanos.

Un estudio inédito lo constituye  el capítulo “Medio ambiente y derechos humanos: Organismos genéticamente modificados  (OGM, más conocidos como alimentos transgénicos) y derechos del obtentor vegetal”, que identifica y analiza los principales aspectos involucrados en torno a la utilización de estos en la agricultura y los riesgos socioeconómicos y ambientales que su empleo genera, así como las preocupaciones que surgen su consumo y las dificultades que plantea para la conservación del patrimonio genético nacional.

Tampoco están ausentes de este Informe los “Derechos de los migrantes y refugiados”, con un diagnóstico de la situación actual de las personas migrantes y solicitantes de refugio que residen en el país, y las vulneraciones a sus derechos humanos producto de una normativa legal desactualizada. “Chile necesita un cambio legislativo en la materia para responder al fenómeno migratorio actual”, es una de las principales conclusiones de este capítulo.

Por último, el capítulo “Homoparentalidad en Chile y derechos humanos”, aborda cómo el Estado asegura el igual ejercicio de la parentalidad y maternidad en Chile, tanto en filiación y adopción como en procesos de fertilización asistida, de hombres y mujeres gay, lesbianas y trans. Se concluye que “hoy la normativa chilena desconoce y niega ese derecho a esa parte de la población chilena, lo que constituye una infracción a los compromisos que Chile ha tomado con la comunidad internacional”.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile UDP no pretende realizar un examen de la totalidad de las obligaciones internacionales del Estado de Chile en la materia, sino “sobre aquellos aspectos de nuestra vida social que consideremos de particular gravedad por su carácter estructural o que no han sido destacados con anterioridad”. Además,  formula recomendaciones al Estado de Chile con miras a superar esa situación.


¡SÓLO LA LUCHA Y LA UNIDAD NOS HARÁN LIBRES!



COLECTIVO ACCIÓN DIRECTA - CHILE
Octubre 30 de 2014




[3] Tema muy relevante, si consideramos que Chile presenta la 2ª tasa de suicidio adolescente dentro de la OCDE, después de Corea del Sur (fuente: Teenage Suicide –OCDE 2012).

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